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"Newsweek en español"

"Morir en los pantanos del MP"

"Cada día siete mujeres son asesinadas en México. El feminicidio aumenta de manera inexorable por la prevalencia de un Estado cómplice, cuyo núcleo es una densa y oscura red de agencias ministeriales en las que toda víctima ve desaparecer sus reclamos de justicia. En el Estado de México, el Ministerio Público y la policía municipal son los principales enemigos de las víctimas: no investigan, emiten conclusiones prejuiciosas, culpabilizan de su suerte a las mujeres asesinadas"
28/03/2017 00:34

Guillermo Rivera

@riveravazg

 

En el asiento trasero de la patrulla, la comandante Verónica Pérez elige el episodio más violento contra una mujer que ha presenciado últimamente. “¿Cuál es más grave?”, se pregunta a sí misma, indecisa. De pronto lanza un chasquido y cuenta que apenas hace unas semanas un hombre atacó física y sexualmente a su pareja, una veinteañera. Durante al menos cinco horas, golpeó su cuerpo y cabeza con una llave Stilson, la cual introdujo por vagina y recto. Las súplicas no le importaron. Tampoco lo frenaron los lamentos de su hija de 9 años, testigo de la agresión.

El sujeto gritaba enfurecido: “¡Te voy a matar! Después haré a nuestra hija lo mismo que a ti”.

La oficial Pérez, mujer morena y delgada, jamás olvidará el estado en que encontró a la víctima cuando, horas después del ataque, la buscó para dar seguimiento al caso.

“Pobre, estaba en shock. No era la primera vez que la violentaba, pero quizá sí la peor de todas. Si no hubiera escapado, estaría muerta”, determina mientras el vehículo avanza sobre la Avenida Cuauhtémoc, una de las principales de Valle de Chalco, en el Estado de México.

El Ministerio Público (MP) –cuenta- “tardó mucho” en levantar la orden de aprehensión contra el sujeto.

“Ojalá el trámite fuera rápido, pero debe integrarse la carpeta, esperar el dictamen del médico legista. Fueron unos 20 días. Y fue una situación de riesgo, el tipo estaba en la calle, cerca, todos los días. El hermano de la agredida me dijo que la cambió tres veces de domicilio. La amenaza era latente. Lo aprehendieron, pero juró que, al salir, la matará”.

Casos idénticos se ven por este rumbo todos los días, asegura la comandante Pérez.

“Aquí la falta de información influye mucho en que las chicas no denuncien las agresiones que sufren. Son tantas mujeres...”.

Conduce la patrulla Georgina Vidales, directora de Grupo Femenil de Alerta de Género. Fundado en mayo pasado e incorporado a la Comandancia de Seguridad Pública de Valle de Chalco, es el primero en su tipo en el municipio. Su principal trabajo es resguardar a mujeres víctimas de violencia y dar seguimiento a sus casos.

Esta vez vamos a casa de Lupita, de 21 años, quien fue violada y recibe amenazas de muerte de un policía de la misma corporación. Su nombre es Nicasio. Lupita fue a denunciar el abuso al MP, pero la persuadieron de no hacerlo.

“Él es una persona influyente”, le dijeron. Tras la violación, se embarazó. Como se negó a abortar, Nicasio la golpeó. “Fui de nuevo al MP, pero tardaron mucho en atender mi caso, lo guardaron”, cuenta Lupita.

Tras meses de insistencia, la enviaron a una de las Agencias del Ministerio Público Especializadas en la Atención a la Violencia Intrafamiliar y Sexual (Ampevis), en la localidad de Xico. Solicitó una medida de protección. En el careo, la licenciada encargada le exigió “llegar a un acuerdo de mil pesos” con Nicasio. “Debes hacer lo que él diga, porque tu demanda no procede”, afirmó la funcionaria. Lupita se negó. Ahora ni siquiera se atreve a salir de casa. Teme que Nicasio, quien la acosa con frecuencia, cumpla su promesa de asesinarla.

 

 

Diana I

 

No hay línea de investigación. Ni una pista. Parece mentira, pero más de tres años después de la desaparición de Diana Castañeda Fuentes, las autoridades de seguridad del Estado de México no logran explicar qué le ocurrió a la adolescente.

