No podemos seguir esperando a que otros decidan qué hacer. No necesitamos pensar igual para coincidir: queremos que los candidatos nos representen.
Vemos más negocios que cierran por la economía, las extorsiones crecen y con ella los decesos de quienes se resisten, los abusos de algunos funcionarios estatales y municipales, jóvenes que salen a trabajar fuera del estado y sufrimos calamidades urbanas sin resolver.
El deterioro de muchos estados del país y de Sinaloa ya forma parte de nuestra vida diaria.
Pero lo más peligroso es otra cosa: nos estamos mal acostumbrando. Al aceptar como normal lo que antes nos parecía inaceptable, el deterioro ya ganó una de sus mayores batallas: adormecer la conciencia.
Lo que sigue es parecernos a esos países que, por no haber reaccionado a tiempo, no pueden quitarse el yugo de encima.
Las elecciones que detendrán o sepultarán el futuro de México son inminentes. Mientras tanto, los partidos que dicen querer el cambio hablan de unidad, pero la discuten entre cúpulas, con cálculos personales y acuerdos que no se explican a nadie. Si esperamos a que anuncien un nombre, solo nos tocará aplaudirlo o resignarnos.
Un candidato escogido desde arriba responde hacia arriba. Uno que nace del respaldo social responde ante quienes lo apoyaron.
Esa diferencia decide si gobierna con confianza y autoridad moral o con un poder cuestionado, y define si en tu estado o si Sinaloa puede plantarse ante las presiones del centro o solo obedecerlas, especialmente la negociación del presupuesto donde se requiere mayoría del congreso para aprobarlo con responsabilidad y que no asfixie el crecimiento y la creciente deuda estatal.
Además hay un riesgo electoral.
Una oposición dividida, o con un candidato sin fuerte arraigo que no inspire confianza y no sea capaz de afrontar los enormes retos y exigencias estatales, le entrega la elección a quien ya gobierna. Lo que urge es parar la descomposición.
Escoger bien no es un lujo de las cúpulas: es la condición para ganar y salir del hoyo profundo.
Los ciudadanos no vamos a elegir al candidato. Vamos a fijar el plan y las condiciones que cualquiera que aspire a gobernar debe aceptar.
Para eso proponemos una alianza ciudadana amplia: cámaras empresariales, asociaciones profesionales, colegios, productores, organizaciones sociales y cualquier ciudadano que quiera sumarse. Cada quien con su agenda, pero con una estrategia común.
El plan cabe en una cuartilla y gira en torno a tres prioridades:
Seguridad: recuperar la autoridad del estado y proteger a quien trabaja, produce y denuncia.
Certeza: que la ley se cumpla para todos, condición para atraer inversión y empleo.
Recursos: un presupuesto federal que no se reduzca en términos reales y un gobernador capaz de defenderlo.
Los adjetivos no alcanzan; hay que pedir lo que se puede comprobar:
Trayectoria limpia y demostrable.
Patrimonio e intereses públicos, con declaraciones abiertas a la ciudadanía.
Financiamiento transparente y sin vínculos con la delincuencia.
Capacidad de gestión y de negociación, con equipo y aliados que respalden su palabra y con una visión a futuro y un estado competitivo internacional.
Solvencia comprobable medida en un método abierto y no en una decisión de cúpula.
Firma pública del plan y rendición periódica de cuentas.
Estos criterios deben ofrecerse a todos los partidos, sin excepción. Quien los firme gana credibilidad; quien los rehúse también dice algo.
El calendario obliga a ser prácticos. Antes de que termine diciembre, las cámaras, asociaciones y ciudadanos que quieran sumarse pueden ponerse de acuerdo en el plan y en los criterios.
Con ese texto en la mano, hay que pedir a los dirigentes que lo respondan en público, con un sí o un no, antes de que arranquen las precampañas.
Después de la elección, la alianza publicaría periódicamente si se cumple. Así la vigilancia ciudadana no termina en las urnas: empieza ahí, y a la vista de todos.
Quien quiera sumarse puede empezar hoy: llamar a diez personas de su gremio, su colonia o su empresa, reunirlas y llevar este planteamiento a su organización. Esas diez pueden convocar a otras diez.
Varias asociaciones, como en Sinaloa, hemos formado La Gran Alianza Ciudadana justo para garantizar que la voz ciudadana se empodere y respete y sobre todo que haya buen gobierno.
La alianza de los ciudadanos no garantiza por sí sola un buen gobierno. Pero eleva el costo político de ignorar a la sociedad y nos devuelve la posibilidad de decidir antes de que decidan por nosotros.
A estas alturas, ignorar o pasar por encima de las urgencias que tenemos y de la voluntad popular, resulta muy sospechoso y podría sonar a traición si no se para a quienes facilitan la descomposición social desde arriba y con alianzas siniestras.
Sinaloa no necesita que las cúpulas se pongan de acuerdo para decidir su destino; necesita que la sociedad se ponga de acuerdo para que nadie pueda decidirlo a sus espaldas.