Víctimas siempre deben estar al centro, plantea Vania Pérez Morales desde Sinaloa

México atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia contemporánea, marcado por la violencia cotidiana, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho, afirmó Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana, durante la conferencia “Víctimas primero: derechos humanos e integridad frente a la corrupción”.

“Todos los días estamos viendo en los titulares, abrimos los periódicos, las redes sociales y todos los días vemos de la violencia, de las inclemencias de la corrupción y de todo lo que de alguna manera va devorando el Estado de derecho en México”, señaló.

Pérez Morales destacó la relevancia del encuentro con organizaciones de la sociedad civil, particularmente con Iniciativa Sinaloa, a la que reconoció como una de las agrupaciones que más ha contribuido al reconocimiento de los derechos de las víctimas en el País.

Recordó que esta organización impulsó su llegada al Sistema Anticorrupción y agradeció a sus fundadores, a su actual directora ejecutiva, así como a integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, periodistas, madres de personas desaparecidas y servidores públicos presentes.

En su exposición, subrayó que el crimen organizado y la corrupción forman parte de un mismo fenómeno estructural.

”No se puede hablar de manera separada de crimen organizado y de corrupción”, afirmó.

La existencia de estos grupos, expuso, requiere redes de corrupción que los sostengan.

Al comparar a México con países con estados de derecho consolidados, señaló que la diferencia radica en la aplicación de la ley.

“No importa si se es Presidente de la República, no importa que seas un Gobernador, un Senador o una alcaldesa. La ley se aplica a todos por igual. Sin embargo, en nuestro país no podemos decir lo mismo”, expresó.

Pérez Morales cuestionó que el debate público y mediático se concentre en visibilizar a los responsables de delitos y actos de corrupción, mientras que las víctimas permanecen fuera de los titulares.

Señaló que hablar de víctimas permite dimensionar las consecuencias reales de la corrupción, particularmente cuando recursos públicos destinados a servicios básicos se pierden.

Como ejemplo, mencionó el caso del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, del que suele destacarse el monto del desvío de recursos, pero no a las personas afectadas.

“Jamás vemos en los medios de comunicación quiénes son las autoridades que dejaron de recibir su sueldo, qué pasó con los niños que murieron por no recibir quimioterapias”, expresó.

Indicó que, más allá del daño patrimonial, la corrupción tiene impactos directos en la vida y la muerte de las personas.

Recordó que, de acuerdo con datos del Inegi, en promedio cada persona en México paga alrededor de 3 mil 500 pesos al año por actos de corrupción, una cifra que puede representar la diferencia entre vivir o morir para quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

“No solamente es que a mí me dañen 3 mil 500 pesos a mi bolsa, es la persona que debido a que no tenía esos 3 mil 500 pesos no le llevaron agua a su casa”, afirmó.

Colocar a las víctimas al centro del debate, añadió, permite comprender el verdadero alcance del problema.