Publican decreto que elimina a la CEAIP en Sinaloa
Este viernes 6 de febrero de 2026 entró en vigor la reforma constitucional que extingue a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Con ello, Sinaloa deja de contar con un organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
El decreto fue aprobado por el Congreso del Estado el 18 de diciembre de 2025 y reforma los artículos 109 Bis B y 109 Bis D, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Con los cambios constitucionales, las atribuciones que ejercía la CEAIP pasan a los órganos internos de control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos.
Los artículos transitorios establecen un plazo de hasta 120 días para armonizar la legislación secundaria y concluir el proceso administrativo de extinción de la CEAIP.
También contemplan la transferencia de personal, recursos materiales, archivos y sistemas informáticos a dependencias del Ejecutivo estatal, así como el respeto a los derechos laborales del personal.
Con la entrada en vigor de la reforma, el modelo de garantía del derecho de acceso a la información en Sinaloa queda bajo la responsabilidad de instancias de control interno, lo que representa un cambio en el esquema institucional de transparencia en la entidad.
APROBACIÓN DE LA REFORMA
La iniciativa fue turnada al Poder Legislativo el 15 de diciembre de 2025, luego de que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó ante el Congreso del Estado un proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución local en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El planteamiento tuvo como objetivo armonizar el marco jurídico estatal con la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma fue aprobada el 18 de diciembre de 2025, durante la última sesión del periodo ordinario del año, la cual fue adelantada respecto al calendario legislativo habitual.
Durante la discusión en tribuna, diputadas y diputados del PRI y del PAN cuestionaron que el dictamen se sometiera a votación sin un análisis a fondo ni un proceso previo de consulta con especialistas, académicos u organizaciones de la sociedad civil.
En contraste, legisladores de Morena defendieron que el nuevo esquema permitirá optimizar recursos públicos y mantener congruencia con la Constitución federal.
El dictamen fue avalado con 30 votos a favor y nueve en contra, estos últimos emitidos por representantes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Partido Sinaloense. Una diputada de Morena no estuvo presente durante la sesión.
Mientras se llevaba a cabo la votación, organizaciones como Iniciativa Sinaloa y el Comité de Participación Ciudadana acudieron al Congreso con la intención de fijar postura.
No obstante, el cambio en la agenda legislativa impidió que sus posicionamientos fueran incorporados de manera formal al debate.