Eugenia, mamá de Diana, cuenta que el caso fue atendido de inmediato, gracias a que su cuñado tenía un contacto cercano al secretario particular del entonces Procurador de la entidad. Pero eso no sirvió para conocer el destino de Diana. Se sabe que ella, una niña alegre de 14 años, cuya meta era estudiar Medicina, salió de su casa en Los Héroes Tecámac la tarde del sábado 7 de septiembre de 2013. Se iba a reunir con una amiga, pero desapareció en el camino.

El domingo en la madrugada, tras horas de búsqueda, Eugenia acudió al MP de San Agustín, en Ecatepec, a levantar la denuncia. Escuchó los típicos “se fue con el novio, se le pasaron las cubas, se drogó”. “Ojalá, pero encuéntrenla”, suplicó. Repitió lo sucedido varias veces. “Se fugó, debemos esperar 72 horas”, insistían los comandantes. “Fue desesperante”, comparte ahora en su casa en Tecámac.

No le informaron que debía ir a la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de México a generar la alerta Amber. Dos semanas después le hablaron: “¿Su hija sigue desaparecida? Debe ir a dar de alta la ficha que le dimos”.

“En la fiscalía debes demostrar que el menor está en riesgo, en trata”, indica Eugenia, quien entonces descubrió que decenas de mamás en Tecámac buscaban a sus hijas.

El domingo, la familia pegó fichas con la foto de Diana. La policía las retiró. El lunes, una agente del MP y Eugenia recorrieron la zona. Ella vio diversas cámaras en los sitios que su hija frecuentaba. “No funcionan”, afirmó la funcionaria. “Sí servían, después me confirmaron. Fue negligencia, se perdió información básica. Ahora le digo a las mamás que no se olviden de ese detalle. Que todo quede por escrito ante el MP porque son flojos. Solo de esta manera podrán comprobar negligencia. Una confía en que saben su trabajo, pero no. No están capacitados”.

El caso pasó en pocas horas a la Fiscalía Regional Ecatepec. Lo tomó un comandante que investigaba el paradero de varias jóvenes. Pasaba por Eugenia todos los días. Hacían recorridos, entrevistaban a los amigos de Diana. Eugenia estaba segura de encontrar a su hija.

 

 

La deuda

 

Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), determina que este delito se ejecuta por razones de discriminación y género. La abogada ha acompañado diversos casos y puede aseverar que “se evidencia la relación de poder del victimario sobre la víctima en los ámbitos donde ellas son asesinadas: familiar, laboral. Por ser un delito producto de la discriminación estructural que viven las mujeres en México, los familiares se enfrentan a esa misma violencia cuando acuden a denunciar.

“Las autoridades justifican las muertes, las culpabilizan: seguro algo hizo, la mamá la dejó ir, tiene libertad. No hay sensibilidad. Los peritos, a la hora de emitir un dictamen, plasman esos estereotipos, indagan la vida sexual y privada de la víctima. Eso obstaculiza las investigaciones”, refiere la abogada especializada en violencia de género.

La corrupción e impunidad son constantes: casualmente se extravían evidencias, se manipulan peritajes, ministerios públicos no investigan, emiten conclusiones prejuiciosas. Ahí está el caso de Mariana Lima Buendía, encontrada muerta en su domicilio en Chimalhuacán. Es el primer delito de feminicidio que atrajo la Suprema Corte. Lo ministros determinaron las irregularidades. El feminicida, ex pareja de Irinea Buendía, mamá de la víctima, intentó que pareciera un suicidio. Irinea solicitó la intervención del tribunal. Apenas hace unos meses se dictó sentencia al culpable, ex policía ministerial en el Estado de México.

En muchos casos, dice Pérez Garrido, “los antecedentes de violencia quedan invisibilizados. Por ejemplo, un sujeto ingresó en la casa de su ex e intentó estrangularla. Se llevó el celular y la autoridad solo indagó robo. Tres meses después ella fue asesinada, pese a que había solicitado protección. La autoridad dijo que eso no existía en México”.

Cuando los casos entran en un tribunal “nos enfrentamos a los prejuicios de los jueces. En el caso de una tentativa de feminicidio, uno de ellos dijo que no podía serlo porque el agresor nunca había declarado odiar a las mujeres. Esto es impunidad funcional. El sistema permite funcionarios incapacitados. A veces, policías, ministerios, están vinculados con el crimen organizado, con la trata. No hay sanción. Pareciera que hay una obstrucción de justicia, más allá de negligencia”.

