"Violaron agentes derechos al tomar y divulgar fotos de presuntos asaltantes, determina CEDH"

"La instancia emite su primera recomendación del 2019 para el Ayuntamiento de Culiacán por actos de sus policías municipales"

CULIACÁN._ Por haber fotografiado y difundido imágenes de personas detenidas, incluido un menor de edad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación contra agentes de la Policía Municipal de Culiacán.

El caso específico es de tres jóvenes que fueron acusados de haber asaltado por lo menos un local comercial portando máscaras de payaso y armas de juguete en julio de 2018 y con sus acciones, los agentes violaron tres derechos humanos de los detenidos.

La recomendación es la 01/2019, la primera que difunde la CEDH en este año y que va dirigida para el Ayuntamiento de Culiacán que administra en estos momentos el Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro.

La versión pública de la recomendación revela que los hechos se desencadenaron después de las 01:42 horas del 17 de julio de 2018, cuando tres jóvenes fueron detenidos, entre ellos un menor de edad.

“Luego, fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva y, por último, fueron puestos a disposición de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales y de la Unidad Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de la Zona Centro, por la supuesta comisión del delito de robo a local comercial abierto al público mediante el uso de objeto (arma de juguete) para intimidar a la víctima, cometido de noche por tres personas”, dice el expediente según la versión pública.

Ya en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, los jóvenes se encontraban en la caja de una patrulla y esposados, cuando comenzaron a ser fotografiados por elementos de la corporación.

“... se acreditó con una de las fotografías en donde se aprecia a dos elementos de la Policía Municipal, en la que uno de ellos está tomando una fotografía a (los tres jóvenes) con un teléfono celular”, dice el texto.

Luego de haber tomado las fotografías, éstas fueron difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

Según determinó la CEDH, la divulgación de fotografías de personas detenidas, exhibiéndolas como penalmente responsables de hechos delictivos, contraviene el derecho a la presunción de inocencia, toda vez que hasta ese momento no habían sido escuchadas y vertidas en un juicio.

Una vez que fueron dejados en libertad, los jóvenes acudieron a la CEDH para ratificar su queja y dar su testimonio.

“... cuando nos dimos cuenta ya estábamos en las instalaciones del Tribunal de Barandilla, en lo que al parecer era el estacionamiento... de repente vimos destellos de un flash por lo que tratamos de taparnos la cara... en ese momento nos dimos cuenta que nos estaban fotografiando los mismos elementos que nos detuvieron al igual que otros policías que ahí se encontraban... uno de los policías nos dio unas máscaras y unas armas y gritando nos decía “a ver morros, agarren esto y pónganse las máscaras”, se puede leer en el testimonio.

“... ante la situación no nos quedó más que hacerles caso a lo que nos ordenaban, indicando incluso cómo posar para continuar fotografiándonos. Estuvimos en esa situación alrededor de 15 minutos, para posteriormente ingresarnos tanto a los comparecientes como a nuestro acompañante al interior de las Oficinas del Tribunal de Barandilla, donde los comparecientes estuvimos un total de 48 horas”.

Según la CEDH, los agentes violaron la “Presunción de inocencia en su vertiente extra procesal” por la captura y exposición de fotografías de las personas detenidas, el derecho humano “A la seguridad jurídica”, por la prestación indebida del servicio público y cometieron “Violación al interés superior de la niñez”, porque en el grupo había un menor de edad.

El documento especifica que entre las recomendaciones está la de iniciar un procedimiento administrativo contra los agentes que hayan fotografiado y divulgaron las imágenes, que haya una reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, e impartir cursos y dar a conocer a sus funcionarios el contenido de esta recomendación para que no se repita en el futuro.

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