Van cuatro vinculaciones a proceso de presuntos ‘halcones’ en Sinaloa

En Sinaloa van cuatro hombres detenidos y vinculados a proceso por la nueva legislación contra la actividad conocida coloquialmente como halconeo, que corresponde a la práctica de vigilar e informar a estructuras del crimen organizado.

La Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, declaró que la ciudadanía podría reportar a personas que estén informando a criminales mediante ‘halconeo’.

“Pudiera la ciudadanía reportar, ya sea por denuncia anónima o presentarse ante el Ministerio Público y se inicia la investigación. Los cuatro casos que tenemos hasta ahorita han sido detenidos en flagrancia”, dijo.

Los detenidos son cuatro hombres jóvenes, que de acuerdo a la Fiscal de Sinaloa son hombres jóvenes pero mayores de edad. Tres de los detenidos fueron aprehendidos en Culiacán y uno en Guamúchil. Todas las detenciones han ocurrido en flagrancia, lo que corresponde a que las autoridades de seguridad se han percatado del espionaje y los han detenido con equipo para comunicar las actividades de los agentes. La reforma que cubre el halconeo fue votada el 22 de abril pasado por el Congreso de Sinaloa, que modificó el artículo 293 Bis del Código Penal, para ampliar las conductas que se consideran “halconeo”.

Entre las modificaciones aprobadas, se incluye como conducta delictiva el “perseguir” a servidores públicos con fines ilícitos, así como el uso de medios tecnológicos para recabar y transmitir información de operativos o ubicaciones de las fuerzas de seguridad. También se establece como agravante el involucramiento de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad para la comisión del delito.

Las penas por el delito de “halconeo”, según el Código Penal actual, pueden ir de los 4 años seis meses hasta los 15 años de prisión, además de multas económicas que van de los mil a los 2 mil días de salario de los imputados.

Desde 2013 el delito de halconeo ya estaba tipificado en la legislación estatal, sin embargo, el uso creciente de herramientas tecnológicas y el incremento en la instalación ilegal de cámaras de videovigilancia, fueron elementos para que el Congreso endureciera la legislación en medio de una crisis de seguridad que se desarrolla en Sinaloa desde septiembre de 2024, de acuerdo a los argumentos vertidos por el Legislativo.