Sinaloa vive una emergencia en seguridad, economía y bienestar que no coincide con informes oficiales, exponen en Informe Ciudadano

Sinaloa vive una emergencia de seguridad, economía y bienestar que no coincide con informes emitidos por el Gobierno del Estado, se expuso en el “Informe Ciudadano 2025: El verdadero informe, el real, sin engaños”, realizado este domingo en Culiacán por cerca de 20 organizaciones de sociedad civil e iniciativa privada.

A unos días de que el Gobernador Rubén Rocha Moya entregue su Cuarto Informe de Labores al Congreso del Estado, estas organizaciones decidieron adelantar un balance propio, basado en datos oficiales, sobre la situación económica, social y de seguridad que enfrenta la entidad ante un escenario de crisis que comenzó en septiembre de 2024 y que, sostienen, no ha sido reconocido con claridad por la administración estatal.

El documento fue presentado por Marta Reyes Zazueta, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, en representación de todas las organizaciones convocantes.

El objetivo, señaló, es ofrecer una radiografía basada en datos oficiales, pero desde la mirada de la sociedad y con ello también generar una agenda de “recomposición” ante la situación.

“Cada año los informes de gobierno comienzan de la misma manera, recordando que con la entrega de este documento se cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que obliga al Ejecutivo a presentar un informe escrito sobre la situación que guarda la administración pública. Sin embargo, todos sabemos que cumplir con el trámite no es lo mismo que rendir cuentas de verdad”, apuntó.

“Cuando no se informa con objetividad, se corre el riesgo de usar la comunicación para construir una imagen parcial del Estado de las cosas. Se insiste en que todo marcha bien, en que la economía va en auge, en que los índices delictivos están controlados mientras las personas vivimos una experiencia muy distinta. Hoy, sin embargo, la realidad es muy difícil de ocultar”.

Frente a cerca de 150 asistentes, Reyes Zazueta subrayó que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, la guerra del Cártel de Sinaloa, que se ha mantenido durante 14 meses consecutivos de crisis, ha dejado 2 mil 076 homicidios, 2 mil 835 desapariciones, 8 mil 007 robos de vehículo y 2 mil 914 robos a comercio.

Agregó que la percepción de inseguridad en Culiacán subió de 45 a 89 por ciento en un año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que en Mazatlán pasó de 34 a 56 por ciento.

La líder de Coparmex indicó que, según datos de Caminos y Puentes federales, el aforo vehicular en casetas cayó a una tercera parte, lo que implica que más de un millón de vehículos dejaron de circular por las carreteras estatales debido a despojos, cierres y quemas de unidades.

Además advirtió que la crisis también se refleja directamente en el comportamiento social, pues el 44 por ciento de la población dejó de visitar amigos o familiares; 41 por ciento evita viajar por carretera y el 20 por ciento de niñas, niños y jóvenes dejó de asistir a clases por inseguridad en sus colonias.

“Más de un millón de vehículos han dejado de transitar por las carreteras de Sinaloa a causa de la inseguridad, el despojo de vehículos con violencia en la quema de vehículos y el cierre de carreteras por parte de la delincuencia”, dijo.

“Existen también otros datos, pocos conocidos por la mayoría de la población que muestran la crueldad de la realidad frente a esto, tenemos responsabilidad como ciudadanía, organizada, sacar estos datos a la luz, explicarlos y ponerlos al alcance de todos para poder dimensionar con objetividad la magnitud del daño que la inseguridad ha causado en miles y miles de familias y silencio”.

Cuestionan presupuesto en seguridad y procuración de justicia

Reyes Zazueta destacó que durante el 2024, el presupuesto asignado por habitante otorgado a la Fiscalía de Sinaloa fue de solo 282 pesos, muy por debajo de Guanajuato, la cual operó con 744 pesos; Chihuahua, con 821 pesos; y Quintana Roo, 872 pesos, según el censo nacional de Seguridad Pública estatal 2025 del Inegi.

“Por sí solo esos datos nos muestran el enorme desinterés en fortalecer la institución que procura justicia en Sinaloa”.

Criticó que además de esta baja inversión hay una eficiencia mínima de la institución en el estado, ya que de cada mil delitos, solo se denunciaron 60 y solo en 37 abrieron carpeta de investigación, de los cuales únicamente cinco tienen una resolución favorable.

“Lo más grave es que solo cinco delitos denunciados tuvieron una resolución favorable y el sistema de procuración e investigación de justicia en Sinaloa se encuentra también en una crisis alarmante, y ello afecta muy negativamente a la ciudadanía en su día a día”.

Caída económica y pérdida de empleos

En su segundo apartado, el informe sostiene que la economía estatal atraviesa un “deterioro estructural”, al registrar una caída general del 3.5 por ciento al cierre de 2024.

Este retroceso, señala, está impulsado por desplomes en sectores como la agricultura cayó 25.2 por ciento; las actividades primarias, 15.8 por ciento; la construcción, 15.1 por ciento; la minería, 14.3 por ciento, y el sector de esparcimiento, 24 por ciento.

Además, Sinaloa acumuló solo 316 millones de dólares en inversión extranjera en 2024, equivalente al 0.9 por ciento nacional. Y en los primeros dos trimestres de 2025, apenas 34.3 millones de dólares.

Además, el IMSS reportó 10 mil empleos formales menos en octubre, y también cayó el número de empleadores y trabajadores por cuenta propia.

“Esta información muestra que en Sinaloa no solo se han cerrado empresas, sino también muchas familias sinaloenses están optando por irse de Sinaloa al no encontrar opciones de trabajo, ni una calidad de vida decente”.

