Rechaza universitarios retención de salarios a quienes demanden por reingeniería financiera a la UAS
El Movimiento Democrático Universitario expresó su rechazo a la propuesta presentada ante el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el director de la Facultad de Derecho de Los Mochis, que plantea retener el salario a trabajadores y pensión a jubilados que interpongan demandas legales contra la institución por la aplicación de la reingeniería financiera.
De acuerdo con su pronunciamiento la iniciativa es “inconstitucional y violatoria de derechos humanos”, pues contraviene disposiciones de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y convenios internacionales ratificados por México.
Arturo Navárez Hernández, integrante del movimiento, recordó que el artículo 123 de la Carta Magna protege el derecho al salario como una prestación irrenunciable, mientras que el artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo establece que “el salario no está sujeto a embargo, compensación o descuento, salvo en los casos autorizados por la ley”.
Además, señaló que el artículo 14 constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de disposiciones legales en perjuicio de persona alguna.
“El uso del salario como instrumento de coerción política o disciplinaria es una práctica propia de regímenes autoritarios, no de instituciones públicas de educación superior”, señaló.
El pasado lunes 10 de octubre en sesión de Consejo Universitario Octavio Martínez Cázarez, director de la Facultad de Derecho de Los Mochis, durante la sesión del Consejo Universitario de la UAS, propuso suspender el salario o jubilación a trabajadores y jubilados que interpongan demandas contra la reingeniería financiera aprobada ese mismo día, hasta que exista una sentencia.
En contraparte, el Consejo Universitario aprobó que la iniciativa sea analizada por las comisiones de Estudios Jurídicos y de Honor y Justicia antes de su votación final.
El movimiento advirtió que la sola discusión de la propuesta abre la puerta a la institucionalización de la represión y profundiza la polarización dentro de la universidad.
El colectivo hizo un llamado al Consejo Universitario y a las autoridades de la UAS a abstenerse de avalar o normalizar medidas que contravengan el marco legal, y a garantizar que ningún trabajador activo o jubilado enfrente represalias por ejercer su derecho a la defensa jurídica.
Asimismo, exhortaron a establecer mecanismos de diálogo “auténtico” sobre los efectos de la llamada reingeniería institucional, recientemente aprobada por la universidad, “sin imposiciones ni simulaciones”.
El MDU también pidió al Congreso del Estado de Sinaloa fijar un posicionamiento público sobre el tema y dar seguimiento a las decisiones de la Rectoría y del Consejo Universitario que pudieran implicar violaciones a derechos laborales o constitucionales.
“La Universidad Autónoma de Sinaloa debe ser ejemplo de civilidad, respeto a la pluralidad y compromiso con la legalidad. Nunca debe utilizar su poder institucional para silenciar, castigar o excluir a quienes piensan diferente o defienden sus derechos”, asentaron.
