En Sinaloa, proveedores falsean información, firman contratos a destiempo o no pagan fianza para cumplir contratos

Para hacer tratos con el Gobierno de Sinaloa, algunas empresas han empleado tácticas irregulares para completar su proceso de licitación o han faltado a las obligaciones una vez que los fallos les han beneficiado.

En la lista de los proveedores sancionados, que publica la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, hay cuatro casos que ya suman multas por más de 1.3 millones de pesos, debido a que no entregaron fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato, no firmaron el contrato en la fecha estipulada o incluso han sido sorprendidos con información falsa para completar sus expedientes de participación en las licitaciones.

La multa menor es de apenas 3 mil 700 pesos, pero otras demás superan los 200 y hasta los 800 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta cometida y de la decisión que se tome desde la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Subsecretaría de Responsabilidad y Normatividad de la misma Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

El listado de empresas sancionadas fue actualizado por última vez el pasado 28 de febrero de 2024, después de que se iniciaron procedimientos desde el 2023 con los dos últimos casos.

Resuelven hasta esta administración

El primer caso de falsificación que si bien se abrió por un contrato de 2017, se definió hasta esta, es el del expediente STRC-DRA-PSPC-002/2019.

La firma MER SECURITY SISTEMS, S.A. de C.V. Participó en la licitación pública nacional GES 21-2017, como un ente comercial con registro para adquisición, instalación, capacitación y puesta en marcha de la ampliación del sistema de video vigilancia y control urbano policial, así como proyecto de remodelación a las instalaciones y suministro de mobiliario para el área de operaciones del C4i Estatal que se implementaron en los municipios de Culiacán y Mazatlán.

Según la Dirección de Responsabilidades Administrativas el tipo de falta o causa de la sanción fue por presentar información falsa en el procedimiento.

Pese al motivo de la sanción, la multa interpuesta sólo fue por 3 mil 774.50 pesos y una inhabilitación de un año.

La sanción más alta de todas

La siguiente empresa sancionada ya fue por tratos completados en esta administración.

Según el expediente STRC-SRN-DRA-PSPC-001/2022, la firma COMFARA, S.A. de C.V. participó en la licitación pública nacional GES 05-2022, para cumplir con la petición del Gobierno del Estado de proveer papelería y útiles de oficina para diversas dependencias.

En ese procedimiento participaron también Proveedora Papelera Kino, Comercios Unidos y Rogas,

La compra tenía qué ver con hojas de papel, cajas para archivos, folders, perforadoras, post its, sobres manila, engrapadoras, bolígrafos, lápices y libros de forma italiana.

Comfara hizo la propuesta más baja, de 16.1 millones de pesos, sólo porque Comercios Unidos no propuso una orden del total de la lista, y tanto Rogas como Papelera Kino se fueron entre los 19.6 y los 20.9 millones de pesos.

Sin embargo, luego de la investigación de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Comfara omitió cumplir con el contrato, al no haber entregado a la convocante la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato y realizar la primera entrega de los bienes.

Esta omisión provocó que la StyRC le impusiera una sanción de 865 mil 980 pesos.

Otra que dio información falsa

Durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se presentó otro caso de un contratista que fue sorprendido por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas con información falsa en su expediente.

En el expediente STRC-SRN-DRA-PSPC-001/2023 se detalla que la firma del contratista particular Sergio de Jesús Villa Reyes.

Entre 2021 y 2022 logró firmar dos contratos para prestar servicios de vigilancia con su empresa a la Universidad Politécnica de Sinaloa.

Participó en un esquema de propuesta por escrito con invitación cuando menos tres personas.

“Proporcionó documentación falsa en el procedimiento de contratación de servicios de seguridad privada para el ejercicio 2022, así como para la celebración de los contratos CONTRATO/UPSIN/2021/VIGILANCIA y CONTRATO/UPSIN/2022/VIGILANCIA, para la prestación de servicios de vigilancia (seguridad privada) en la Universidad Politécnica de Sinaloa”, dice el expediente,

La sanción aplicada fue una multa por 215 mil 088 pesos, además de estar inhabilitado por nueve meses “para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos”.

La última sancionada, también en esta administración

Soluciones en Informática del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable es la última de las empresas que han sido sancionadas en esta administración.

En el expediente STRC-SRN-DRA-PSPC-003/2023 se detalla que luego participó en una licitación pública por la adquisición de toners genéricos compatibles para impresoras con un mismo rendimiento, para diversas dependencias del Gobierno del Estado.

“Omitió firmar el contrato adjudicado en el lugar, fecha y hora establecidos en el fallo emitido en el procedimiento de contratación de Licitación Pública GES 17/2023”, dice el expediente en la causa de la sanción.

Soluciones en Informática del Noroeste es una firma que ya apareció antes en las noticias.

Una investigación de Noroeste, publicada en abril de 2023, reveló que esta firma facturó en 2022 la cantidad de 52 millones 462 mil pesos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin un proceso claro ni público de licitación.

La firma fue fundada por César Abraham Cuadras López en el año 2005 junto a Jonás Felipe Ramírez Ayala.

Esta empresa se dedica, según su razón social, a “la compraventa, distribución, importación y exportación de computadoras, impresoras, accesorios y refacciones de todos los productos relacionados con la computación, la informática, la electrónica y la oficina”.

Noroeste pudo constatar en las actas que Ramírez Ayala salió de la empresa y cedió la titularidad de sus acciones a Yareli López Sotelo, esposa de Cuadras López, y empleada de la UAS.

La omisión de esta empresa, cuando no completó su proceso de licitación, lo hizo acreedor a una multa por 248 mil 976 pesos.