Reforma fiscal al ISR: ¿Por qué pone en riesgo a 5 mil organizaciones que atienden a personas vulnerables?

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este lunes la miscelánea fiscal para el 2022, la cual incluye nuevas disposiciones que podrían afectar al financiamiento de más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas de escasos recursos.

A falta de que este martes se discuta en lo particular en el pleno de la Cámara para su posible aprobación y posterior envío al Senado, donde deberá ser discutida de nuevo antes de su aprobación final, activistas criticaron que la reforma propuesta por el Ejecutivo de López Obrador desincentiva la donación que personas físicas hacen a las organizaciones civiles, que podrían dejar de percibir hasta 8 mil millones de pesos para la realización de actividades esenciales, como la atención de personas con discapacidad, niños, y mujeres que sufren violencia, personas migrantes, o actividades relacionadas con el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, el gobierno mexicano argumenta en su propuesta que con la reforma busca ampliar la recaudación fiscal e invertir ese dinero extra que obtenga a gastos de operación y a fortalecer los programas sociales que buscan reducir la pobreza en el país.

A continuación, en Animal Político te explicamos en qué consiste la reforma propuesta por el gobierno federal y qué efectos podría tener en el trabajo que realizan más de 5 mil organizaciones civiles que dependen de las donaciones de particulares.

¿En qué consiste la reforma?

Hoy, las personas físicas en México pueden deducir gastos ante Hacienda con un límite de 163 mil pesos, como gastos médicos y funerarios, intereses de hipotecas, transporte escolar, una parte de las colegiaturas, entre otros.

Y además de esos gastos, como parte de un incentivo fiscal, también pueden deducir los donativos que hagan a organizaciones de la sociedad civil hasta el 7 por ciento de su ingreso anual, y el 10 por ciento de aportaciones extraordinarias al fondo de ahorro para el retiro.

En total, hasta diciembre de este 2021, las personas físicas pueden realizar sus deducciones personales anuales así: 15% de los gastos médicos, funerarios, intereses de créditos hipotecarios, etc.; 10% de las aportaciones voluntarias al retiro; y 7% de los donativos a organizaciones sin fines de lucro.

En cambio, para el próximo 2022, lo que propone la reforma al Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reduzca el tamaño de esa bolsa y que las personas físicas solo puedan deducir hasta el 15% del total de sus ingresos, y que los deducibles por donativos ya no estén en otra bolsa aparte, sino dentro de esta misma.

Es decir, las personas físicas tendrían menos margen para deducir impuestos y, por lo tanto, deberán decidir si deducen sus gastos fijos, como los médicos, seguros, intereses, etcétera, que hasta cierto punto son gastos obligados, o deducen sus donativos a organizaciones de la sociedad civil, que pueden considerarse más bien como gastos opcionales.

El SAT argumenta que la mayoría de la población no alcanza su tope de deducción de los gastos obligatorios, y que casi nadie dona el 7% de su ingreso anual, por lo que entonces no habría afectación, puesto que quien quiera donar lo puede hacer también sin deducir.

¿Por qué afecta las OSC?

Sin embargo, Dominique Amezcua, coordinadora de incidencia de la organización Alternativas y Capacidades, explica que, en términos prácticos, esta reforma implica eliminar el incentivo fiscal para que la gente haga donativos a las organizaciones de la sociedad civil.

“La gente no dona para deducir impuestos ante Hacienda, sino que lo hace por convicción de apoyar a causas, de ayudar a los más necesitados”, plantea en entrevista con Animal Político.

“Pero, definitivamente, el hecho de quitar este tipo de incentivos fiscales lo que hace es no contribuir al fortalecimiento de una cultura de filantropía que tanta falta hace en México, especialmente en un contexto de pandemia, violencia, y de crisis económica”.

Abril Rocabert, coordinadora de comunicación de Alternativas y Capacidades, señala que la pérdida de este incentivo fiscal a las donaciones impactaría sobre todo en las 5 mil 073 organizaciones civiles que están autorizadas ante el SAT para recibir donativos de personas físicas, y que son, precisamente, las que atienden a las personas de más bajos ingresos en la sociedad mexicana, o a personas que no ven cubiertas sus necesidades por el Estado mexicano, como los casos de menores que buscan atención médica en fundaciones de lucha contra el cáncer, los albergues que atienden a personas migrantes, o las organizaciones que de manera altruista dan asesorías legales a personas de escasos recursos, por poner solo unos ejemplos.