La abogada recuerda que el Observatorio solicitó la alerta de género en 2010. El Sistema Nacional de Seguridad Pública la negó, sin explicar por qué. La organización interpuso amparos dos veces.

“Al final ganamos, pero la autoridad alegó una serie de recursos para que no avanzara. En 2015 se declaró la alerta. El Poder Judicial preguntó por qué no se emitió desde 2010. Eso permitió que los feminicidios aumentaran. La desaparición de niñas y mujeres se disparó”.

Se ha avanzado, afirma la abogada, “pero seguimos alertas. ¿Por qué el gobierno no tiene claridad en el número de feminicidios en el país? Así no se puede implementar una política criminal efectiva. Esa es la primera gran deuda del Estado”.

 

 

Diana II

 

Cuando Dilcya García Espinosa asumió la titularidad de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la PGJEM, las integrantes de la Red de Madres Buscando a sus Hijos, entre ellas Eugenia, le expusieron sus historias. La Procuraduría atrajo el caso de Diana. En septiembre de 2014, el titular, Alejandro Jaime Gómez, la Subprocuradora y fiscales informaron a la madre de Diana que, el febrero anterior, habían sido encontrados el cráneo y pies de su hija tras un operativo conjunto con la PGR en el canal Río de los Remedios.

Ella solicitó otras pruebas genéticas. La PGR confirmó que los restos pertenecían a Diana y, en septiembre de 2015, Eugenia recibió otra llamada. Un dorso encontrado en aquel operativo pertenecía a la menor. La necropsia federal arrojó que, una semana antes de localizar sus restos, había sido asesinada. La golpearon, la descuartizaron, y aventaron en bolsas los pedazos de su cuerpo al canal.

“La trata de personas está aquí. Mi hija nunca salió de Tecámac. Son solo 10 minutos de distancia de donde desapareció al canal. Estuvo cinco meses privada de su libertad”, indica Eugenia. “Me dijeron que su forma de muerte era distinta y no había cómo relacionarla con otros casos. No sabían qué pasó. Descartan toda situación”.

Ante la ausencia de respuestas, el caso se reinició en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.

“No permitiré que se archive el caso. Quiero saber qué pasó. Para eso están las fiscalías especializadas, ¿no?”. Eugenia solicitó hace poco un peritaje independiente. Quiere asegurarse de que ese dorso pertenece a Diana.

Ahora espera y, por experiencia, puede afirmar que “el gran problema está abajo: en el MP, policías ministeriales y municipales. No hacen su trabajo. Pueden estar coludidas, su sueldo es bajo. Esto puede ser incluso político. Los municipales me decían: ‘Doña, no se meta en problemas’”.

Al inicio, Eugenia investigó por su cuenta y la policía municipal la amenazó.

“Como indagué con los amigos de mi hija, un comandante dijo que yo sería responsable si a esos jóvenes les pasaba algo. Pero no podía estarme quieta. Faltó mucho por hacer. Revisar las cámaras, cercar la colonia. Pasaron por alto líneas de investigación. Personal capacitado debe hacerse cargo, no municipales dedicados a agarrar rateritos”.

Eugenia piensa que obtendrá las respuestas que busca. Eso no evita que se exaspere al recordar que ninguno de los niveles de seguridad de la entidad resuelve el caso. “Algo falla en el sistema. ¿Por qué los padres, al final, somos los que realizamos el trabajo?”.

 

 

Siete mujeres

 

En la charla en la comandancia, Georgina Vidales, titular de la policía de alerta de género de Valle de Chalco, y las comandantes Verónica Pérez y Magali Rosales, recuerdan que después de que la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta de violencia de género en 11 municipios mexiquenses, como es el caso de Valle, este cuerpo policiaco femenil comenzó a operar y de inmediato se hizo cargo de todo caso relacionado con violencia machista y misógina.

“Este asunto ya existía, sin que se le diera importancia”, comenta Vidales ante su escritorio. Al respecto, acota Rosales: “A veces las mujeres llevan más de 10 años en violencia, les cuesta trabajo salvarse. Qué difícil es fomentar la denuncia. Nosotras les hacemos saber que estaremos en contacto, por si surge algún problema o si se deciden a denunciar”.

