Sabuesos Guerreras tuvo que meter 72 amparos para obligar a la FGE a buscar a sus desaparecidos

Segunda de dos partes

Lo que viven las familias de José Isaías y David Antonio es una revictimización continua, que antes ya vivieron otras familias a las que les raptaron algún integrante: la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no busca, no levanta evidencia ni tiene tratos para víctimas.

Por eso es que su caso, cuyo calvario comenzó desde el 31 de marzo de 2025, está por cumplir ya un año y no hay ningún avance significativo que los lleve a dar con el paradero de ambos estudiantes de una escuela de aviación.

En el contexto de la crisis de personas desaparecidas en Sinaloa, el colectivo Sabuesos Guerreras, creado en 2017, ha experimentado con diferentes formas de obligar a las autoridades a que realicen su trabajo.

La estrategia más sólida parecía promover amparos, por lo que entre 2019 y 2020, las activistas llegaron a interponer 72.

“Nosotros tenemos 72 amparos aproximadamente, a lo mejor son más, a lo mejor son menos, pero fue una decisión que tomamos... si no mal recuerdo, en el 2019 o 2020”, recordó María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras.

“Creo que era una herramienta, pues bastante, bastante necesaria para nuestra lucha, ¿no? Más, sin embargo, algunos amparos lo sobreseyeron y así, ¿por qué?, simplemente nomás porque nunca nos llegaron los avisos, no teníamos tiempo de contestar y cuando íbamos a checar, pues ya los habían sobreseído”.

Cruz Bernal recordó que además del maltrato desde los órganos que deberían estar a favor de la ciudadanía, también se enfrentaron a amenazas sutiles para disuadirlas en continuar con sus recursos jurídicos.

“Las mismas compañeras, cuando iban a alguna comparecencia, que les hablaba el Ministerio Público federal, les decía que, pues tenía miedo, que pensaran lo que estaban haciendo, o sea, la amenaza sutil para las familias”, dijo.

“Creo que eso pues no se valía y las compañeras, pues muchas empezaron a tener miedo y a decir ‘no, pues ya no quiero ir porque, pues él me dice esto, me dice lo otro y a mí me da miedo’ y ‘me dice que si esto no procede o no se encuentra un culpable, la que acabará en la cárcel soy yo”.

La activista lamentó que ya entre 2019 y 2020 estaban recibiendo amenazas y hoy lo siguen viendo.

“Y hay algunos (amparos) que sí avanzaron, incluso los atrajo la federación, la FGR y pues ahora están en revisión con la FGR también. Todavía están en revisión”, explicó.

“Están porque los atrajo la misma federación, se canalizaron, pero te puedo contar que de 72 amparos, yo creo que han de ser unos cuatro amparos. Nada más, cuatro. Sí. Y los demás, pues algunos sobreseídos, otros, pues simplemente estamos esperando el trámite, ¿no?”.

Otra mala situación que les ocurrió es que la abogada que les estaba ayudando las abandonó y les “dejó tirado el trabajo”.

“Entonces nosotras precisamente por eso estamos estudiando, estamos adentrándonos en el tema, porque queremos sacar a flote eso y esos que sobreseyeron, pues volverlos a revivir, porque todavía se puede hacer algo por ellos, ¿no?”, informó.

“Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer”.

Señaló que al momento hay tres activistas de Sabuesos que ya se graduaron como abogadas y otras dos que ya están por finalizar sus estudios, algo que les ayudará con sus planes para el futuro, la asesoría para el resto de las familias y para ver qué otra cosa pueden hacer, además de las búsquedas, en medio de esta crisis que cada vez que pasan los días, sólo se ha agravado.

Los buscan, pero sólo en ‘el papel’

En cada amparo, la respuesta de la Fiscalía General del Estado ha sido la misma: que ellos siempre han buscado.

“El expediente está grandísimo, pero de pura papel basura, porque ellos van a buscar con puros oficios en todas las dependencias de Gobierno”, señaló.

“Entonces, pues sí, y esa es su búsqueda, pero en el campo ellos no los buscan”.

Cruz explicó que hay oficios de respuesta de dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa en la que señalan que la persona que buscan no se encuentra en sus unidades.

“Incluso, si tú vas 10 años después de que desapareció tu familia, lo van a ir a buscar a las barandillas, lo van a ir a buscar al Seguro, o sea, algo ilógico, ¿no? Pero es así cómo trabaja la Fiscalía”, lamentó.

Ni huellas, ni evidencia, ni investigación

Las familias de José Isaías y David Antonio recordaron con amargura que a ambos los raptaron afuera de la escuela de aviación a la que asistían.

