A finales de noviembre de 024, el coordinador parlamentario del partido Morena en la Cámara Baja y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Ricardo Monreal Ávila, informó de la intención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de elaborar una nueva ley de juegos y sorteos que serviría “para combatir la corrupción en esta materia, evitar la extorsión, y que quienes se dedican a esta actividad paguen los impuestos que legalmente corresponden relacionados con el ingreso que perciben”.
Sin embargo, apenas una semana después, la propia presidenta Sheinbaum desmentía a Monreal Ávila de forma tajante: “Y no, en este momento no hay una ley nueva”, dijo, cuando le preguntaron directamente por este asunto. A continuación, aclaró que la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a quién calificó de “una mujer muy honesta, de carácter, una extraordinaria servidora pública, de lo mejor que tiene nuestro país”, estaba en contacto con los dueños de los casinos para que estos informen de inmediato de posibles actos de corrupción, a fin de bloquear y poner fin a cualquier actividad ilícita.
Una ley desactualizada para una industria moderna
No hay que olvidar que la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente en México fue promulgada en 1947, hace más de 75 años, en el que era un contexto social y tecnológico muy alejado del actual. Desde 1997, se han presentado hasta 14 iniciativas para modificarla, sin éxito. De hecho, el Reglamento de la citada ley no se publicó hasta 2004.
Lo más cercano han sido diversos decretos y reformas parciales, como el de octubre de 2013, que supuso el primer paso hacia la legalización y regulación de los juegos online. Esta ley, aprobada en la Cámara de Diputados en el 2014, nombraba a la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJyS) de México como las entidades encargadas de regular este tipo de empresas.
Sin embargo, sucesivas reformas no parecen haber avanzado mucho en este sentido. Incluso la más reciente, un decreto a cargo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que entró en vigor el 17 de noviembre de 2023, prohíbe las máquinas tragamonedas y las apuestas en establecimientos físicos.
Este decreto pone nuevos palos en las ruedas de una normativa que, según Miguel Ángel Ochoa, Presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego en México (AIEJA), puede hacer que los trabajadores de los casinos acudan a la industria del juego no regulada debido a la amenaza que perciben en sus puestos de trabajo.
El auge de los casinos online
Pero donde algunos ven un problema, otros ven una oportunidad, y no falta quien considera que estas trabas pueden suponer el primer paso hacia una regulación actualizada que incluya, en detalle, los juegos de azar en línea, demasiado dependientes hoy en día de una regulación creada cuando no existía Internet.
Y es que, a pesar de que desde la reforma de la ley en 2013 se han ido concediendo más licencias de forma gradual, a finales de 2024 solo hay algo más de 35 operadores con licencia de la Segob, a través de la extensión “.mx”, y que operan casi 450 casinos en México. A estos hay que añadir unos 50 operadores internacionales con licencias de otros países.
Estos números se hacen algo escasos para un país pionero en el sector del juego online hispanoamericano, y donde la industria no para de crecer. Sin embargo, debido al relativo “vacío legal” en el que se encuentran los casinos online en el país, más del 60% del juego y las apuestas en línea se producen de forma ilegal.
En estas circunstancias, muchos usuarios recurren a los casinos recomendados por plataformas independientes. Estos casinos online, como los que se pueden encontrar en Casino.mx, son todos legales y regulados, y de esta forma los jugadores pueden estar seguros de que tanto su dinero como su información personal están a salvo.
El futuro del juego online en México
En cualquier caso, y pese a la desestimación de la tan ansiada reforma de la Ley de Juegos y Sorteos, nadie pone en duda que la normativa del sector del juego en México necesita una actualización urgente, especialmente en su modalidad digital. Estamos hablando de un mercado cuyas estimaciones de crecimiento a tres años vista son del 70%, más de 4.000 millones de dólares.
Diversos análisis de la situación, presente y futura, del sector del iGaming estiman que, en 2028, el número de usuarios activos en México podría superar los 31 millones. Y eso sin entrar a valorar el enorme activo que supone la industria del juego en la creación de empleo, con casi 250.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, dependientes del sector.
En definitiva, se trata de un mercado demasiado importante para la economía y el crecimiento laboral de México como para no abordar estas reformas de una ley obsoleta. A pesar de lo manifestado por la presidenta Sheinbaum, la creencia general es que, más pronto que tarde, se optimizará el sistema concesionario de licencias, lo que supondrá una mayor protección para los jugadores mexicanos y un mayor aprovechamiento de la industria del juego en materia fiscal.