“Los donativos permiten muchas veces pagar la operación íntegra de las organizaciones civiles, de ahí que perderlos, o verlos reducidos seriamente, podría comprometer miles de servicios de asistencia social”, subrayó Rocabert, que además recordó que las instituciones sin fines de lucro privadas representan el 1.37% del PIB nacional, emplean a más de 700 mil personas en el país, y movilizan a más de 2 millones de voluntarios.

Dominique Amezcua considera que esta reforma fiscal busca cerrar “todas las rendijas” por donde se puede estar escapando recursos públicos que el gobierno busca aprovechar para otros rubros y cerrar la puerta a delitos como la evasión fiscal o el lavado de dinero. Pero opina que es “injusto” meter en la misma bolsa a “los grandes evasores” con las organizaciones civiles que reciben donativos para subsistir y dar un servicio a la sociedad que el gobierno, de hecho, no hace, o no puede hacer.

“No nos pueden mezclar a todos. Nosotros no somos factureros. No pueden hacer una reforma a rajatabla que da en la torre a los de más abajo, a los que atienden a la población más necesitada”, hace hincapié la activista de la organización Alternativas y Capacidades.

El abogado José Mario de la Garza, presidente de Renace San Luis, una fundación que da asesoría legal gratuita a personas de bajos recursos -ha interpuesto amparos para que niños con cáncer en Veracruz reciban atención médica por orden de un juez, entre otros casos- recuerda que para que una organización civil sea autorizada por el SAT como donataria debe antes pasar “por un proceso de revisión muy complejo”.

“El SAT nos supervisa cada paso”, recalca. “Y tenemos que cumplir con requisitos fiscales y reportar de manera transparente todas nuestras actividades e ingresos. Por eso no entendemos el sentido de esta reforma que busca limitar los donativos y nuestra financiación”.

De la Garza opina que, “viéndolo entre líneas”, puede haber un interés en el Ejecutivo Federal “de debilitar a las organizaciones civiles, especialmente a las más críticas”.

“La argumentación de la propuesta de reforma no lo dice. Pero en la práctica, pareciera que el interés del Gobierno es limitar los recursos a las organizaciones para que su participación sea mucho más reducida y así se eviten los contrapesos”, plantea el abogado.

“Es decir, lo que se busca con esta reforma es debilitar el sistema de pesos y contrapesos gubernamentales, limitando la posibilidad de financiamiento a las organizaciones civiles que dependen de los donativos”, agrega.

‘Se necesita más que una transferencia de dinero’

Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, explica en entrevista que han tenido conversaciones con las autoridades del SAT, la Procuraduría Fiscal, y Hacienda, para conocer el motivo de esta propuesta de reforma. Y que la respuesta, como también se expone en la exposición de motivos de la reforma, es que tiene un fin “recaudatorio”.

Bucio expone que, en 2020, el gobierno hizo una “renuncia recaudatoria” por 2 mil 400 millones de pesos por donativos de personas físicas a organizaciones de la sociedad civil. “Esa es la parte deducible de los más de 10 mil millones de pesos que aportamos las personas físicas como donativos”, explica.

Y parte de esos 2 mil 400 millones de pesos serían destinados a pagar gastos de operación del gobierno, así como la financiación de los programas sociales, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, o el programa de becas para personas con discapacidad permanente.

“El gobierno busca atender con sus programas a gente necesitada y eso está bien”, señala Bucio. “Pero las organizaciones de la sociedad civil dan servicios a la gente más necesitada y vulnerable que el Estado, es decir, los tres niveles de gobierno, no tiene la capacidad suficiente para atenderlos”.

“Por ejemplo -añade-, no se atiende a un niño con discapacidad solo con una beca bimestral de 2 mil 700 pesos, ni se mejora la vida de una mujer víctima de la violencia con una transferencia monetaria. Para eso se requiere presencia permanente, proyectos, corresponsabilidad pública, y ahí es fundamental la participación de la sociedad civil”.

Este lunes 18 de octubre, los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de ley de ingresos de la federación 2022, que incluye la propuesta de reforma al ISR que afectaría a las donaciones que reciben las organizaciones civiles.

Horas después, el Pleno de la Cámara lo aprobó en lo general con 260 votos a favor y 218 en contra. El dictamen pasará a su discusión en lo particular este martes. De ser aprobado ahí, pasaría a su discusión al Senado de la República.