Reos asesinados en el Penal de Aguaruto, en Culiacán, evidencian fallas en la custodia del Estado: CEDH
La tragedia ocurrida el domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto evidenció fallas en la custodia del Estado, señaló la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, advirtió que estos hechos demuestran que la crisis en los penales sigue vigente, especialmente bajo la custodia del Estado.
“Creo que la jornada de ayer es muy lamentable, hablar de siete vidas que se pierden es un golpe no solamente a las familias, para la misma sociedad y más que mueran en una institución donde se supone que el custodio de ellos es el Estado”, señaló Loza Ochoa.
De acuerdo con datos de la institución, en lo que va de 2026 se han registrado 27 fallecimientos de internos en los centros penitenciarios de Sinaloa.
De este total, 14 han ocurrido en el penal de Culiacán, lo que arroja un promedio de casi tres muertes por mes en la zona centro durante los cinco meses transcurridos del año.
También se compartió que esta situación contrasta drásticamente con la calificación de pase que alcanzó el año pasado, tras años de reprobación.
“Incluso el año pasado me llamó la atención porque los penales en Sinaloa alcanzaron una calificación de pase, fue el 6.1 o 6.2. Me acuerdo que no pasaba el 5.6 y el año pasado alcanzó esa calificación”, compartió.
Tras los hechos, el organismo inició un expediente de queja y emitió medidas precautorias.
Personal de la visitaduría penitenciaria acudió al lugar para supervisar la identificación de los cuerpos, confirmando que hasta el momento se ha logrado comunicación con cinco de las siete familias afectadas.
El ambiente al interior del centro se reporta bajo “cierta tensión”, lo que obligó al personal de derechos humanos a extremar precauciones durante sus labores de campo.
La crisis no se limita a la violencia entre internos.
La CEDH ha documentado quejas persistentes sobre irregularidades administrativas y abusos de autoridad, ya que los familiares denuncian que se les retiene hasta un 16 por ciento de los alimentos o artículos que ingresan para el consumo personal de los internos.
De igual forma compartieron que existen denuncias de presuntos actos de tortura cometidos durante operativos de revisión por parte de autoridades que auxilian en el control del penal y el organismo señaló que, aunque se han turnado casos a la Fiscalía, las investigaciones no han avanzado, dejando un mal precedente.
Loza Ochoa calificó a las cárceles como un espejo de la violencia que se vive en el exterior y subrayó que el Penal de Aguaruto cuenta con una infraestructura obsoleta de entre 55 y 56 años de antigüedad, lo que hace imperativa la construcción de un nuevo recinto.
La propuesta del organismo no es solo de espacio, sino de fondo con un modelo de rehabilitación basado en el trabajo, con fábricas o talleres grandes que permitan a los internos sostener a sus familias y aportar al sistema penitenciario.
“Tenemos una situación difícil. Creo que merece hacer una nueva propuesta de cambio completo en los penales”, indicó.
