Rebasada la justicia en Sinaloa por falta de infraestructura y personal: FAS
El sistema de justicia en Sinaloa atraviesa una crisis estructural que combina un déficit presupuestario, falta de personal y una infraestructura física insuficiente para atender la demanda ciudadana.
Julio Alfonso Castro López, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, señaló que tanto la Fiscalía General del Estado como el Supremo Tribunal de Justicia no cuentan con las herramientas necesarias para garantizar una justicia pronta y expedita.
“El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tanto como la Fiscalía del Estado no tienen la infraestructura y el personal suficiente para poder llevar a cabo con más prontitud los asuntos y terminarlos”, señaló Castro López.
De acuerdo con la FAS, la carga de trabajo en la Fiscalía Estatal se concentra actualmente en tres focos rojos: robo de vehículos, homicidio doloso y desaparición forzada de personas.
Estas unidades son las que mayor demanda de servicio presentan ante la actual situación de seguridad que vive la entidad.
Sin embargo, en el ámbito jurisdiccional, el panorama es aún más abrumador en materia civil, ya que se detalló que los asuntos familiares casi triplican a las demandas de tipo civil o mercantil.
Pese a ser un tema sensible para la sociedad, las instituciones carecen de presupuesto para contratar personal que cubra las vacantes dejadas por jubilaciones, lo que genera huecos operativos que nadie repone.
La crisis no sólo es institucional, sino que ha alcanzado el bolsillo de los profesionales del derecho y de los ciudadanos.
La ola de violencia que ha golpeado al estado ha derivado en una afectación económica que impide a muchas personas contratar servicios legales privados para su defensa jurídica.
“Si bien es cierto que la ciudadanía ha sido golpeada económicamente por la cuestión de la violencia, eso conlleva a que las personas pues no estén contratando abogados”, lamentó.
La mayor preocupación para los litigantes se proyecta hacia el año 2027, fecha en la que está programado el inicio de los juicios orales en materia familiar y civil en el Estado.
A pesar de la cercanía del plazo y de la relevancia del cambio hacia la oralidad, la FAS denunció que aún no existe claridad sobre la ubicación de los nuevos juzgados ni sobre cómo se financiará dicha transición.
A esto se suma el contexto de la reforma judicial, donde los jueces serán elegidos mediante voto popular, añadiendo una capa extra de incertidumbre al sistema.
“No sabemos dónde estarán esos juzgados... la infraestructura donde se van a llevar a cabo esos juicios orales, civiles y familiares, pues no lo sabemos todavía”, concluyó.
