Sinaloa Incluyente respalda a Emma Zermeño y advierte riesgos para la libertad de expresión
Integrantes de la organización Sinaloa Incluyente AC manifestaron su respaldo a la funcionaria estatal y especialista en derechos humanos Emma Zermeño, quien enfrenta un proceso legal derivado de una denuncia por presunta violencia política en razón de género, y expresaron preocupación por los posibles efectos que este caso podría tener sobre la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
A través de un posicionamiento público, la asociación señaló que recientemente se dio a conocer una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que favorece a la denunciante y que, a su juicio, forma parte de un proceso que aún genera inquietudes sobre los criterios jurídicos aplicados y su impacto en la deliberación pública.
La denunciante en cuestión es la diputada local con licencia Almendra Negrete.
La organización advirtió que uno de los puntos que más preocupa es que conversaciones privadas sostenidas en espacios de comunicación personal puedan utilizarse como base para imponer sanciones con repercusiones en la vida pública de una persona. A su consideración, el uso de mensajes privados en este tipo de procesos abre un debate sobre los límites entre la protección frente a la violencia política y el respeto a la privacidad de las comunicaciones.
En el documento, las y los integrantes de Sinaloa Incluyente señalaron que durante más de cinco años han enfrentado bloqueos, presiones y amenazas relacionadas con su labor de defensa de derechos humanos, inclusión y dignidad de las poblaciones LGBTIQANB+. Asimismo, denunciaron que distintos proyectos y actividades impulsados por la organización han sido objeto de intentos de obstaculización ante autoridades públicas.
También recordaron que en años anteriores la ciudad llegó a realizar dos ediciones distintas del Pride, situación que, según señalaron, surgió a partir de disputas por la organización de este evento de visibilidad y lucha por los derechos de la diversidad sexual.
Pese a este contexto, afirmaron que continuarán con su trabajo de defensa de los derechos humanos y con su participación en la vida pública. “Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un papel fundamental en cualquier democracia: vigilar, fiscalizar y señalar cuando quienes ejercen responsabilidades públicas se apartan de su mandato”, señalaron.
El posicionamiento fue firmado por activistas como Carlos Hernández Maldonado, Jesús Antonio Ramírez, María Evangelina Torres Beltrán, Dania Morales, Eira Kuroda, Merlin Salcedo Morales, Manuel Iribe, Carlos Cruz, Rodrigo Almada y Tiago Ventura.
