Jueza admite concurso mercantil de TV Azteca; filiales quedan sin protección judicial

La Jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, Nataly Pérez Hernández, admitió el 23 de marzo la solicitud de concurso mercantil voluntario de TV Azteca, televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, luego de que la empresa cumpliera con los requerimientos documentales pendientes.

La admisión abre un proceso formal que otorga a la compañía protección ante sus acreedores para reestructurar sus deudas.

Pérez Hernández ordenó designar un visitador para revisar la situación financiera de TV Azteca y determinar si procede dictar la sentencia de declaración de concurso formal, con la que iniciaría un periodo de un año para conciliar con sus acreedores.

De no alcanzarse un convenio en ese plazo, la empresa podría ser declarada en quiebra.

Por tratarse de una concesionaria de radiodifusión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es la instancia que deberá proponer al visitador y supervisar sus labores, con el fin de garantizar la continuidad del servicio público concesionado.

Las medidas de ley decretadas por la Jueza impiden que los acreedores lleven a cabo actos de ejecución sobre los bienes de TV Azteca, mientras que la empresa quedó imposibilitada para vender sus activos o realizar pagos de sus obligaciones vencidas. Estas disposiciones tienen impacto directo sobre el litigio que, desde 2022, mantienen acreedores en una corte de Nueva York, donde buscan cobrar a la televisora por una deuda derivada de bonos que dejó de pagar en 2021 y que, con intereses acumulados, supera los 600 millones de dólares.

La jueza rechazó la petición de TV Azteca de extender las medidas cautelares a otras razones sociales y filiales, varias de las cuales figuran como obligadas solidarias de esa deuda.

Pérez Hernández señaló que “las medidas decretadas no benefician a afiliadas o subsidiarias de la comerciante; puesto que, las providencias precautorias únicamente están dirigidas a proteger los bienes y derechos de la empresa sujeta al proceso”.

También negó protección a “terceros, avalistas, obligados solidarios, entre otras figuras análogas”.

Entre las filiales obligadas a responder por la deuda en Nueva York figuran Ganador Azteca, empresa de casinos en línea; el equipo de fútbol Mazatlán; Televisora del Valle de México, que opera ADN Noticias; Operadora Mexicana de Televisión; Azteca International Corporation; Producciones Azteca Digital, y Azteca Sports Rights LLC.

Cada una de ellas tendría que promover su propio concurso mercantil para acceder a protección contra sus propios acreedores.

El juzgado suprimió de la versión pública la mayor parte del acuerdo emitido por la Jueza, por lo que se desconocen los detalles completos de sus resoluciones y de la situación financiera de la empresa.

El monto total de la deuda de TV Azteca no es público, dado que la compañía no ha publicado informes financieros desde hace años.

Al cierre de 2022, la televisora registraba una deuda de 9 mil 449 millones de pesos, disponía de mil 800 millones de pesos en efectivo y equivalentes, y su principal activo eran las concesiones de radiodifusión, valuadas en 9 mil 247 millones de pesos.

La solicitud de concurso mercantil fue presentada el 10 de marzo de 2026 e ingresó al juzgado al día siguiente.

El 18 de marzo, Pérez Hernández había prevenido a la empresa para que aclarara aspectos de su demanda y adjuntara copias adicionales de los documentos requeridos, lo que postergó la admisión hasta el 23 de marzo.

TV Azteca había anunciado desde el 26 de febrero que promovería el concurso, tras años de enfrentar dificultades financieras.

Respecto a las obligaciones fiscales de la empresa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 4 de marzo que las deudas de TV Azteca con el Servicio de Administración Tributaria por impuestos federales fueron cubiertas mediante un pago de 10 mil millones de pesos.

Las dificultades financieras de Salinas Pliego no se limitan a TV Azteca.

El 12 de marzo de 2026, la Jueza Segunda de Concursos Mercantiles, Ruth Huerta, declaró en concurso mercantil a Typhoon Offshore, empresa de servicios petroleros del mismo empresario, cuya insolvencia se originó por el incumplimiento de Petróleos Mexicanos a un contrato firmado en mayo de 2019.

Dicho contrato, originalmente valuado en 333 millones de dólares y 275 millones de pesos, fue modificado en 10 ocasiones y llegó en 2023 a un máximo de 4 mil 645 millones de pesos y mil 890 millones de dólares.

Typhoon Offshore cesó operaciones el 23 de octubre tras 16 meses sin recibir pagos de Pemex, acumulando una deuda a su favor de 960 millones de dólares.

Huerta designó un conciliador para encabezar el proceso de reestructura financiera, que puede durar hasta un año antes de que la empresa sea declarada en quiebra.

En el plano fiscal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el 5 de marzo de 2026 los últimos dos recursos jurídicos del total de 102 que Grupo Salinas interpuso durante cinco años para evitar el pago de más de 51 mil millones de pesos en impuestos confirmados por ese tribunal en noviembre de 2025.

Los nueve ministros resolvieron por unanimidad el desechamiento de los recursos de reclamación 596/2025 y 594/2025.

Según datos de la SCJN, el conglomerado llegó a un acuerdo para liquidar 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, monto que considera un descuento del 37 por ciento respecto al adeudo original, y que podría cubrirse en pagos parciales.