Detienen en EU a 10 presuntos operadores del CDS y acusan a otros 13 por autos robados

La Fiscalía General de Florida informó la detención de 10 presuntos operadores del Cártel de Sinaloa (CDS) que trasladaban cocaína de México a Estados Unidos, después de que la Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas anunciara cargos federales en El Paso contra 13 personas, dos de ellas mexicanas, por transportar vehículos robados hacia organizaciones criminales mexicanas.

Entre los arrestados en Florida figura el líder de una célula vinculada al CDS. Según un comunicado de la Fiscalía General de Florida, la estructura funcionaba como filial de la organización mexicana y cada mes movía miles de kilogramos de cocaína en camiones de carga por una ruta que iba de El Paso, en Texas, a Tampa, en Florida, donde se distribuía la droga.

“Esta investigación ha desmantelado por completo una importante red de narcotráfico del Cártel de Sinaloa”, subrayó James Uthmeier, titular de la Fiscalía General de Florida.

La red empezó a caer el 11 de julio de 2026, cuando las autoridades decomisaron 60 kilogramos de cocaína y capturaron a Daniel Pinales, considerado el distribuidor principal en la zona de Tampa. También fue detenido Erick Manuel Gómez Tapia, alias “Canelo”, señalado como el segundo al mando de la trama, a quien se le fijó una fianza de 30 millones de dólares y espera ser extraditado desde Texas. Las fianzas impuestas al grupo suman alrededor de 40 millones de dólares.

Los 10 detenidos enfrentan cargos por conspiración para cometer crimen organizado. Pinales y otros tres presuntos cabecillas afrontan además imputaciones directas por ese delito, clasificado como grave de primer grado. Pinales enfrenta una sentencia de cadena perpetua por conspirar para traficar más de 150 kilogramos de esa sustancia.

En el caso de El Paso, los 13 acusados están imputados por transporte interestatal de bienes robados, delito castigado con hasta 10 años de prisión federal. Las imputaciones derivan de la “Operación Southbound Takedown”, abierta en la primavera de 2026, cuando agentes federales y fiscales estadounidenses detectaron el aumento de automóviles robados, particulares y de alquiler, que presuntamente eran entregados a integrantes de diversas organizaciones criminales en México.

Los fiscales sostienen que los vehículos se robaban a propietarios y a empresas de renta de autos en el suroeste de Estados Unidos, se conducían hasta El Paso y se cruzaban a territorio mexicano, donde servían para las actividades cotidianas de los cárteles, designados por el Gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. Hasta el anuncio se habían recuperado 29 unidades con valor aproximado de un millón 137 mil dólares, algunas de ellas blindadas.

Los mexicanos acusados fueron identificados como Pablo Frías, con tarjeta de residente permanente legal en Estados Unidos, y Pilar Bernabeth Méndez Rivas, con tarjeta de cruce fronterizo. La estadounidense Kimberly Aguilar fue acusada el 25 de marzo del mismo año y permanece bajo custodia, mientras que Marty Gerardo Jr. fue imputado el 22 de julio del mismo año. Los otros 11 acusados cayeron entre el 22 de julio y el 19 de octubre del mismo año, y fueron identificados como David Monarrez, César David Díaz, Sinuhe Baltizar López, Christopher René Reyes, Ángel Antonio Flores, Aaron Fernando Luna-Evans, Amy Foote, James Dewey Garrett e Hilario Abraham Morales.

“A cualquiera que esté pensando en transportar vehículos robados a México: no lo hagan”, advirtió Justin R. Simmons, fiscal para el Distrito Oeste de Texas, quien agregó que esas redes también se dedican al tráfico de personas, la extorsión y el tráfico de drogas.

Ryan G. McRae, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), señaló que los casos no son robos aislados y que la pesquisa abarca todo el territorio de Estados Unidos y México, con participación de socios federales, estatales, locales y del sector privado agrupados en el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Coult W. Markovsky, agente especial interino a cargo de la oficina local del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso, afirmó que la justicia alcanzará a quienes auxilien a los cárteles.

Las autoridades estadounidenses indicaron que ambas investigaciones continúan abiertas y que Gómez Tapia permanecerá en Texas hasta que se resuelva su traslado a Florida.