"Rinde CDDHES informe vía redes; recibe casi 300 casos, la mayoría del MP"

De forma virtual, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa rindió su informe anual de labores, número 12 en su historia, en el marco de la conmemoración del aniversario luctuoso de la Presidenta fundadora, Norma Corona Sapién.

La mañana de este jueves, Leonel Aguirre Maza, el presidente actual, dirigió un mensaje de poco más de 20 minutos, en el que transmitió la preocupación del organismo por la situación de pandemia por el Covid-19 que atraviesa Sinaloa y el mundo, además de ofrecer una numeralia del trabajo realizado en el último año.

Aguirre Meza destacó que la CDDHES recibió 296 casos, en los que destacan señalamientos de posibles violaciones a los derechos humanos de las agencias del Ministerio Público del fuero común.

De los 296 casos, el organismo ofreció 131 asesorías, 130 sí pudieron acreditar que hubo violación de derechos humanos.

Del total, 285 fueron de los casos concluidos y 11 se encuentran en proceso, y de ellas la Comisión determinó 15 medidas cautelares y cinco recomendaciones para las propias agencias del MP del fuero común, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Policía Estatal Preventiva, de la Dirección de Seguridad Pública de Navolato y del Hospital Civil de Culiacán.

Desde que inició la crisis por la llegada del virus Covid-19 a Sinaloa, el 28 de febrero pasado, la Comisión también recibió quejas de empresas privadas que han desatendido tomar medidas de seguridad sanitaria.

“Recibimos quejas de algunas empresas hortícolas que siguen trasladando de forma masiva a muchos de sus empleados, sin aplicar protocolos ni medidas de seguridad, lo que ha provocado el contagio de varios de sus empleados, sobre todo jornaleros”, dijo.

Otras situaciones que la CDDHES ha captado es que las empresas privadas, una vez que los empleados presentan síntomas, los patrones los obligan a tomar vacaciones.

“Los jefes superiores optan por darles sus días correspondientes al derecho de vacaciones, para que no puedan acudir al IMSS ni hacer valer su derecho de incapacidad y el cobro respectivo, lo que significa un abuso intolerable, porque todo eso pone a los empleados en un riesgo mayor”, agregó.