América Latina se queda sin tiempo: solo una de cada cinco metas de desarrollo está en camino de cumplirse
Cuando los países de América Latina y el Caribe adoptaron la Agenda 2030, tenían quince años para avanzar hacia un conjunto de objetivos que iban desde terminar con el hambre y reducir la desigualdad hasta garantizar agua potable, energía limpia, ciudades sostenibles e instituciones más sólidas. Hoy solo quedan cuatro años y la mayor parte de la región no avanza a la velocidad necesaria.
El más reciente informe de la CEPAL ofrece una fotografía preocupante. De las 134 metas para las que pudo evaluarse la trayectoria regional, solo el 19% ya se alcanzó o probablemente se alcanzará en 2030 si continúa la tendencia actual. Otro 42% se mueve en la dirección correcta, pero demasiado lentamente, mientras que el 39% restante se encuentra estancado o ha retrocedido.
La situación es incluso menos favorable que un año atrás. En 2025, el 23% de las metas evaluadas estaba en camino de cumplimiento; en la estimación de 2026, la proporción cayó cuatro puntos. Y aunque las trayectorias varían considerablemente entre los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en seis de los 17 el estancamiento o retroceso afecta a más de la mitad de las metas examinadas.
El desafío, por tanto, ya no consiste solamente en saber qué debe hacerse. La región conoce buena parte de sus problemas y ha multiplicado planes, estrategias y compromisos. La cuestión es por qué resulta tan difícil convertirlos, a escala suficiente y durante el tiempo necesario, en desarrollo.
Una factura de 650.000 millones de dólares al año
La primera respuesta está en el dinero. La CEPAL estima que la brecha de financiamiento para alcanzar los ODS en América Latina y el Caribe ronda los 650.000 millones de dólares anuales. Esa necesidad coincide con presupuestos públicos sometidos a fuertes presiones, economías de bajo crecimiento y países que deben destinar una parte importante de sus ingresos al servicio de la deuda.
Ese problema de recursos se refleja directamente en el ODS 17, dedicado a los medios de implementación de la Agenda 2030. La ficha regional de 2026 advierte que la movilización de recursos internos sigue una trayectoria descendente, mientras la asistencia oficial para el desarrollo ha disminuido y la inversión extranjera continúa siendo insuficiente. A ello se suma un escenario internacional más fragmentado y menos previsible, que limita las posibilidades de financiar el desarrollo sostenible en la región.
Pero el problema no se limita a que falten recursos externos. También existe una dificultad para generar y movilizar dinero dentro de la propia región. En 2023, la recaudación tributaria representó en promedio el 21,3% del producto interno bruto, más de diez puntos porcentuales por debajo del 34% registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ese mismo año, la evasión tributaria en América Latina y el Caribe se estimó en 433.000 millones de dólares, equivalentes al 6,7% del PIB regional.
Las dos cifras no son directamente intercambiables —recuperar toda la evasión no eliminaría automáticamente la brecha de los ODS—, pero juntas muestran la magnitud del desafío fiscal. Mientras los gobiernos necesitan centenares de miles de millones de dólares adicionales para educación, infraestructura, protección social, agua o acción climática, una cantidad extraordinaria de recursos potenciales escapa de los sistemas tributarios.
A ello se añade una contradicción particular de América Latina. Muchos de sus países son clasificados internacionalmente como economías de ingreso medio o medio-alto, lo que puede limitar su acceso a financiamiento concesional, aunque sigan enfrentando profundas brechas sociales y productivas. Al mismo tiempo, la asistencia oficial para el desarrollo cayó un 4,5% a nivel mundial en términos reales en 2024 y solo el 6,7% se dirigió a América Latina y el Caribe. La deuda pública del gobierno central, mientras tanto, permanecía en promedio por encima del 50% del PIB.
La región se encuentra así en una posición incómoda: necesita invertir mucho más, tiene un espacio fiscal limitado y, en numerosos casos, tampoco reúne las condiciones para acceder al financiamiento internacional más barato.
El problema no termina cuando aparece el dinero
Sin embargo, conseguir recursos tampoco garantiza por sí solo el resultado. La segunda gran barrera es la capacidad para convertir una inversión en un servicio público que funcione y se mantenga en el tiempo.
El agua y el saneamiento ofrecen uno de los ejemplos más claros. En 2024, 140 millones de personas en América Latina y el Caribe no tenían acceso a servicios de agua potable gestionados sin riesgos y 324 millones carecían de servicios de saneamiento gestionados sin riesgos. Las brechas tampoco se distribuyen uniformemente: el acceso a agua potable segura alcanzaba el 83,1% en América del Sur, pero descendía al 58,9% en el Caribe y al 49,2% en Centroamérica.