Pérdida de bienestar social y retrocesos en educación

Las organizaciones destacaron afectaciones directas a la vida familiar con aumentos en solicitudes de apoyo alimentario por desempleo reciente.

“Muchas familias han sido desplazadas por la violencia, pero lo único que ha trascendido es que las autoridades les entregan despensas valuadas en 320 pesos cuando su precio en las tiendas comerciales son de 240 pesos. Pero el hambre crece”, indicaron.

“Recientes autoridades del Banco de Alimentos de Culiacán señalaron que estamos viviendo un repunte muy marcado de solicitudes de apoyo y muchos provienen de personas que recientemente se quedaron desempleadas”.

Además de falta de programas estatales de vivienda, pese a que 185 mil personas habitan en condiciones precarias y desabasto de medicamentos del 50 al 60 por ciento.

Así como falta de financiamiento educativo y aumento del abandono escolar, siendo el 11 por ciento de nivel medio superior, 9 por ciento del nivel universitario; 2 mil 400 escuelas afectadas por la violencia, con caídas de hasta 25 por ciento en asistencia en Culiacán.

Señalan omisiones legislativas y federales

El informe advierte que Sinaloa recibirá en 2026 un gasto federalizado de 66 mil 174 millones de pesos, 0.9 por ciento menos que en 2025, sin inversión federal relevante y con disminuciones en aportaciones a educación y agricultura.

“Con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2026, Sinaloa tiene un nuevo panorama desesperanzador. Por séptimo año consecutivo, el Gobierno federal niega recursos para reactivar la economía y la situación de deterioro que vive el campo sinaloense. Es claro que la política pública del Gobierno federal, Sinaloa no tiene ninguna prioridad”.

Anuncian iniciativa ciudadana de reforma constitucional

Las organizaciones informaron que en los próximos días presentarán una iniciativa ante la Fiscalía General del Estado, Oficialía Mayor y Congreso del Estado.

La propuesta busca modificar el Artículo 40 de la Constitución de Sinaloa para establecer como obligación del Ejecutivo informar con objetividad, utilizando datos verificables y completos, y para que se sancione a funcionarios que falseen u omitan información oficial.

“Nuestro propósito es que se establezca sin ambigüedades que el ejecutivo estatal tiene la obligación, no solo de informar, sino de informar con objetividad utilizando datos reales, verificables y completos, sin maquillajes, sin medias verdades, sobre la situación que realmente vivimos los ciudadanos”, advirtió.

’Sinaloa está en emergencia’

Reyes Zazueta dijo que el estado vive uno de los peores momentos de su historia reciente y que la ciudadanía no busca confrontación, sino recuperar la verdad para poder transformarla.

“Que entienda el gobierno que no estamos criticando lo que queremos es sumar, pero lo que a ellos les preocupa es cuántos votos van a tener Y nosotros no valemos eso. La vida de nuestros hijos no vale eso. La vida de nosotros vale mucho más”, apuntó.

Las organizaciones concluyeron que se requiere un plan de acciones conjuntas entre sociedad y gobierno para frenar el deterioro de la seguridad, la economía y las condiciones de vida en la entidad.

En ese sentido, lanzaron un exhorto a organizaciones y ciudadanos para construir una agenda urgente que debe convertirse en un plan mínimo para recomponer a Sinaloa.

Explicó que esta agenda urgente se compone de 10 líneas:

- Abrir un diálogo real con el titular del Poder Ejecutivo, donde ciudadanía y gobierno conversen frente a frente sobre el presente y el futuro de Sinaloa.

- Impulsar políticas públicas inmediatas que atiendan crecimiento económico, desarrollo regional, combate a la pobreza, desigualdad, generación de empleo, seguridad pública y sustentabilidad.

- Generar mayor valor agregado en agricultura, acuicultura, ganadería, pesca y minería, apostando al procesamiento local.

- Diseñar una política pública para crear más empresas, como clave para generar empleo y mejorar salarios.

- Invertir en las ciudades para atraer inversión y empresas, corrigiendo deficiencias como falta de servicios urbanos, pavimentación, movilidad, transporte público, contaminación, inoperancia institucional y ausencia de espacios culturales y deportivos.

- Elevar la calidad de los sistemas educativos y de salud, ampliando coberturas, modernizando su diseño institucional y vinculación con la estructura productiva.

- Realizar reformas de fondo en los poderes Legislativo y Judicial, para convertirlos en verdaderos respaldos de la transformación social y económica.

- Impulsar una reforma municipal, que fortalezca la capacidad de los ayuntamientos para detonar el desarrollo regional.

- Garantizar plenamente los derechos ciudadanos, al señalar que sin democracia no hay estrategia de desarrollo posible.

- Unificar a la sociedad para trabajar en favor de esta agenda urgente y definir el rumbo de Sinaloa a corto, mediano y largo plazo.

“La sociedad habrá de unificarse y trabajar en favor de esta agenda urgente para definir el rumbo de Sinaloa a corto y mediano y largo plazo”, concluyó.

Entre las personas participantes estuvieron Marlene León, de la organización civil Iniciativa Sinaloa; Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados; Baltazar Valdez Armentia, de Campesinos Unidos de Sinaloa; el profesor Víctor Manuel Aypuro, director de la Escuela Sócrates; el chef sinaloense y líder social, Miguel Taniyama; Francisco Campaña, representante de un grupo de directores; y Juan Miguel Millán, activista juvenil.

También reconocieron la participación del Colegio de Economistas en la organización del encuentro.