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Aniversario

Señalan en panel desconfianza en mecanismos de protección a periodistas

En el panel ‘Desafíos de los Mecanismos de Protección: América Latina, México y Sinaloa’, organizaciones internacionales expusieron las condiciones en las que operan dichas instituciones, en las que hay falta de confianza por parte de los agremiados

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos desconfían en los mecanismos creados para su protección, informó Balbina Flores Martínez, directora de la organización Reporteros Sin Fronteras.

En el panel “Desafíos de los Mecanismos de Protección: América Latina, México y Sinaloa” realizado por el sexto aniversario luctuoso del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, Flores Martínez detalló que encontraron desconfianza en los mecanismos de protección provocada por falta de transparencia en el ejercicio de los recursos económicos.

“Pero también la falta de sensibilidad de estos programas hacia los beneficiarios, o sea, defensores y periodistas, la falta de métodos de acercamiento, de tratamiento, de abordaje para las medidas de protección, de análisis de riesgo”, detalló la activista.

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Los mecanismos de protección no han sido creados por los gobiernos de manera gratuita, dijo Flores Martínez, sino en contextos de violencia contra periodistas en América Latina; el primero creado fue el de Colombia y el de México se asemeja al de ese País; siguieron países como Honduras y Brasil.

Comentó que en los últimos 10 años la libertad de prensa se ha ido deteriorando en América Latina, la impunidad aporta a ello, las políticas más agresivas contra la prensa, y discursos de estigmatización por parte de los gobiernos; así como las investigaciones que han realizados periodistas para exhibir casos de corrupción.

Resaltó que 2022 fue en México el año más violento para la prensa con el mayor número de asesinatos de reporteros en los últimos años.

Otros factores que han detectado que impactan de manera negativa al periodismo es la situación laboral también vulnera la condición con la que se ejerce el periodismo, ya que se están deteriorando, así como la limitada y restringida participación de la sociedad civil lo cual debilita los mecanismos de protección.

Señaló Flores Martínez que alrededor del 60 por ciento de las agresiones que sufre la prensa provienen de los funcionarios; y advirtió que en 10 años, nueve periodistas fueron asesinados en México aun estando bajo medidas del mecanismo de protección.

Tobyanne Ledesma Rivera, directora del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México compartió la experiencia institucional del organismo que fue creado tras el asesinado de un periodista.

Detalló que para la operación del mecanismo tienen coordinación institucional ofertando no solo atención legal, sino que también atienden crisis psicológicas y del sueño a periodistas y defensores de derechos humanos que han sido agredidos; esto lo hacen apoyado en instituciones ya creadas y que operan en Ciudad de México.

Jhenny Bernal Arellano, directora del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa, informó que la organización tiene convenios de colaboración con Iniciativa Sinaloa y Observatorio Ciudadano de Mazatlán para la capacitación de reporteros.

Detalló que desde agosto del 2022 que inició operaciones, el instituto ha otorgado 41 medidas cautelares a periodistas y defensores de derechos humanos; además otorgaron capacitación a más de 900 personas.

“Las medidas de protección que se han emitido han sido tanto de urgencia de protección como medidas ordinarias de protección, medidas de prevención y medidas de atención”, detalló Bernal Arellano.

“No solamente la protección judicial que ha sido muy común en este instituto, sino también otro tipo de medidas que han venido a disminuir el riesgo o atenuar el daño que se le ha generado a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Señaló que buscarán acercamiento con autoridades municipales, porque han detectado que muchas de las agresiones vienen de funcionarios de ese orden de Gobierno, además de convertir el mapa de incidencias a mapa de riesgo de la entidad.

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