Registro Nacional contabiliza la mitad de personas desaparecidas que la Fiscalía de Sinaloa durante 2022 y 2023

Karla Quintana renunció el pasado agosto como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Un mes después de su renuncia, la Secretaría de Gobernación anunció un nuevo censo para “construir el nuevo padrón y replicar la estrategia de localización de personas desaparecidas implementado en la Ciudad de México”.

En Noviembre, durante un taller en El Colegio de México, Quintana explicó que el Gobierno federal busca reducir la cifra de personas desaparecidas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No localizadas y Localizadas (RNPDNO).

Al 30 de noviembre de 2023, en ese registro hay acumuladas 113 mil 122 personas a nivel nacional. Con más de 44 mil casos, el Gobierno de AMLO es ya el sexenio con el mayor número de personas desaparecidas en la historia reciente de México.

Pero el Presidente no acepta esa cifra: ““No se actualizó el censo, el registro y también hubo mala fe de nuestros adversarios que quisieron engañar diciendo de que habían más desaparecidos que nunca”, declaró el pasado 27 de noviembre.

El RNPDNO se alimenta tanto de datos de la Federación como de los estados y es la herramienta más aceptada hasta ahora para medir esta violencia que ya ha sido reconocida como una crisis humanitaria frente a la ONU.

Noroeste lleva muchos años cubriendo esta violencia en Sinaloa desde todas las fuentes posibles: autoridades, academia, sociedad civil, incluso victimarios pero, sobre todo, los colectivos de búsqueda integrados por las familias de las víctimas.

En Sinaloa, al igual que en el resto de México, quienes mayoritariamente buscan a las personas desaparecidas son sus madres, padres, cónyuges, hermanos.

En enero de 2022, como parte del Masterlab de Periodismo de Quinto Elemento, Noroeste publicó una investigación de tres partes que buscaba revelar si había una relación entre la reducción de homicidios experimentada en Sinaloa a partir de 2017 y el incremento en las denuncias de personas desaparecidas. Es decir, si había una sustitución de una violencia letal por otra más compleja de dilucidar.

Desde ese año, tanto los homicidios como las desapariciones comenzaron a reducirse en el estado. Sin embargo, Sinaloa sigue registrando más desapariciones que asesinatos y este 2023, las curvas de ambas violencias perdieron su tendencia descendente: los homicidios se estabilizaron en 1.5 diarios y las desapariciones muestran un ligero repunte con 2.14 diarias.

El hallazgo principal de dicha investigación no fue un pacto explícito entre criminales y Gobierno, sino un mal equilibrio donde desaparecer personas es más “conveniente” para todos –excepto para las víctimas–, que asesinar en la calle.

“Sin cuerpo no hay delito” es el nombre de esa investigación de José Abraham Sanz y procede de una frase de una de las líderes del colectivo Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz.

Para observar el fenómeno de manera más sistémica, Noroeste solicita cada mes a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) el detalle de denuncias por personas desaparecidas, privadas de la libertad y no localizadas.

Así ha venido construyendo una base de datos que sirve para contrastar el registro local con el RNPDNO de manera regular.

El análisis muestra que con 762 denuncias registradas de desaparición en 2022, el RNPDNO tiene un subregistro de 20 por ciento comparado con las cifras de la FGE, que registró 962 denuncias en ese mismo año; de enero a octubre de 2023, ese subregistro sube a 21 por ciento.

Según esos datos, en Sinaloa se presentaron 2.86 denuncias diarias por delitos relacionados con la desaparición de personas para el periodo mencionado del año en curso.

Pero el hallazgo más grave surge de revisar el estatus de cada denuncia respecto de si las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas vivas, localizadas sin vida o permanecieron como desaparecidas y no localizadas: durante 2022 en el RNPDNO se registraron 289 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que la Fiscalía estatal registró 615 casos, más del doble. Igual sucede para el periodo enero-octubre de 2023, en el cual la Fiscalía contabilizó 588 desaparecidos y no localizados contra 323 del Registro Nacional.

El subregistro es del 52 por ciento para 2022 y de 45 por ciento para lo que va de 2023. En total, de enero de 2022 a octubre de 2023, la Fiscalía de Sinaloa contabilizó el doble de personas desaparecidas y no localizadas que el Registro Nacional.

Además, durante 2022, según datos de la Fiscalía, el 67 por ciento de las personas que fueron reportadas como desaparecidas en Sinaloa, fueron halladas sin vida o no han sido localizadas; de enero a octubre de 2023 ese porcentaje ha subido hasta 74 por ciento; es decir, tres de cada cuatro personas que desaparecen en Sinaloa no aparecen o aparecen sin vida.

Tanto la Fiscalía como el RNPDNO coinciden en que de enero de 2022 a octubre de 2023 fueron localizadas sin vida 95 personas en el estado. Por otro lado, el Registro Nacional cuenta 194 personas más halladas con vida que las reportadas por la Fiscalía en el mismo periodo.

Las violencias tienen naturalezas complejas y presentan variaciones comparativas según los contextos en los que ocurren. Desde esa perspectiva hay que ver el caso de Sinaloa.

Pero en una coyuntura donde diversos expertos y activistas han señalado la intención del Gobierno federal por reducir la estadística de personas desaparecidas a nivel nacional y de cara al proceso electoral de 2024, Sinaloa puede ser útil para monitorear qué está pasando con los datos del Registro Nacional en cada estado del País.

Y, sobre todo, usarse como base para responder a una pregunta trascendental si lo que se busca es construir una paz duradera en México: ¿por qué no todos los casos de desaparición que se denuncian ante una Fiscalía estatal están siendo incluidos en la estadística nacional?