Sociedad civil acusa simulación en análisis de nueva Ley de Transparencia en Sinaloa
Integrantes de organizaciones civiles y del Comité de Participación Ciudadana cuestionaron el proceso de discusión de la nueva iniciativa de Ley de Transparencia en Sinaloa, al considerar que el Congreso del Estado desestimó las observaciones presentadas durante una reunión con la Comisión de Transparencia.
Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señaló que existe preocupación por la intención de homologar la legislación estatal con la Ley General de Transparencia, debido a los efectos que tendría sobre el acceso a la información pública.
Además, criticó que la reunión careciera de un orden del día y aseguró que una de las principales inconformidades surgió cuando el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez adelantó que no habría cambios a la propuesta enviada por Rubén Rocha Moya.
Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, reprochó que las organizaciones fueran convocadas con poco tiempo para revisar un dictamen que consideró de gran relevancia para la ciudadanía.
“Lo que ayer vivimos fue una mera simulación. Al final concluyeron que iban a hacer las cosas de la manera en que ellos decidieran y nos parece una falta de respeto al trabajo que hemos realizado desde la sociedad civil”, expresó.
Las organizaciones advirtieron que la iniciativa permitiría reservar información relacionada con el gasto público, incluyendo documentos sobre el uso de recursos públicos.
Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, indicó que otro de los cambios planteados es ampliar los plazos de respuesta a solicitudes de información, que actualmente son de 10 días y podrían extenderse hasta 20 o incluso 30 días con prórroga.
También señalaron que la propuesta eliminaría obligaciones de transparencia relacionadas con arrendamientos y excluiría como sujetos obligados a partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos y universidades.
Gustavo Rojo explicó que la iniciativa contempla que cada ente gubernamental atienda los asuntos de transparencia mediante órganos internos de control, en lugar de mantener un organismo garante independiente.
“En el Poder Judicial, el órgano interno de control se encargaría de la transparencia, y lo mismo ocurriría en el Poder Legislativo, donde recaería en el órgano de control del Congreso del Estado. No se contempla una figura de organismo garante para los municipios y, para quienes trabajamos temas municipales, nadie nos va a poder defender”, indicó.
“Yo puedo llegar con un municipio o una secretaría a pedir información y me pueden responder: ‘¿Por qué te la voy a dar?’. No queda claro quién determina eso”, afirmó.
Asimismo, mencionó que la redacción propuesta limitaría el acceso a información vinculada con corrupción, al establecer el concepto de “casos de corrupción acreditados”, dejando a criterio de la autoridad cuáles denuncias serían consideradas válidas.
Manuel Espinoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana, agregó que también se plantea eliminar obligaciones de transparencia sobre bitácoras de vuelo y registros de vehículos oficiales, además de retirar disposiciones específicas en materia ambiental.
Explicó además que la iniciativa permitiría reservar información por cinco años cuando se considere que puede generar un problema social, con posibilidad de ampliar el periodo otros cinco años más.
Marlene León reiteró que las organizaciones civiles mantienen disposición para colaborar con el Congreso en la construcción de una legislación que fortalezca la transparencia en Sinaloa.