Los casos de violencia contra mujeres en Valle ocurren a cualquier hora de la semana, el día es lo de menos. Las víctimas son amas de casa y profesionistas, sus edades van de los 15 hasta los 40 o 50 años.

“Les pasa a todas. Te sorprende la violencia física y psicológica que ejercen sobre ellas”, enfatiza Pérez. Por lo general, los vecinos denuncian las agresiones. La policía se dirige al lugar. Al llegar, lo más común es escuchar un “mi marido me golpea muy seguido”. Cuando son trasladadas al MP para levantar la denuncia, a veces cambian de opinión en el último momento. “En parte se debe a que el sistema es muy tardado y ellas se desesperan. Es tedioso estar en el MP por horas”, reconoce Rosales.

De poco ha servido la implementación de la alerta de género. El 28 de julio pasado se cumplió un año y, días antes, la propia Subprocuradora, Dilcya García Espinoza, reconoció un incremento de 30 por ciento en el número de feminicidios este año en el estado, al registrarse en los primeros cinco meses 39 asesinatos por motivos de género, cifra que representa el 66 por ciento de los 59 documentados en 2015.

Los datos de la Procuraduría del Estado de México informan que, de 2005 a 2014, se cometieron en la entidad 933 feminicidios y desaparecieron 4 mil 281 mujeres, de las cuales 95 fueron halladas asesinadas y más de mil 500 no han sido localizadas. La mayoría es menor de edad. También se levantaron más de 26 mil actas por violación. La dependencia registró 504 asesinatos de mujeres de enero de 2014 a septiembre de 2015, pero no informa cuáles fueron catalogados como feminicidios.

La información no refleja una totalidad, pues solo son los casos denunciados ante la autoridad.

El Observatorio del Feminicidio dio un paso adelante al solicitar a las procuradurías locales sus números: el resultado es que, en México, cada día son asesinadas siete mujeres. En 2014, informa, se cometieron 938 asesinatos en 11 estados de diversas zonas del país, pero solo 313 fueron investigados como feminicidios.

En su último informe, la organización sentencia que el país presenta una problemática grave de violencia feminicida: “Se identifica violencia comunitaria, en particular con patrones que involucran al crimen organizado como uno de los principales ámbitos que exponen a las mujeres a un riesgo permanente”.

 

 

Karen I

 

Enterrar a Karen no sería lo más difícil. Ese día, el Observatorio Nacional del Feminicidio advirtió a Guadalupe Guchi: “Aunque el asesino de tu hija está en prisión, esto apenas comienza, debes ser fuerte, pues, si no, no habrá justicia”.

Cuando la asesinaron, Karen había finalizado el cuarto semestre en Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Conoció a Mario en una academia de baile y mantuvieron contacto vía internet, hasta que él mostró interés en salir. La estudiante le correspondió al principio, incluso le presentó a su mamá. Después decidió que solo quería ser su amiga.

El 11 de junio de 2012, poco antes de las 10 de la noche, Mario llegó a casa de Karen, en la delegación Azcapotzalco. Ella avisó a su mamá que saldría a charlar un rato. Pasaron tres horas. Algo estaba mal, la joven siempre avisaba si iba a alejarse de casa. La familia buscó a los alrededores. Nada. Buscaron a Mario, pero él, seguro de sí, negó haber visto a Karen. Su madre sabía que ese joven de 22 años mentía.

Corrió al Juzgado 9 de la México-Tacuba. “Ay, señora, su hija se fue con el novio, o hizo un berrinche porque usted le pegó”. “No, señor”. “Bueno, de todas formas hay que esperar 72 horas”. La señora Guchi suplicó que interrogaran a la última persona que había visto con vida a Karen: Mario. “No podemos hacerlo, ¿le consta que estuvo con él?”.

Cuando el MP hizo esa pregunta, desde varias horas antes Mario había golpeado y asfixiado a la joven en el hotel Clavería.

El martes en la mañana, Guchi regresó al juzgado. Volvió a contar lo sucedido y la enviaron a levantar la denuncia a la fiscalía de secuestros de la PGJDF. La familia solicitó a la empresa de telefonía móvil el historial de la línea de Karen y, gracias a que la joven había anotado en una libreta los números de contactos, su progenitora logró identificar el de Mario y sus varias llamadas del día anterior. Con ese dato se presentó en la fiscalía.

