UIF desbloquea dos cuentas bancarias de Rocha Moya por orden de tribunal federal
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público levantó el 5 de noviembre el bloqueo de dos cuentas bancarias del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en las que recibe los pagos de tres pensiones.
Las cuentas permanecían inmovilizadas desde mayo de ese año, cuando se dieron a conocer las acusaciones por narcotráfico en su contra en Estados Unidos.
Según reveló en exclusiva el periodista Arturo Ángel en Milenio, la UIF notificó a las instituciones financieras el levantamiento del bloqueo mediante el acuerdo número UIF 110/K/6246/2026.
Autoridades federales indicaron que la determinación se tomó en acatamiento de una medida cautelar otorgada por una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de que Rocha Moya promoviera un juicio contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano.
Otros instrumentos financieros ligados al ex Gobernador permanecen inmovilizados, pues no entraron en la instrucción judicial.
La primera de las cuentas desbloqueadas concentra dos pensiones: una de viudez, a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otra por cesantía en edad avanzada, del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la segunda, Rocha Moya recibe una pensión por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Autoridades consultadas por el periodista explicaron que, prácticamente desde que se aplicó el bloqueo, el ex Mandatario recurrió a los recursos legales a su alcance para recuperar, al menos de forma parcial, el acceso a sus fondos.
En primera instancia, Rocha Moya ejerció su derecho de audiencia ante las autoridades financieras, pero el 4 de agosto de 2026 la UIF le notificó de forma definitiva que no procedía su desincorporación de la Lista de Personas Bloqueadas.
Contra esa determinación, sus abogados promovieron un juicio ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, un mecanismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró una ruta válida al resolver un amparo en revisión en diciembre de 2021.
Aunque el juicio de nulidad continúa en desarrollo, los magistrados concedieron la suspensión que permitió el desbloqueo de las dos cuentas.
Según especialistas consultados por el periodista, esas suspensiones no son comunes y se otorgan en casos excepcionales.
El bloqueo tuvo su origen el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la existencia de una acusación penal y de órdenes de aprehensión giradas por una Jueza federal de Nueva York contra nueve políticos y ex funcionarios de Sinaloa, entre ellos el entonces Gobernador Rocha Moya, por presuntos vínculos con operaciones de tráfico de fentanilo atribuidas a la facción de Los Chapitos.
El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo, y el día 18 de mayo la UIF anunció su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, derivada de los alertamientos emitidos por los bancos mexicanos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó entonces el congelamiento y señaló que se trataba de una medida preventiva que opera de forma automática en casos de esa naturaleza.
El 21 de agosto, Rocha Moya retomó brevemente la Gubernatura, un día después solicitó licencia indefinida y el día 23 de agosto el Congreso del Estado aprobó la solicitud.
De forma paralela, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación que sigue en integración, mientras el Gobierno de México estimó que requería más pruebas de Estados Unidos para ejecutar una detención provisional con fines de extradición.
Para el Departamento de Justicia, Rocha Moya continúa como prófugo de la justicia, al igual que los demás exfuncionarios implicados que no han sido detenidos, entre ellos el Senador federal Enrique Inzunza, contra quienes la Corte del Distrito Sur de Nueva York giró órdenes de arresto.
En la acusación, un gran jurado atribuye al ex Gobernador tres cargos de conspiración para cometer actividades de tráfico de drogas y delitos violentos con armas de fuego, relacionados con su presunta colaboración con Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos mayores de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, para facilitar el envío de fentanilo y otras drogas a territorio estadounidense.
Dos ex funcionarios de su administración acusados en el mismo proceso, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron de forma voluntaria a las autoridades estadounidenses y trabajan acuerdos de colaboración.