El problema no siempre es la ausencia total de inversión. La CEPAL advierte que algunos recursos destinados al sector no han producido aumentos sostenidos de capacidad y calidad debido a redes incompletas, plantas subdimensionadas y mecanismos insuficientes para cubrir costos de energía, operación y mantenimiento. En zonas rurales se añaden fragmentación institucional y limitaciones técnicas.
La distinción es fundamental. Construir una planta de tratamiento puede generar una fotografía, una inauguración y una cifra de inversión. Mantenerla operativa durante décadas exige tarifas viables, personal capacitado, regulación, mantenimiento, coordinación entre instituciones y presupuestos futuros.
Por eso el Programa Regional del PNUD para 2026-2029 identifica los problemas de gobernanza y la insuficiente capacidad institucional entre los factores que están socavando la trayectoria de desarrollo de América Latina y el Caribe. Su diagnóstico va más allá de una crisis específica: las vulnerabilidades estructurales se combinan con volatilidad económica, cambio climático, fragmentación social y disrupción tecnológica, haciendo que cada nueva perturbación pueda erosionar progresos anteriores.
Economías que necesitan transformarse para poder financiar el desarrollo
La tercera dificultad está detrás de muchas de las anteriores: una economía que crece poco y aumenta lentamente su productividad genera menos empleo de calidad, menos ingresos y, finalmente, menos recursos fiscales para financiar las políticas que requieren los ODS.
El panorama del ODS 9, dedicado a industria, innovación e infraestructura, es especialmente revelador. Algunas de sus metas registran avances moderados, pero otras se encuentran estancadas o han retrocedido. La contribución de la manufactura al PIB y al empleo presenta una tendencia descendente, mientras que el gasto en investigación y desarrollo como proporción de la economía se ha mantenido prácticamente estancado durante la última década. La CEPAL también identifica una baja participación empresarial en investigación y desarrollo y una reducida densidad regional de investigadores.
Entre 2000 y 2022, además, la región no consiguió aumentar de manera sostenida el peso de las manufacturas de tecnología mediana y alta en su producción industrial.
Esto convierte el cumplimiento de la Agenda 2030 en algo más amplio que una cuestión de gasto social. Para sostener mejores sistemas educativos, transporte público, infraestructura, salud, agua o protección social también se necesitan economías capaces de innovar, crear empresas productivas, generar empleos formales y ampliar la base tributaria.
La desigualdad convierte los promedios en una ilusión
Hay, además, un problema que atraviesa casi todos los objetivos: el lugar donde nace una persona, sus ingresos o si vive en una ciudad o en una zona rural todavía pueden determinar qué parte del progreso regional realmente llega hasta ella.
La electricidad lo demuestra con claridad. América Latina y el Caribe está cerca de alcanzar la universalización: la tasa regional de electrificación pasó del 91,7% en 2000 al 98,5% en 2023. Pero mientras en las ciudades el acceso alcanzaba el 99,7%, en las zonas rurales se situaba en 92,9%. Entre el 20% de la población con menores ingresos, el 3,6% todavía carecía de electricidad en 2024 y la proporción subía al 10,2% entre quienes vivían en zonas rurales.
Esta persistencia de brechas ayuda a explicar por qué el ODS 10, dedicado a reducir las desigualdades, es el que concentra la mayor proporción de metas estancadas o en retroceso. También están particularmente rezagados el ODS 2 sobre hambre, el 12 sobre producción y consumo responsables, el 13 sobre acción climática y el 15 sobre ecosistemas terrestres: en todos ellos, más del 55% de las metas evaluadas se encuentra estancado o retrocede.
El problema, por tanto, no es solo aumentar los promedios regionales. A medida que el acceso a ciertos servicios se acerca a la universalidad, quienes quedan fuera suelen ser precisamente las poblaciones más difíciles y costosas de alcanzar: comunidades rurales, territorios aislados, hogares pobres y grupos históricamente excluidos.
Sin instituciones capaces, las transformaciones pueden quedarse en el papel
Existe otra pieza menos visible de la Agenda 2030 que condiciona prácticamente todas las demás: la capacidad de los Estados para diseñar, ejecutar y sostener políticas mientras mantienen la confianza de la población.
El informe sobre democracia del PNUD de 2026 presenta una paradoja. América Latina y el Caribe se ha consolidado como la región más democrática del mundo en desarrollo, y más de cuatro de cada cinco ciudadanos viven en países democráticos. Sin embargo, menos de la mitad de la población está satisfecha con el funcionamiento de la democracia y más del 70% considera que los gobiernos responden a intereses particulares.