“Señora, su hija se fue, comprenda”, dijeron ahí, también. “Vaya a personas extraviadas”. Guadalupe Guchi enloqueció. “Usted acusa a una persona inocente, la vamos a arrestar”, insistieron. “Solo quiero que se le investigue”, rogó la mujer. El encargado de secuestros dijo: “Ya, tómenle la declaración”.

En la tarde, la policía buscó a Mario. Lo encontraron en una academia de baile, donde laboraba. Se negó a acompañar a los oficiales, pero al final accedió. Primero negó haber visto a Karen, después lo aceptó, pero afirmó que ella se fue a casa. Eso bastó para que la policía dijera que él “estaba limpio”. A Guchi le indicaron que podía irse a casa.

El comandante le habló a las 12 de la noche: “Hay noticias, una buena y una mala”. La primera, Karen había aparecido. La segunda, muerta por asfixia. Las cámaras revelaron que Mario y ella ingresaron en el hotel alrededor de las 10. Menos de una hora después, él abandonó el lugar. “Bueno, sí la maté”, confesó Mario, “pero saldré de la cárcel en 15 años”. Afirmó a las autoridades que Karen era su amante. No era verdad, pero la Procuraduría del DF lanzó un comunicado con esa versión.

En un restaurante, Guchi dice: “Hasta hoy, los jueces y ministerios públicos asumen como cierto todo lo que dice Mario. En su última versión prácticamente Karen le pidió que la matara. Él planeó asesinarla. Hasta sabía cuántos años podrían darle”.

 

 

Elefantes blancos

 

Cinthya Galicia Mendoza es una abogada feminista con una sentencia: en México, el Estado es femenicida y su política no se enfoca en exterminar la impunidad que rodea a este crimen. En nuestra reunión, en un local céntrico, argumenta: “Las muertes aparecen como inevitables. El Estado reproduce la práctica: hay relación entre el momento en que una mujer recibe una cachetada de su esposo y cuando es asesinada. Al suceder esto la autoridad dice: ‘¡Quién sabe qué pasó!’”.

Los feminicidios son evitables, indica la maestra en estudios de género, “pero no importa cuántas veces salgamos a manifestarnos, el único que puede erradicarlos es el Estado”.

Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, Galicia formó parte del equipo nacional que desarrolló el proyecto para la implementación de la alerta de violencia de género. Entonces trabajaba en Inmujeres nacional y recuerda que una pregunta surgió: a escala nacional ¿quién tenía la obligación de documentar los feminicidios? “El Estado, así lo establece la ley desde 2007, pero a la fecha no existe un banco de datos”.

El trabajo fue delegado a las ONG, explica: “Se ayudaron de la nota roja para documentarse. El Observatorio documentó, de 2011 a 2015, más de 6 mil casos, pero solo 125 sentencias. Eso remarcó la impunidad”.

Tras aprobarse el delito de feminicidio, surgieron las fiscalías especializadas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y, con esta, una política sobre cómo atender el feminicidio.

“Pero todas estas instituciones son paliativos, elefantes blancos construidos alrededor del feminicidio. No funcionan. Si preguntas a la Subprocuradora Dilcya García qué hace respecto a la alerta de género, va a decir que lleva una mesa de negociación con el Observatorio, pero no que las mujeres ya no son asesinadas”.

Las obligaciones de los estados no son claras en materia de violencia contra las mujeres, gobernadores deciden si en su entidad hay o no feminicidios, reprocha la jurista.

“En el Estado de México fue claro. Aquí no pasa, dijo Peña Nieto, y se dispararon los feminicidios. A la Subprocuraduría le pasó lo mismo que en Ciudad Juárez: recibe casos, pero no los resuelve, perpetúa la impunidad”, afirma.

La comisión para erradicar la violencia y la subprocuraduría “se encargan de cooptar y desmovilizar a las organizaciones civiles de todo el país. El Observatorio del Feminicidio ya no sale a las calles, su papel ahora es más político, perdió crítica. Sus integrantes dicen que la subprocuradora Dilcya es buena funcionaria. La alerta de género ha servido para desmovilizar”.

Entre los años de 2008 a 2016 se han solicitado alertas en 17 estados del país, pero solo se han decretado en Estado de México, Morelos, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Nuevo León.

