Expedientes del ‘Jueves Negro’: clasificados por la Sedena o inexistentes

Aunque había pronóstico de lluvias, por lo que suspendieron clases en los turnos vespertinos de educación básica, el sol en Culiacán brillaba. Era hora pico, a las 15:00 horas estaban llenos de vehículos y personas los puntos habituales de aglomeración en la ciudad. Nadie se esperaba lo que ocurriría.

Elementos de la entonces recién creada Guardia Nacional, y de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a un domicilio en el sector Tres Ríos en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, e integrante del Cártel de Sinaloa. Esto provocó una reacción violenta y un despliegue operativo por parte del crimen organizado nunca antes visto en Sinaloa.

A cinco años de la ola de violencia que vivió Culiacán el 17 de octubre del 2019, la ciudadanía no tiene una versión más completa de los hechos ocurridos ese día, ya que posteriormente a la información otorgada por el Gobierno federal, la Secretaría de Defensa Nacional clasificó por cinco años el expediente del llamado “Jueves Negro” o “Culiacanazo”, de acuerdo con la consulta de Noroeste en la base de archivos clasificados por la Sedena.

Además, la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado respondieron a solicitudes de información que los datos pedidos solicitados por usuarios en la Plataforma Nacional de Transparencia, no existen o no fueron localizados, según documentos en poder de Noroeste.

Durante horas, grupos armados sitiaron con barricadas de camiones y vehículos incendiados, los bulevares con conexión desde la zona Tres Ríos hasta la salida norte de la ciudad. También se enfrentaron a elementos del Ejército y Guardia Nacional, así como a Policías Estatales que llegaron en refuerzo, aunque inicialmente no fueron parte del operativo.

Aunque el Ejército logró el cometido: detener a Ovidio Guzmán López y otras dos personas, lo dejaron en libertad ante la respuesta violenta del crimen organizado.

Un par de semanas después sería el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmaría que Guzmán López fue liberado por sus indicaciones.

Tras la confesión de López Obrador, ciudadanas y ciudadanos solicitaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia diversos datos sobre los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, sin embargo, sólo obtuvieron evasivas.

Una de las imágenes más vistas de lo ocurrido en el Jueves Negro es un video de cuando Ovidio Guzmán sale de su domicilio con las manos en alto. Dicho archivo se viralizó en redes sociales, fue retransmitido por diversos medios de comunicación y las imágenes fueron utilizadas por la prensa.

Apenas el 5 de noviembre del 2019, un ciudadano pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el video completo y sin edición de la detención, pero la dependencia respondió que no localizó la información requerida, envió el link de la conferencia de prensa del Presidente el 30 de octubre de ese año; y luego atajó que el operativo lo realizó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Un mes después, el 2 de diciembre del 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibió una solicitud de información en la que un ciudadano solicitó los partes informativos y/o oficiales, así como el reporte final que entregaron los elementos que fueron desplegados para la captura de Ovidio Guzmán.

A lo que la dependencia respondió que la información no existe.

El 3 de diciembre de ese año la Sedena clasificó por cinco años el expediente relacionado al Culiacanazo, luego de que un ciudadano solicitó los partes informativos que recibieron los mandos a cargo del operativo, así como el reporte final que dieron los elementos desplegados.

El 13 de enero del 2021, la Guardia Nacional declaró reservada por cinco años la información relacionada a cuántos elementos activos de todas las corporaciones de seguridad estaban en Culiacán el día del operativo; esto después de que le fuera solicitado el dato vía Transparencia.

También declaró inexistentes los informes relacionados a la operación conjunta el Jueves Negro.

El 17 de diciembre de 2021, le solicitaron a la Fiscalía General de la República un informe sobre si algún Juez mexicano giró una orden de aprehensión en contra de Guzmán López y por qué delitos.

Respondiendo que había una imposibilidad jurídica para pronunciarse respecto a la existencia o inexistencia de alguna orden de aprehensión que pudiera vincularse a él.

Otra de las solicitudes localizadas es del 15 de octubre del 2021 y es dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ella una persona pidió la información sobre la operación para capturar a Ovidio Guzmán López. Desde el inicio del operativo, qué ocurrió con él desde que lo aprehendieron hasta que lo liberaron, y qué medidas utilizaron para contrarrestar los múltiples ataques por parte del crimen organizado.

La Sedena respondió que, tras una búsqueda exhaustiva, el Estado Mayor de la Defensa Nacional no localizó documentos que puedan responder a la solicitud. Luego adjuntó un link a la página web de la Presidencia de la República para que la persona consulte la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 30 de octubre del 2017.

En la “Mañanera”, como se le conoce a la conferencia de prensa que da diariamente el Mandatario, el Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que en el operativo participaron un total de 145 efectivos y 23 vehículos, contra los 110 agresores y 22 vehículos estimados por parte del grupo criminal.