Los niveles de confianza institucional ayudan a dimensionar esa brecha: en 2024, el 31,1% decía confiar en el gobierno, el 28,4% en el poder judicial y apenas el 16,9% en los partidos políticos.
La relación con los ODS no es abstracta. Una reforma tributaria, una transformación del sistema de transporte, una estrategia climática o una modificación de subsidios redistribuyen costos y beneficios. El PNUD advierte que no basta con identificar técnicamente la política correcta: las instituciones necesitan capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas para diseñar cambios viables, construir consensos y garantizar su implementación. Si no pueden anticipar resistencias y administrar conflictos, las transformaciones pueden estancarse o revertirse.
Entonces, ¿por qué algunos sí avanzan?
El panorama regional no es completamente negativo. De hecho, los resultados permiten identificar algo quizá más útil que otra lista de obstáculos: qué tienen en común algunas políticas que sí están generando avances.
El ODS 7, sobre energía asequible y no contaminante, es la gran excepción. Es el único de los 17 objetivos en el que ninguna de las metas evaluadas aparece estancada o en retroceso. Alrededor del 80% de sus metas tiene altas probabilidades de alcanzar los umbrales establecidos para 2030 si se mantiene la tendencia actual.
En El Salvador, por ejemplo, un subsidio al gas licuado de petróleo focalizado según criterios socioeconómicos y niveles de consumo eléctrico contribuyó a elevar la cobertura de tecnologías y combustibles limpios para cocinar desde el 58,4% en 2000 hasta el 94,4% en 2023. La experiencia muestra que la transición energética no tiene necesariamente que separarse de la protección social.
En Chile, Santiago ha combinado recursos públicos, inversión de operadores privados y créditos verdes de bancos multilaterales para transformar su transporte público. En 2025 se incorporaron otras 308 unidades eléctricas y, para marzo de 2026, se estimaba que siete de cada diez autobuses de la red eran eléctricos. Más que una fuente extraordinaria de dinero, el caso muestra el efecto de coordinar distintas formas de financiamiento alrededor de una política definida.
La gestión del riesgo de desastres ofrece otra pista. Costa Rica pasó de tener apenas el 2,2% de sus gobiernos locales aplicando estrategias alineadas con el marco nacional en 2005 a alcanzar el 100% en 2015, proporción que desde entonces se mantiene. Colombia pasó de 3,5% en 2008 a 89,6% en 2023, mientras Ecuador y Chile también registraron incrementos importantes.
La explicación es especialmente relevante: la CEPAL atribuye buena parte de los avances a marcos legales que asignaron responsabilidades claras a los gobiernos locales, estrategias nacionales actualizadas, metas de cobertura y apoyo técnico para implementar las medidas.
Incluso en un sector tan rezagado como el agua aparecen experiencias que intentan conciliar sostenibilidad financiera con protección social. Costa Rica avanzó en 2024 hacia un sistema tarifario que combina cargos fijos y variables con una tarifa social focalizada: los hogares en pobreza extrema quedan exentos del pago de los primeros 15 metros cúbicos y aquellos en pobreza básica reciben un descuento del 50% para ese mismo tramo.
Cuatro años para convertir las excepciones en regla
Estos casos proceden de sectores distintos y responden a realidades nacionales diferentes. Sin embargo, contienen elementos comunes: recursos identificados, responsabilidades institucionales claras, políticas capaces de mantenerse durante varios años, coordinación entre actores y mecanismos que intentan evitar que los costos recaigan sobre quienes tienen menos capacidad para asumirlos.
Esa puede ser una de las principales lecciones de la recta final hacia 2030. América Latina y el Caribe no parte de cero, ni carece de experiencias exitosas. El problema es que los avances siguen siendo demasiado fragmentados para compensar las fuerzas que empujan en sentido contrario.
La propia CEPAL resume la dimensión del desafío: el 50% o más de las metas de pobreza, educación, igualdad de género, trabajo decente, infraestructura e innovación, ciudades sostenibles e instituciones sólidas se mueve en la dirección correcta, pero a una velocidad insuficiente para llegar a destino en 2030.
Por eso, durante los próximos cuatro años, el desafío puede ser menos el de descubrir nuevas soluciones que el de lograr que aquellas que ya funcionan puedan sobrevivir a los cambios políticos, ampliarse territorialmente y recibir los recursos necesarios.
El reloj de la Agenda 2030 continúa avanzando. Para América Latina y el Caribe, hacer que las políticas que hoy son excepciones se conviertan en práctica habitual podría marcar la diferencia entre llegar tarde a otra meta internacional o transformar objetivos escritos hace más de una década en cambios que finalmente puedan sentirse en la vida cotidiana.
