Presenta Mario Zamora iniciativa para castigar a aviadores con cárcel e inhabilitación
El Diputado federal por el PRI, Mario Zamora Gastélum, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal con el objetivo de sancionar con cárcel e inhabilitación de hasta 20 años a quienes cobren un salario sin desempeñar funciones en el servicio público, así como a los funcionarios que autoricen, validen o mantengan ese tipo de pagos.
La propuesta busca combatir las llamadas plazas fantasma o “aviadores”, al establecer responsabilidades tanto para quienes reciben una remuneración sin trabajar como para los servidores públicos que, desde áreas administrativas o de Recursos Humanos, procesen, autoricen o encubran esos esquemas.
De aprobarse, la reforma equipararía estas conductas al desvío de recursos públicos y al delito de remuneración ilícita. Además, establece una sanción de inhabilitación obligatoria para ejercer cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales por un periodo mínimo de 10 años y hasta un máximo de 20 años, dependiendo del daño patrimonial ocasionado.
“En México también se roba cuando alguien cobra sin trabajar. Y también cuando un funcionario lo autoriza, lo encubre o decide hacerse de la vista gorda”, señaló Zamora Gastélum al presentar la iniciativa.
Sostuvo que el objetivo es romper la cadena de complicidades que permite el desvío de recursos públicos mediante el pago de nóminas irregulares.
“Cada peso que recibe un aviador es un peso que deja de llegar a hospitales, medicinas, escuelas, seguridad y servicios públicos. Ese dinero pertenece a los ciudadanos, no a quienes viven del presupuesto sin trabajar”, afirmó.
La iniciativa también responsabiliza a los superiores jerárquicos y a los servidores públicos de las áreas de Administración y Recursos Humanos que asignen, validen o mantengan activos esos pagos, al considerar que forman parte del mismo esquema de afectación al erario.
Zamora Gastélum señaló que la reforma pretende fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y garantizar que el ejercicio del gasto se apegue a los principios constitucionales de eficiencia y honradez.
“No importa la adscripción de la plaza. Si alguien cobra sin trabajar, está afectando el dinero de los mexicanos. Y quien lo autorice, lo encubra o lo mantenga en la nómina también responderá ante la ley. Se acabó la impunidad para los aviadores”, asentó.