En la zona del operativo donde se diseñaron y apostaron los dos círculos de seguridad, el Gobierno sí contaba con una superioridad numérica de 35 elementos y un vehículo; siendo la única información disponible de los hechos.

Las solicitudes de información consultadas por Noroeste datan de 2019 a 2022, arrojando clasificación por cinco años, lo que genera que los datos pedidos por la ciudadanía podrían ser desbloqueados en diferentes periodos, sin embargo, lo pedido por los usuarios ronda por el mismo argumento: la explicación del Gobierno federal sobre qué ocurrió ese día y por qué fue liberado Ovidio Guzmán.

Aunque el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él ordenó la liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ni la Sedena, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana admitieron tener en su poder alguna grabación o documento que respaldara la versión del mandatario.

A más de dos años de los hechos, el 27 de diciembre del 2022, alguien solicitó la transcripción, tarjeta informativa, la orden escrita o el audio en el que el Presidente indicó la liberación.

“Más allá de los dichos del Presidente, solicito se entregue el documento probatorio de que el Presidente dio la orden (sic)”, recalca la solicitud.

Pero una vez más la Sedena no localizó evidencia documental, aunque argumentó realizar una búsqueda exhaustiva.

EL REHÉN ERA EL EJÉRCITO

En el análisis realizado por Noroeste después del Jueves Negro y plasmado en el reportaje especial “El rehén era el Ejército”, hubo 41 víctimas en la jornada de violencia ocurrida en Culiacán el 17 de octubre de 2019; 15 de esas personas fallecieron, 20 resultaron heridas; y 11 fueron privadas de su libertad; éstos últimos eran militares.

El 75.6 por ciento de las víctimas eran elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal; el 14.6 por ciento, presuntos delincuentes; y el 9.8 por ciento, civiles.

Según la cronología informada por el Gobierno federal el 30 de octubre del 2017, media hora después de que Guzmán López fue asegurado, el Gabinete de Seguridad comenzó a recibir información sobre ataques directos a instalaciones militares en diversos puntos de Sinaloa; así como de la privación ilegal de la libertad de 11 elementos del Ejército.

Uno de los efectivos fue privado de la libertad en la unidad habitacional, dos en la sindicatura de Jesús María, tres en la comunidad El Sufragio, y cinco en la caseta de peaje de Costa Rica.

Los ataques a instalaciones y vehículos del Ejército sucedieron en cinco ubicaciones externas a la zona de los círculos de seguridad del operativo: destacamento de El Fuerte; en la base de El Sufragio, en la caseta de Costa Rica; y en Culiacán en las inmediaciones del cuartel de la Novena Zona Militar, así como la unidad habitacional donde vivían familiares de soldados en la colonia 21 de marzo.

El complejo habitacional donde entonces vivían 140 familias alojadas en 16 edificios localizados al sur de la ciudad, fue atacado por al menos tres vehículos desde donde dispararon personas; cuatro viviendas fueron allanadas; y lanzaron dos granadas que no se activaron.

La privación ilegal de la libertad de soldados, ocurrida en la sindicatura de Costa Rica, ocurrió cuando un convoy de 24 elementos en cuatro vehículos escoltaban dos convoyes de cisternas de combustible que no tenían nada qué ver con el operativo. Ahí fueron abordados por 30 vehículos y 150 agresores, quienes se llevaron a cinco efectivos, cuatro de tropa y un oficial que se ofrecieron voluntariamente.

En la estación de El Sufragio fueron retenidos tres elementos más después del ataque en dicho punto; y en la sindicatura de Jesús María un oficial y un efectivo de tropa fueron interceptados cuando estaban francos, es decir, fuera de servicio.

Durante la jornada de violencia del Jueves Negro, el Ejército recibió ocho ataques en la zona externa al operativo de captura de Ovidio Guzmán, y tres en el sector Tres Ríos donde estaba desarrollándose la aprehensión.

Pero la Policía Estatal también sufrió ataques por la fuga de 51 reos del penal de Aguaruto dos horas después del inicio del operativo de captura de Ovidio Guzmán. La evasión de los reclusos dejó como saldo a un reo muerto, dos custodios privados de la libertad, y en días posteriores, la destitución de Eduardo Arturo Bailleres, quien era director del Penal el día que ocurrieron los hechos.

LAS CIFRAS OFICIALES

La Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Atención a Víctimas y el Gabinete de Seguridad federal reportaron entonces la muerte de 15 personas, tres de ellas eran civiles inocentes, y 20 ciudadanos resultaron heridos.

Los integrantes del crimen organizado despojaron 46 vehículos, de los cuales quemaron nueve. Adicionalmente a ello, comercios ubicados en el sector Tres Ríos presentaron daños en fachadas y cristales por los tiroteos ocurridos ese día.