Sinaloa enfrenta crisis de violencia, desapariciones y cierre de comercios: especialista
CULIACÁN._ Sinaloa atraviesa una crisis marcada por una cifra negra en desapariciones, el colapso de la economía local y una estrategia gubernamental que, tras 18 meses de violencia, superan bajas de guerra afectando la economía local.
Durante el Conversatorio Ciudadano, el especialista en seguridad pública, Abel Jacobo Miller, destacó que, si bien las cifras oficiales hablan de 3 mil personas desaparecidas desde septiembre de 2024 a la fecha, los colectivos de búsqueda estiman que el número real es casi el triple, alcanzando las 9 mil personas.
Esta disparidad subraya una realidad en la que miles de personas en Sinaloa no son solo estadísticas, sino miembros de familias fracturadas.
“Nosotros en 18 meses llevamos 2 mil 885 homicidios y se supone que no somos un país en guerra”, dijo Jacobo Miller.
El especialista compartió que entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, se han registrado 2 mil 885 homicidios en Sinaloa y para poner esto en perspectiva, el ponente comparó esta cifra con la guerra de Estados Unidos en Afganistán, donde en 21 años fallecieron 2 mil 459 soldados estadounidenses, cifra que Sinaloa superó apenas 18 meses de conflicto interno.
El impacto patrimonial está afectado con el robo de vehículos, ya que se contabilizan 10 mil 031 unidades robadas con un promedio de 18.5 autos robados a diario.
Jacobo Miller compartió además que hay más de 400 incidentes en tráileres, negocios y viviendas, y el cierre de 2 mil 697 comercios y tres mineras ha provocado la pérdida de 36 mil empleos, contando empleos formales e informales, dejando a miles de familias sin sustento.
El especialista denunció la falta de un mando único y de coordinación efectiva, señalando que la Marina, el Ejército y la Policía Estatal operan sin una inteligencia previa común; además, se cuestionó la falta de operativos permanentes en zonas críticas, limitándose a recorridos de patrullaje que no logran el control territorial necesario.
Jacobo Miller destacó que los alcaldes y el Gobernador han delegado la responsabilidad totalmente a la Federación, permitiendo una militarización de la policía local que no ha resuelto el problema de fondo.
“Es increíble cómo presidentes municipales y gobernadores se han echado la cola al hombro y han dicho que la Federación se encarga”, afirmó.
A esto se suma la precariedad laboral de los agentes, con sueldos de apenas 18 mil pesos, insuficientes para enfrentar los riesgos de la delincuencia organizada.
El experto también señaló que el Estado, lejos de apoyar a las víctimas, las castiga, ya que las personas que logran recuperar sus vehículos robados deben enfrentar pagos de hasta 30 mil pesos en corralones para liberar unidades muchas veces desmanteladas.
Ante una impunidad que oscila entre el 94 y 97 por ciento de los delitos, el mensaje final fue un llamado a la acción civil.
Tras 18 meses de inseguridad se planteó que la pregunta ya no es qué debe hacer el gobierno, sino qué hará la ciudadanía para no soportar otros 18 meses de violencia sistemática.
El especialista exigió recuperar el territorio, golpear las finanzas del crimen y hablar con la verdad, aspectos que el gobierno no ha cumplido ni en un 50 por ciento hasta el momento.