Mientras tanto, afirma Cinthya, no existe política nacional para combatir la violencia feminicida: “La comisión ha delegado a los estados esa responsabilidad. Las autoridades ni siquiera saben qué es una averiguación previa con perspectiva de género. Ni la Corte sabe. Me ha tocado capacitar ministerios y desconocen la diferencia entre homicidio y feminicidio, la cual es simple: en el segundo caso, es el poder del victimario sobre la víctima”.

 

 

Fiscalía fantasma

 

La Fiscalía Especializada de Feminicidios de la Procuraduría estatal está ubicada en el tercer piso de la Subprocuraduría de Tlalnepantla. Conformada por una serie de oficinas, alrededor de poco más de 10 empleados permanecen sentados ante sus ordenadores. Al ingresar, se lee: “Fiscalía General de Asuntos Especiales y Transporte”. No hay deudos o ciudadanos. Es un misterio su funcionamiento. Ni siquiera cuenta con sitio web.

Uno de los funcionarios se identifica con el nombre de Eduardo y dice que lo lamenta, pero nadie puede explicar ahora el trabajo en la fiscalía, “porque hay protocolos”. Sí -le comento-, pedí ayuda a comunicación de la Procuraduría estatal, pero en más de dos semanas no recibí respuesta. Le pregunto si se encuentra la titular de la fiscalía, Irma Millán. No está. Días antes llamé tres veces por teléfono y tampoco estaba. Nadie sabe a dónde acude.

No hay mucho que ver en la fiscalía. Lo único que remite a un feminicidio o violencia de género es un cartel que ofrece una recompensa de 300 mil a quien aporte información sobre el paradero de María Fernanda Tlapanco Uribe. Lo demás son escritorios.

Escribí a la fiscal Irma Millán vía Whatsapp y le pedí una entrevista. Dijo que podía solicitarla por comunicación social. Insistí un par de veces y, después, bloqueó mi teléfono. El encargado de comunicación, Claudio Barrera, indicó que la única persona facultada para dar entrevistas sobre el tema de feminicidios es la Subprocuradora Dilcya García Espinosa, jefa de Millán. Pero pasó un mes y jamás hubo espacio para charlar con García, o siquiera una explicación del porqué de la negativa. Las responsables de vigilar los resultados de la implementación de alerta de género en el estado prefirieron no responder preguntas.

 

 

Karen II

 

Cuando a Mario lo trasladaron al Reclusorio Oriente, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio buscó a Guadalupe Guchi para respaldarla moral y legalmente. El protocolo dice que, en caso de feminicidio, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra las Mujeres debe tomar el caso. Secuestros ignoró el procedimiento. Por eso el asesinato de su hija Karen no fue catalogado como feminicidio.

Karen fue agredida hasta morir, pero el entonces titular del Juzgado 52 del reclusorio negó violencia en el crimen. Guchi no podía creer que, aunque el peritaje independiente demostró una grave lesión en el cráneo, el juez haya desechado esa información.

“Nunca tomaron en cuenta las razones de género y odio, para el juez fueron irrelevantes los golpes que recibió. Varias veces solicité careo, pero Mario no quiso. La autoridad me decía: ‘¿Para qué quiere eso si ya sabe que la mató?’. En las audiencias no podía ni voltear a verlo. Cada que solicitaba algo, me decían: ‘Señora, le encanta hacernos trabajar’”, recuerda.

Guadalupe Guchi denunció ante los medios de información las fallas de la Procuraduría y el juzgado amenazó con arrestarla. Después aprendió a defenderse: “No entendía esa insensibilidad de abogados, criminalistas, forenses. Esperaba en la banquita, pero supe que tenía derecho a estar en las audiencias en el reclusorio. Es pesado: ver a Mario lidiar con el juez. Yo era coadyuvante, me citaban a las 9:00. A las 12:00 comenzaba y firmaba a las 6:00 (pm). Querían cansarme, pero no lo lograron”.

En junio de 2013, Mario recibió la sentencia de 35 años por homicidio calificado. El encargado del Juzgado 52 tenía facultades para reclasificar el crimen como feminicidio, pero no lo hizo. El secretario de acuerdos le dijo a Guchi: “El juez dictó la media para no pelear con una ni otra parte”. “¡Entonces para qué tanta audiencia!”. “Señora, ya, el caso de su hija no es el único”.

