"En Afganistán, 65 trabajadores de periodistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2018"

Sesenta y cinco periodistas, profesionales de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Afganistán entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2021, y 11 perdieron la vida desde el inicio de las negociaciones de paz en septiembre pasado, dijo el lunes la Misión de la ONU en el país.

“Esta tendencia, combinada con la ausencia de reclamos de responsabilidad, ha generado un clima de miedo entre la población”, dijo la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán ( UNAMA ) en un comunicado de prensa , anunciando los hallazgos de su último informe.

La violencia, dijo la Misión, resultó en la contracción de los derechos humanos y el espacio mediático, con muchos profesionales ejerciendo la autocensura en su trabajo, renunciando a sus trabajos y dejando sus hogares, comunidades e incluso el país con la esperanza de que mejore su seguridad.

“Los asesinatos han tenido el impacto más amplio en la sociedad de también disminuir las expectativas en torno a los esfuerzos por la paz”, agregó la UNAMA.

'Patrones cambiantes' de ataques

El informe especial Asesinatos de defensores de derechos humanos y profesionales de los medios de comunicación también documentó "patrones cambiantes" de ataques.

La ola más reciente, la de ataques intencionales, premeditados y deliberados de personas con perpetradores que permanecen en el anonimato, contrasta con años anteriores, dijo la UNAMA. En el pasado, esas muertes se debían principalmente a la proximidad de las personas a los ataques de grupos armados organizados, principalmente el Estado Islámico en la provincia de Levant-Khorasan (ISIL-KP), que implicaban el uso de artefactos explosivos improvisados ​​(IED).

El informe subrayó el papel de todos los actores en la prevención de esos asesinatos e intimidación, promoviendo la rendición de cuentas y previniendo la impunidad. Las investigaciones sobre homicidios deben ser independientes, imparciales, rápidas, exhaustivas, efectivas, creíbles y transparentes, instó, y agregó que el enjuiciamiento de los presuntos autores debe seguir estrictamente las normas del debido proceso y juicios justos.

Medios y activistas vitales para una sociedad abierta

Deborah Lyons, Representante Especial del Secretario General para Afganistán y jefa de la UNAMA, subrayó la importancia de los profesionales de los medios de comunicación y los activistas de derechos humanos.

“Las voces de los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación son fundamentales para cualquier sociedad abierta y decente. En un momento en el que el diálogo y el fin del conflicto a través de conversaciones y acuerdos políticos deben ser el foco, las voces de los derechos humanos y los medios de comunicación deben ser escuchadas más que nunca, en cambio, están siendo silenciadas ”, dijo.

"El pueblo afgano necesita y merece un espacio cívico floreciente, una sociedad en la que la gente pueda pensar, escribir y expresar sus puntos de vista abiertamente, sin miedo", añadió la Sra. Lyons.

Recomendaciones

Entre sus recomendaciones, el informe pidió al Gobierno que establezca un marco preventivo adecuado, que incluya medidas especiales de protección y seguridad proactiva para defensores de derechos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación sujetos a amenazas u otros tipos de intimidación.

Instó a los talibanes a adoptar, publicitar y hacer cumplir políticas que prohíban los asesinatos de defensores de los derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, así como a derogar las políticas existentes y abstenerse de las nuevas que limitan el espacio cívico.

El informe también hizo un llamado a la comunidad internacional para que continúe interactuando con defensores de derechos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en riesgo y aumente el apoyo a los programas que les brindan seguridad, viajes, finanzas, desarrollo de capacidades y otra asistencia.

También pidió a los actores no estatales que detuvieran todos los asesinatos de defensores de los derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, de conformidad con el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.