"Volverán Armando Villarreal y ex colaboradores ante un juez hasta mayo"

La audiencia intermedia y etapa de debate entre la Fiscalía General del Estrado y los abogados defensores del ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, y dos de sus ex colaboradores, se realizará hasta el 4 de mayo.

Los propios abogados confirmaron la fecha exacta, luego de que el Poder Judicial decretó una suspensión para todas las audiencias públicas no urgentes, debido a las medidas preventivas contra la pandemia del Covid-19.

Villarreal Ibarra, y el ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, y el ex jefe del departamento de Caja General, José Carlos López Ramírez, todavía se aferran en una batalla legal contra la vinculación a proceso.

En mayo de 2019, Villarreal Ibarra fue vinculado luego de que la Fiscalía lo acusó, junto a sus colaboradores, de desviar más de 260 millones de pesos en el 2016.

La Fiscalía solicitó que se le dictaran, entre otras medidas cautelares, acudir a firmar cada 15 días, no salir del país y pagar una garantía de 500 mil pesos para asegurar su presencia en el proceso.

En abril, el equipo legal de Villarreal Ibarra solicitó un amparo contra la vinculación a proceso y contra las medidas cautelares, que al final ambos le fueron negados.

El pasado 29 de enero, Villarreal Ibarra y sus ex colaboradores regresaron al Centro de Justicia para hacer una solicitud de suspensión condicional del proceso, a cambio del pago de 2 millones de pesos entre los tres, sin embargo la juez les negó el acuerdo pese a que la Fiscalía estuvo de acuerdo.

Después de que la juez les negó la solicitud de la suspensión con dicho acuerdo, los ex funcionarios y la fiscalía estuvieron a la espera de que una nueva fecha para el arranque a la audiencia intermedia, originalmente programada para el 20 de febrero, en donde se analizarían las pruebas que se tiene a favor y en contra en este caso.

Sin embargo, los abogados defensores ya confirmaron que existen nuevos amparos contra la decisión de la juez de no aceptar la solicitud de suspensión, puesto que la Fiscalía y el ofendido habían señalado que estaban de acuerdo el otorgar el perdón por el desvío a cambio de los dos millones de pesos.