Guadalupe Guchi y el abogado del Observatorio apelaron ante la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. “Habían sido violados mis derechos y garantías porque el juez no aceptó las pruebas sobre lesiones infamantes, solo tomó en cuenta la asfixia. Cuando le presentamos el dictamen, dijo: ‘Nosotros no vemos esto, lo del feminicidio fue apenas en 2011’”.

Se reabrió el caso. Otro año de proceso, con un resultado idéntico. Mario apeló la sentencia en 2015 ante un colegiado. Dice que se declaró culpable por amenazas, pero antes afirmó que cometió el crimen por culpa de “un estado emocional violento”. El juez, señala Guchi, “le da credibilidad”. Ante tanta anomalía, ella y el abogado ahora buscan que la Suprema Corte atraiga el caso.

“La sentencia no es reparadora. Queremos demostrar la falta de procuración de justicia, que no se juzgó con perspectiva de género ni se siguieron protocolos. Hubo razones de odio. Es muy difícil que se reclasifique el crimen, pero al menos que se reconozca violencia feminicida. Ha sido un proceso muy largo y cansado. Uno de mis hijos sigue yendo al psicólogo. Otro quiso suicidarse. Nada de eso es relevante para las autoridades”.

 

 

Abandono institucional

 

En este pueblo de Chalco, llamado Ayotzingo, nunca antes de 2012 se había cometido un feminicidio tan cerca. Pero un día el pánico se activó en la población: dos mujeres de menos de 25 años de Tezompa, el pueblo vecino, habían sido violadas, descuartizadas y arrojadas en la carretera.

Furiosas ante el aumento de casos, Yuritzi Hernández y cinco mujeres más fundaron el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desapariciones y Feminicidios en el Estado de México, una organización alternativa que atiende víctimas de los diversos municipios, “ante la nula respuesta de las autoridades”. También contabilizan, con ayuda de la nota roja y los deudos que acuden a solicitar asesoría, los casos de feminicidios en el estado: de enero al 15 de diciembre de 2016 fueron 245.

“El año pasado contamos 78, hasta noviembre. Las autoridades están rebasadas en materia de prevención y justicia, sigue la violencia y discriminación”, afirma la activista.

El reproche de Hernández y sus compañeras es que las fiscales encargadas de los feminicidios y la trata de personas en el Estado de México -Irma Millán y Guillermina Cabrera, respectivamente-, “nunca visitan las fiscalías regionales, dependencias donde realmente se investigan los casos. A lo mejor ellas, el Procurador Alejandro Gómez y la Subprocuradora Dilcya García tienen voluntad, intenciones, pero las investigaciones se atoran en los ministerios públicos. Quizás una chica sí se fue con su novio, pero también podría haber sido levantada por una red de trata. Hay ciertos avances, pero esto no ha cambiado. El Procurador no supervisa. Millán no visita Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec. Piensa que el estado se reduce a Tlalnepantla, donde está la fiscalía”.

Mientras la fiscal alega exceso de trabajo, indica Yuritzi Hernández, “la violencia contra mujeres continúa. Se supone que hay un protocolo de atención rápida de Policía Ministerial y Ejército, de hacer cercos para encontrar a desaparecidas. Pero no lo aplican. Los alcaldes no tienen idea de qué hacer. Piensan que es personal cuando les exigimos hacer su chamba. Son faraones en sus municipios”.

 

 

Ayuda a medias

 

Playera lila, pantalón azul marino y botas negras. Ese es el uniforme oficial de la policía femenil de Valle de Chalco. El distintivo color morado de la patrulla destaca al avanzar sobre las calles del municipio y Georgina Vidales afirma que en estos seis meses el equipo solo ha sido testigo del feminicidio de una sexoservidora en la Colonia San Isidro. Aquí, lo cotidiano son los golpes y amenazas en contra de mujeres, los asaltos a transeúntes y transporte y adolescentes en motonetas con pistolas en mano.

Una de las tácticas implementadas por las comandantes es la distribución de tarjetas con sus números telefónicos. Y funciona: las mujeres llaman cuando vuelven a ser agredidas o recomiendan este servicio a sus vecinas. Las policías acuden a los domicilios, acompañan a las víctimas al MP.

