Preocupa a RECIAS salida de diputados que encabezaban proceso de nueva Ley de Transparencia
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) manifestó su preocupación por las solicitudes de licencia de la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, así como de los diputados Rodolfo Valenzuela y Kristian Alexis Espinoza García, integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, al considerar que su salida ocurre en un momento clave para la construcción de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Mediante un posicionamiento, la organización señaló que las licencias se presentan cuando las y los legisladores encabezaban un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, la academia y especialistas para elaborar una legislación que fortalezca el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas en Sinaloa.
RECIAS indicó que, más allá de las razones personales o políticas que motivaron las solicitudes de licencia, preocupa que quienes asumieron la responsabilidad de conducir este proceso se separen del cargo sin ofrecer certeza sobre la continuidad de los trabajos, los acuerdos alcanzados y el cumplimiento de los compromisos establecidos durante las mesas de diálogo.
La red ciudadana sostuvo que la construcción de una nueva Ley de Transparencia no debe quedar sujeta a coyunturas políticas o cambios de actores, por lo que consideró que el Congreso del Estado tiene la obligación de garantizar un proceso con apertura, certeza, participación efectiva y máxima publicidad, privilegiando el interés público.
En ese sentido, hizo un llamado al Poder Legislativo para informar de manera clara quiénes asumirán la conducción del proceso, cómo se dará continuidad a las mesas de trabajo y de qué forma serán incorporadas las propuestas presentadas por organizaciones civiles y especialistas.
RECIAS afirmó que Sinaloa requiere una legislación sólida, construida mediante un proceso abierto y transparente, y sostuvo que las instituciones deben demostrar que los cambios políticos no representan un obstáculo para cumplir con sus obligaciones constitucionales ni para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la información y la rendición de cuentas.
