Sinaloa enfrenta 2025 con la tasa más alta de feminicidios del País; alertan creciente de violencia familiar
La colectiva feminista No se Metan con Nuestras Hijas presentó un balance del panorama de violencia contra mujeres y niñas en Sinaloa durante 2025, en el contexto del mes de acciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El documento señala que la entidad atraviesa una crisis sostenida: los feminicidios, las desapariciones y la violencia sexual persisten pese a los programas de sensibilización y actividades institucionales, y acusan que no sustituyen la obligación de diseñar política pública transversal con presupuesto suficiente.
“Que el ejecutivo y la Secretaría de las Mujeres declaren que continuarán desarrollando actividades de sensibilización, capacitación, atención y acompañamiento integral como parte de esta jornada internacional y trabajo constante de la SEMujeres como un logro o un síntoma de buena voluntad nos muestra contundentemente la omisión del ejecutivo estatal para diseñar la política pública transversal e interseccional con presupuesto adecuado para prevenir, atender, sancionar y erradicar TODAS las violencias contra las mujeres y niñas sinaloenses”, señalan en el desplegado.
Uno de los ejes del pronunciamiento es la situación del feminicidio. Con corte a octubre de 2025, la Fiscalía estatal registra 39 víctimas, mientras que el Secretariado Ejecutivo coloca a Culiacán como el municipio más letal para las mujeres en el País.
Según el análisis de la colectiva existe una falta de rigor en la acreditación de las muertes violentas y obliga a recordar el cumplimiento de la sentencia Mariana Lima, que establece investigar toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género desde el inicio.
El pronunciamiento también destaca que la violencia familiar continúa siendo un foco rojo.
En 2024 se abrieron más de 7 mil carpetas por este delito, lo que representa, en promedio, una denuncia cada hora.
La colectiva advierte que estas agresiones familiares funcionan como alertas tempranas que no han sido atendidas con medidas de protección oportunas, y que su persistencia contribuye a que los riesgos escalen a feminicidios.
“En este contexto, cuando Sinaloa atraviesa una crisis por la pugna entre las facciones de grupos del crimen organizado, resulta irónico que se construya gran obra pública bajo la premisa de mejorar la vida de las sinaloenses. Mientras que las instituciones están rebasadas y no se observa intención de fortalecer o destinar presupuesto para que haya prevención atención y erradicación de las violencias machistas. Es por ello que, desde acá nosotras, las mujeres nos preguntamos: ¿Cuál es el bien público supremo si no es la vida misma? ¿Qué hay de mayor beneficio que garantizar todos los derechos humanos y la paz para los niños, niñas, adolescentes y mujeres sinaloenses?”, exponen.
La violencia sexual aparece como otro componente crítico. Durante 2025, se reportaron 89 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, además de más de mil nacimientos en madres menores de 18 años, la mayoría con participación de adultos.
Asimismo, se registraron cientos de carpetas por violación y abuso sexual en las que la mayoría de las víctimas son niñas de entre 10 y 14 años.
La colectiva subraya que gran parte de estas agresiones ocurre dentro del hogar, lo que refuerza la urgencia de intervenciones estatales más efectivas.
A esta situación se suma la falta de judicialización en delitos como acoso sexual y violencia digital, pese a estar tipificados en la legislación estatal.
Según el pronunciamiento, este vacío refleja una brecha entre la normativa y la actuación institucional.
Entre sus exigencias, la colectiva pide al Poder Ejecutivo acciones integrales para prevenir y erradicar la violencia, así como respeto al derecho a la protesta y a la manifestación. Al Legislativo le solicita garantizar presupuesto suficiente y llamar a cuentas a responsables de seguridad y políticas de género.
Al Poder Judicial le pide eliminar prácticas dilatorias y aplicar estrictamente el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
También dirige peticiones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Fiscalía y al IMSS-Bienestar para garantizar investigaciones oportunas, restitución de derechos y servicios de salud reproductiva accesibles.
El documento concluye señalando que detrás de las estadísticas hay vidas vulneradas y que la protección de niñas, adolescentes y mujeres debe asumirse como prioridad pública, no como tarea secundaria frente a otras agendas gubernamentales.
