Transparencia y rendición de cuentas, el ‘talón de Aquiles’ de la UAS: Iniciativa Sinaloa

CULIACÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta una debilidad estructural en el manejo de sus recursos públicos debido a deficiencias en transparencia, rendición de cuentas y supervisión, señaló Marlene León Fontes, directora de la organización anticorrupción Iniciativa Sinaloa.

Durante su posicionamiento, la activista consideró que estos aspectos representan el principal punto vulnerable de la institución universitaria, al no existir una revisión efectiva sobre cómo se ejercen los recursos y cuál es su destino final.

“Yo lo que creo es que siempre el talón de Aquiles de la universidad es un tema de la rendición de cuentas y la transparencia. Yo creo que ahí ese es el punto que deben de fortalecer”, expresó.

León Fontes indicó que mientras la universidad no permita una supervisión externa real, continuarán las dudas sobre el uso del presupuesto público, pese a que se trata de un ente obligado en materia de fiscalización.

“Mientras ellos no se abran a una supervisión externa, porque para nosotros, desde Iniciativa, vemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa como un ente obligado y que está sujeto a auditorías tanto del Estado como de la Federación”, afirmó.

Además, consideró necesario revisar el desempeño del órgano interno de control de la universidad, al cuestionar su papel en la prevención y detección de posibles irregularidades.

Recordó que uno de los funcionarios encargados de supervisar los recursos de la UAS estuvo involucrado en procesos judicializados por posibles actos de corrupción, lo que, dijo, pone en entredicho la efectividad de los mecanismos internos de vigilancia.

“Recordemos que uno de los funcionarios también estuvo involucrado en los procesos que fueron judicializados por posible corrupción. Entonces, ¿qué trabajo están haciendo? ¿Qué papel están haciendo las instancias fiscalizadoras?”, cuestionó, al referirse al caso de Manuel de Jesús Lara Salazar, contralor de la UAS que enfrentó un proceso penal por manejo irregular del recurso público.

La directora de Iniciativa Sinaloa planteó que la falta de control interno puede permitir un uso inadecuado de los recursos públicos, sin que exista claridad sobre su aplicación.

“En este caso, los órganos internos de control de la UAS que permiten que a lo mejor se estén utilizando de manera no idónea el recurso, ¿a dónde se está destinando esto?”.

León Fontes subrayó que el problema no radica únicamente en el monto del presupuesto, sino en la forma en que se ejerce y a quiénes se dirige.

“Creo que el recurso, así sea, no importa la cantidad que se destine, aquí lo importante es supervisar cómo lo están ejerciendo y a quiénes está dirigiendo este dinero”, señaló.

Un mal manejo de los recursos públicos por posibles actos de corrupción termina afectando directamente a la institución y su función educativa, advirtió.

“Porque si vemos que hay un mal manejo de los recursos públicos por posible corrupción, inevitablemente van a afectar a la institución: en su infraestructura, en su calidad educativa, etcétera”.

Finalmente, León Fontes reiteró que la debilidad central de la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra en la falta de mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, lo que limita la investigación y sanción de irregularidades.

“Nosotros lo que vemos es que la debilidad que tiene la universidad es en temas de transparencia y rendición de cuentas, que falta una supervisión efectiva al manejo de los recursos públicos y, por ende, una investigación y sanción de posibles irregularidades”, concluyó.

UAS ENFRENTA CIERRE DE AÑO SIN RECURSOS

Desde principios de diciembre, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, ha encabezado gestiones para reunir fondos y pagar las obligaciones patronales como aguinaldos, deudas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el Infonavit.

Esta crisis financiera que enfrenta la institución para cerrar el año asciende a mil 200 millones de pesos que deben ser solventados con fechas límites impuestas por la Ley Federal del Trabajo.

La crisis viene después de que en 2023 y en 2024 las autoridades de la UAS enfrentaron procesos penales por manejo irregular del recurso público, juicios que sumaron más de 500 millones de pesos en compras a sobreprecios.

Por estos juicios, las autoridades de la UAS solo pagaron 20 millones de pesos como reparación del daño, e incluso empleados de la institución hicieron donativos para que los responsables pagaran la multa.