Dina Boluarte propone adelantar elecciones en Perú a abril de 2024
La Presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, anunció minutos el 11 de diciembre que enviaría al Congreso de dicho país sudamericano, un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024.
Esto, ante el reclamo de los miles de manifestantes que salieron en los últimos días a las calles, protestas en las que habrían muerto, hasta ese momento, al menos dos personas.
“He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones”, dijo Boluarte en una alocución, difundida en video en redes sociales.
“La patria está viviendo horas difíciles. Al asumir el mando presidencial señalé que mi gobierno buscaría el diálogo, el entendimiento, la concertación y los consensos entre todos y para todos. Sin exclusiones”, indicó en su mensaje a la nación.
La mandataria peruana también declaró este lunes un estado de emergencia “en las zonas de alta conflictividad social”, en las que reprodujeron con más fuerza las manifestaciones que reclaman su renuncia, así como el adelanto de elecciones.
“Anuncio declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social [...]. He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar derechos fundamentales de la ciudadanía”, apuntó sin detallar a qué zonas se refería, pero medios locales indicaron que eran Ica, Apurímac y Arequipa.
En tanto, la Junta de Portavoces del Congreso peruano acordó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana, y a los titulares de Defensa e Interior, para que informen respecto a los hechos ocurridos en la región Apurímac, donde al menos dos manifestantes murieron en la ciudad de Andahuaylas.
Las movilizaciones de protesta estallaron, de forma aislada, en Andahuaylas y otras ciudades de Perú el mismo día que el Presidente José Pedro Castillo Terrones fue destituido por el Congreso, después de ordenar la disolución del Parlamento y el establecimiento de un Gobierno de emergencia.
