Se determinan 10 iniciativas para la reforma de la Ley Orgánica de la UAdeO

La Comisión Permanente de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado de Sinaloa determinó 10 iniciativas de proyectos de para la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente, esto porque cumplen con los requisitos establecidos para continuar su proceso legislativo.

Los que participaron en las determinaciones de las iniciativas fueron las diputadas Felicita Pompa Robles, Cinthia Valenzuela Langarica, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Giovanna Morachis Paperini, presidenta, Vocal en función de Secretaria y Vocales, respectivamente.

La primera iniciativa que propusieron los ciudadanos Francisco Félix Félix y Karlo Vladimir Pérez Hernández, fue que la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Occidente tenga como atribución el nombrar a los directores de las Unidades Regionales y de Investigación.

Así también, que el Consejo Universitario está integrado por un representante de personal académico y otro de los alumnos de cada departamento académico de las unidades regionales, que el Rector posea reconocidos méritos académicos y una sólida trayectoria en el ámbito de la universidad; además de pertenecer a la comunidad universitaria por un periodo no menor a 10 años.

En la segunda iniciativa se propone armonizar la Ley Orgánica de la UAdeO con la Ley General de Educación, con el objetivo de proponer nuevos requisitos para ser miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad y sus atribuciones.

De la misma manera, que el Consejo Universitario sea la autoridad máxima de la Universidad y a la vez cambie las atribuciones del mismo, así como los requisitos para ser titular de Rectoría, facultades y obligaciones.

Para la tercera iniciativa se propuso reformar la Ley Orgánica de la universidad, para definir la autonomía y comunidad universitaria, comisión de consultas, paridad de género y universitaria, e incorporar su principio en la conformación del Consejo Universitario y sus órganos.

En la cuarta iniciativa se prevé reformas a la Ley Orgánica, como democratizar los órganos colegiados de Gobierno, establecer los principios de paridad de género y equidad, transparencia y rendición de cuentas universitarias; así como la eliminación de la Junta de Gobierno por inequitativa en la toma de decisiones supremas de la Institución.

También se propone incorporar el principio de no reelección del Rector, directores de unidades regionales y extensiones, y jefaturas de departamentos académicos.

Se propuso para la quinta iniciativa, actualizar y armonizar la Ley Orgánica con temas prioritarios, como la democratización de universidades autónomas, transversalidad de la perspectiva de género, la equidad de género, la transparencia y la rendición de cuentas.

La sexta iniciativa se propone para Ley Orgánica adiciones a la estructura de gobierno, incorporando como parte de los órganos de gobierno y personales de la Universidad a las figuras de Secretaría General y Contrataría Social Universitaria.

Para la séptima, establecer la paridad universitaria y de género, la elección del rector y directores de unidades académicas mediante el voto directo.

La iniciativa octava tiene por objeto fortalecer sus organismos colegiados personales de gobierno y dirección, por lo cual se reforma la integración del Consejo Universitario y sus atribuciones, así como los requisitos para ser titular de Rectoría, entre otras.

Así como integrar en la Ley, un capítulo denominado “De la Revocación de Mandato”, que a partir de la pérdida de confianza, determinará con la participación solicitada de la comunidad universitaria, el desempeño del titular de Rectoría, así como los de las Direcciones de las Unidades Regionales.

En la novena la intención es democratizar la elección de la Rectoría, evitando la imposición y procurando la libre elección de su máxima autoridad. Esto para garantizar la participación de todos los actores y evitar los cacicazgos e intereses creados al interior.

Por último, la décima iniciativa es adoptar medidas para que la universidad goce de plenitud democrática. Que sus organismos colegiados personales de gobierno y de dirección contengan los contrapesos suficientes, esto para evitar el nacimiento y fortalecimiento de grupos oligárquicos que la controlen y la conviertan en patrimonio de un grupo de personas para su propio beneficio.