Reservan por cinco años observaciones sobre licencia de armas realizadas a policías municipales de Culiacán

CULIACÁN._ La Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años las observaciones detectadas en la revista de inspección de armas que realizó a la Policía Municipal de Culiacán en septiembre de 2024, durante el estallido de una crisis de violencia en Sinaloa.

Según la respuesta a una solicitud hecha por Noroeste vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la información fue reservada con el argumento de que su publicación podría poner en riesgo la integridad y la vida de los elementos policíacos por parte del crimen organizado.

“La información que obra en el citado expediente podría dar cuenta del lugar, tipo y cantidad de armas de fuego con las que cuenta la licencia colectiva de portación de armas de fuego expedida por la Secretaría, incrementando la posibilidad de que grupos de la delincuencia organizada pretendan obtenerla para llevar a cabo conductas ilícitas, como robos o sabotaje. Lo cual puede poner en riesgo las acciones de seguridad pública que se realicen en beneficio de la población civil, así como la vida y seguridad de los integrantes de la corporación policial”, señala el documento.

“Declara formalmente como información reservada las cantidades de armamento de licencias oficiales colectivas de portación de arma de fuego, así como las observaciones detectadas en de inspección amaneciendo como tal carácter por el término de cinco años a partir de la presente resolución, pudiendo ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su reserva o cuando haya transcurrido el periodo correspondiente”.

Inspección y desarme de policías en Culiacán

En medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, que estalló el 9 de septiembre de 2024, los policías municipales de Culiacán fueron desarmados el 26 de ese mismo mes por la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de una inspección extraordinaria a la Licencia Oficial Colectiva de portación de armas.

Aunque se trataba de un procedimiento que suele ser de rutina, esta vez se extendió de forma anormal y sin explicación pública. La revisión concluyó hasta el 28 de octubre, dejando a la corporación desarmada durante más de un mes, en plena crisis de seguridad.

En cambio, la seguridad de la capital de Sinaloa fue asumida por elementos de la Policía Estatal, Defensa y Guardia Nacional hasta la concluyera el proceso de revisión de las armas, según confirmó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil el 26 de septiembre.

“No [hay recorridos de policías municipales en las calles], [volverán a sus funciones] una vez que se concluya el proceso de revisión (...) [¿Cuándo volverán?] Hay que preguntárselo a Sedena”, respondió ese día.

A diferencia de Culiacán, en Navolato la revisión se realizó el 1 de octubre y los policías recuperaron sus armas ese mismo día.

Además del desarme, los elementos de Culiacán fueron enviados a la Ciudad de México para someterse a exámenes de control y confianza. Tras anunciarse esta medida, 99 policías renunciaron, según dio a conocer el Gobernador Rubén Rocha Moya el 18 de noviembre.

Desgaste en la Policía

Desde el 9 de septiembre pasado, al menos 84 agentes de la Policía Municipal de Culiacán han solicitado su retiro anticipado y otros 41 han tramitado su jubilación, de acuerdo con una revisión de las actas de Cabildo del Ayuntamiento.

En ese mismo periodo, comprendido hasta el 20 de marzo de 2025, la Fiscalía General del Estado ha registrado el asesinato de 22 policías en medio de la crisis de seguridad que afecta a la entidad.

El caso más mediático fue el de la agente Petra Emilia, quien junto a dos compañeros fue privada de la libertad en la sindicatura de Costa Rica el 28 de febrero, al acudir a un reporte. Sus cuerpos fueron localizados el 2 de marzo en la carretera La 12, en el entronque con la autopista Culiacán-Mazatlán.

El asesinato de Petra Emilia detonó una manifestación de sus compañeras en el patio del Ayuntamiento, donde exigieron justicia y mayor protección.

A raíz de estos hechos, el colectivo Guerreros Azules, que protege los derechos de policías activos y jubilados, solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictar medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, entre ellas, patrullajes acompañados entre unidades y el uso de armas de cargo hasta en sus días de descanso, medida que aún está bajo análisis.