Las comandantes de Valle son testigos de esa violencia cotidiana. El suyo, dicen, es un trabajo de 24 horas. Cuentan con cinco unidades y un sueldo de 3 mil 400 pesos quincenales. Al inicio, el principal obstáculo fue el machismo de sus compañeros. “Se sintieron agredidos, dijeron que no podríamos solas. Es muy complicado que respeten a un mando cuando es mujer. Hubo apatía, ofensas por la radio. Ahora, la mayoría nos apoya porque nosotros los hemos apoyado”, comenta la oficial Verónica Pérez.

Sobre eso charlamos cuando reciben un llamado. Una joven solicita ayuda. La comandante Vidales acelera y a los pocos minutos encontramos a Yafli en la calle Hermenegildo Galeana. Tiene 23 años y, ayer, su pareja la violentó porque se negó a lavar una tina. Su hija también recibió lesiones. En agresiones anteriores, el hombre ya la había amenazado de muerte. Pero esta vez parece ir en serio, Yafli nunca había recibido una golpiza así. Acudió a denunciar al MP, y no fue posible. Le dijeron que fuera a Ampevis.

En Ampevis la regresaron al MP a recibir atención del médico legista. Nadie le tomó una declaración. Volvió al MP. No había médico, le informaron que lo encontraba en Ixtapaluca. Se trasladó a ese municipio, y nada. Hoy fue de nuevo al MP. Esta vez el médico sí estaba, pero le negó atención porque el oficio de Ampevis tiene fecha de ayer. Acudió a Ampevis, no había nadie...

“¡De qué se trata!”, llora Yafli. Las comandantes se ofrecen a llevarla al ministerio. Quizás algo puedan hacer. Yafli dice: “Sí, por favor, temo por mi vida”. Seca sus lágrimas y agradece la ayuda.

 

 

 

 

“Se evidencia la relación de poder del victimario sobre la víctima en los ámbitos donde ellas son asesinadas: familiar, laboral. Por ser un delito producto de la discriminación estructural que viven las mujeres en México, los familiares se enfrentan a esa misma violencia cuando acuden a denunciar”.

 

“Las autoridades justifican las muertes, las culpabilizan: seguro algo hizo, la mamá la dejó ir, tiene libertad. No hay sensibilidad. Los peritos, a la hora de emitir un dictamen, plasman esos estereotipos, indagan la vida sexual y privada de la víctima. Eso obstaculiza las investigaciones”.

 

“Los antecedentes de violencia quedan invisibilizados. Por ejemplo, un sujeto ingresó en la casa de su ex e intentó estrangularla. Se llevó el celular y la autoridad solo indagó robo. Tres meses después ella fue asesinada, pese a que había solicitado protección. La autoridad dijo que eso no existía en México”.

“Nos enfrentamos a los prejuicios de los jueces. En el caso de una tentativa de feminicidio, uno de ellos dijo que no podía serlo porque el agresor nunca había declarado odiar a las mujeres. Esto es impunidad funcional. El sistema permite funcionarios incapacitados. A veces, policías, ministerios, están vinculados con el crimen organizado, con la trata. No hay sanción. Pareciera que hay una obstrucción de justicia, más allá de negligencia”.

 

Anayeli Pérez Garrido

Asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

 

 

 

“Como indagué con los amigos de mi hija, un comandante dijo que yo sería responsable si a esos jóvenes les pasaba algo. Pero no podía estarme quieta. Faltó mucho por hacer. Revisar las cámaras, cercar la colonia. Pasaron por alto líneas de investigación. Personal capacitado debe hacerse cargo, no municipales dedicados a agarrar rateritos”.

 

“Algo falla en el sistema. ¿Por qué los padres, al final, somos los que realizamos el trabajo?”.

 

Eugenia

Madre de Diana Castañeda Fuentes, adolescente desaparecida en Edomex

 

 

 

 

 “El Observatorio documentó, de 2011 a 2015, más de 6 mil casos, pero solo 125 sentencias. Eso remarcó la impunidad”.

 

“La comisión ha delegado a los estados esa responsabilidad. Las autoridades ni siquiera saben qué es una averiguación previa con perspectiva de género. Ni la Corte sabe. Me ha tocado capacitar ministerios y desconocen la diferencia entre homicidio y feminicidio, la cual es simple: en el segundo caso, es el poder del victimario sobre la víctima”.

 

Cinthya Galicia Mendoza

Abogada catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM

 

 

 

7 mujeres

son asesinadas cada día en México, según datos del Observatorio del Feminicidio