El automóvil en que viajaban quedó afuera, abierto y mal estacionado, con algunos objetos personales y de valor todavía dentro.

Tuvieron que pasar días para que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa lo asegurara y recogiera del lugar. Recordaron con amargura cómo la esperanza de que hallaran huellas dactilares, para dar con los responsables, se fueron con el viento y el tiempo.

“Sí, es un tema que también nosotros tratábamos antes que no sabíamos”, recordó María Isabel. “Es lamentable que cuando tú vas y denuncias, en el momento que desapareció tu familiar, las personas agarraron, dejaron huellas, dejaron pues algo que pudiera dar con ellos, y pues no, tristemente la Fiscalía no hace ese tipo de trabajos en el momento”.

“Sabemos que están rebasados, pero deberían de estar preparados para eso, ¿no?, tienen recursos para otras cosas, pero no para eso”.

Crece el fenómeno de desapariciones, crece la inseguridad, pero no crece la Fiscalía

La activista señaló que en el tiempo que lleva de lucha, desde el 2010, ha visto cómo crece el fenómeno de las desapariciones y la crisis de inseguridad, pero no crece la Fiscalía General del Estado, ni de fuerza policial, ni de presupuesto asignado para este tema.

“No, para atacar la desaparición, o sea no, no he visto que haya aumentado, que te dijera, ‘pues sí, hay muchos más elementos, hay muchos más ministerios públicos’, que yo puedo ir a hacer, a ver, revisar mi expediente cuando yo quiera y me van a atender, no, no lo hay”, dijo.

“O sea, ni un crecimiento real ni un crecimiento que saque a las víctimas de las dudas que puedan tener”.

Lo peor, insistió Cruz, es que el trato de los funcionarios ha ido en decadencia.

“Aparte que llegas y te encuentras con caras agrias, con el rechazo de los mismos ministerios públicos y la molestia, porque están ocupados y tú llegas a importunarlos. Entonces, creo que eso es algo que nunca ha cambiado”.

¿Y aparte no los buscan?
No, ¿qué los van a buscar? Ellos, para ellos buscar es, pues eso, nada. Que las familias hagan su trabajo.

Entonces, agregó, como no pueden salir a las búsquedas, porque la situación no se los permite, le quieren “entrar” jurídicamente.

“Tampoco somos heroínas, no queremos exponernos”, señaló.

Desde que la disputa entre las facciones comenzó, Sinaloa registra 3 mil 488 denuncias por personas privadas de la libertad, de las cuales más del 70 por ciento permanecen como desaparecidas, de acuerdo con una base de datos construida por Noroeste con las fichas de búsqueda oficiales.

Revisión de casos y análisis de contexto

Para que la crisis de las desapariciones en la Fiscalía pueda avanzar para mejorar, Sabuesos Guerreras tiene un plan.

“Nosotros, lo que estamos haciendo ahorita, es las revisiones de casos que se dan cada mes, cada tres meses, cada año”, explicó.

El plan tiene qué ver con la capacitación en la que ya han avanzado, con sus carreras como abogadas y su interés por el derecho.

“Sí, sí, porque creo que de eso se trata, ¿no?, se trata de avanzar y de ayudar a las familias, sobre todo las de larga data. Cuanto más pasa el tiempo, más se va perdiendo todo. Evidencia, se pierde todo, pues”, lamentó.

Otro punto importante que hay que urgir tanto a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Búsqueda es la creación del Departamento de Análisis de Contexto en Investigación.

“Porque sin eso no podemos avanzar”, recalcó.

“Entonces habría que hacerlo. ¿Y cómo la vamos a hacer? No sé, vamos a presionar, vamos a ver qué hacemos”.

Según María Isabel, uno de los grandes problemas es que la Fiscalía trata todos los casos como iguales, y eso es un error desde el principio.

“Es que desafortunadamente, cuando tienes un familiar desaparecido tienes que pelear con una Fiscalía, con una Comisión de Búsqueda, con el Servicio Médico Forense, con la Comisión de Víctimas que tampoco te quiere dar el apoyo necesario, que es la seguridad que tú peleas, entonces son muchos temas, imagínate nada más”, agregó.

Otros pasos que hay que dar, según su opinión, es impulsar reformas a la Ley General de Víctimas, a la Ley de Desapariciones, para que se homologuen con la búsqueda y la investigación.

“Entonces, también eso es lo complejo del asunto y a veces que las familias en realidad no te dan, pues, la versión real. ¿Y qué queda? Pues investigar. Entonces, ahora vamos a tratar de precisamente eso”.

Lee aquí la primera parte: