Retención en pagos y discreción en nómina magisterial, acusan en el Congreso de Sinaloa

Los maestros de Sinaloa no han recibido el pago retroactivo de su incremento salarial y quienes ya lo tienen presentan retenciones en este pago, denunció la legisladora de Morena, Victoria Sánchez Peña, señalando que este es uno de los gremios más marginados y que de esta manera operan quienes manejan el recurso público, para desviar recursos a otros fines de intereses de grupos.

“El mencionado incremento se pagó tarde a los trabajadores de la educación, y en muchos casos con una excesiva retención por parte de la autoridad educativa estatal en Sinaloa, siendo en muchos casos superior al 100 por ciento del monto del incremento pagado, es decir, el cobro por concepto del impuesto sobre la renta del aumento recibido, supera a todas luces los montos que se debieron haber descontado a más de 15 mil docentes”, informó.

Este pago, explicó la diputada, es el resultado de la mesa de negociación entre la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde se otorgó un incremento salarial del 3.9 por ciento y un 1.8 por ciento a prestaciones diversas, con retroactividad al 1 de enero del presente año.

“Esta situación es solo un ejemplo pequeño de un uso discrecional de la nómina educativa en el Estado de Sinaloa, una de las tantas maneras de operar para obtener financiamiento ilegal por parte de quienes tienen en su control el ejercicio del presupuesto público en Sinaloa”, acusó.

Sánchez Peña aseguró que quienes tienen en sus manos el presupuesto público en materia de educación en Sinaloa hacen un manejo discrecional, sin el menor control y sin el más mínimo rubor, señalando que atropellan todos los preceptos en materia laboral y los contenidos en las condiciones generales de trabajo, a las que están sujetos tanto autoridades educativas como trabajadores de la educación de ambas secciones sindicales en Sinaloa, 27 y 53.

“Este nuevo atraco a los trabajadores de la educación, en este caso de la Sección 27, a través de su nómina de sueldos y salarios se suma al continuo, permanente y sistemático saqueo del 25 por ciento en promedio que sufren los trabajadores de la Sección 53, y se suman a la práctica común de violentar los plazos para pago de las incidencias y diversos conceptos establecidos por la ley vigente, que es de 45 días máximo, llegando a extremos de posponer un pago de un salario devengado hasta por más de dos años, y en muchos casos, no realizar el pago correspondiente”, agregó.

En el caso más reciente, detalló, se retuvieron de manera indebida cantidades que superan el 100 por ciento del sueldo como tributación del Impuesto Sobre la Renta; los trabajadores de la educación, enfatizó, en este momento se encuentran sorprendidos y agraviados porque la autoridad educativa en el estado nuevamente se ha ensañado con ellos.

Cancelado con estos hechos las posibilidades de que disfruten del incremento otorgado y autorizado el día 14 de mayo de este año y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio.

“Constituye una acción violatoria al Artículo 127 constitucional que señala como una prestación irrenunciable el sueldo y, por tanto, el concepto retroactivo que se deriva de él, convirtiendo a estos trabajadores de la educación en víctimas de una gestión irregular del Estado de Sinaloa”, denunció.

Las consecuencias de estas retenciones, dijo la legisladora, son diversas, convirtiendo en víctimas indirectas a sus familias y dependientes económicos, a quienes han privado del acceso a los montos equivalentes al incremento otorgado, provocando daño o menoscabo económico de manera directa, con afectaciones mentales y emocionales con efectos aún no dimensionados.

Con lo anterior expuesto, la morenista planteó dos puntos a tomar en cuenta por las autoridades estatales:

-Primero, que se resuelva esta gestión irregular del Estado de Sinaloa y resarza el daño causado a los trabajadores de la educación de manera inmediata y efectiva, restituyendo los recursos económicos que se les han privado de manera irregular y se haga esto a satisfacción de los trabajadores en cuestión; y

-Segundo, que se asegure, además, de tomar las medidas necesarias y suficientes para que este manejo discrecional de la nómina en Sinaloa se termine de manera inmediata y jamás se repita.

“La solución a esta problemática es urgente, pues en esta práctica corrupta se estima que se desvía el 30 por ciento de los recursos presupuestados para pago de nómina educativa y puede alcanzar la escandalosa cantidad de 10 mil millones de pesos anualmente”, refirió.

Personalmente, dijo, buscará a las autoridades competentes en el tema para conocer el caso de fondo y asegurar que los descuentos y pagos sean los correctos.