Gobierno de EU acusa a Rocha, Gámez Mendívil e Inzunza Cázarez, entre otros, de narcotráfico y delitos con armas
El Gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el Senador Enrique Inzunza Cázarez, entre otros, de narcotráfico y delitos con armas.
El anuncio fue presentado por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrance C. Cole.
Estel 29 de abril de 2026, Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron la apertura de una acusación formal en contra del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios gubernamentales y policiales, actuales y anteriores, por delitos de tráfico de narcóticos y relacionados con armas, en el marco de una presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.
Según la acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla, los 10 acusados conspiraron con integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos, a cambio de protección política y sobornos millonarios.
Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, delitos que conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.
Se presume que todos los acusados residen actualmente en México.
Además de Rocha Moya, de 76 años, la acusación comprende a Enrique Inzunza Cázarez, Senador por Sinaloa y ex Secretario General del Gobierno estatal; Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, también ex jefe de dicha corporación ministerial; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, ex comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales.
Según las alegaciones contenidas en la acusación, los imputados mantuvieron vínculos estrechos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, integrada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos del ex líder del Cártel Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, extraditado a los Estados Unidos en enero de 2017.
Los acusados, según el documento judicial, protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa de investigaciones, arrestos y procesos judiciales; filtraron información confidencial de las fuerzas del orden a los narcotraficantes; ordenaron a corporaciones policiales estatales y municipales proteger cargamentos de droga en tránsito hacia los Estados Unidos, y permitieron que integrantes del Cártel ejercieran violencia con impunidad.
A cambio, recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.
La acusación detalla que “Los Chapitos” presuntamente respaldaron la campaña electoral de Rocha Moya a la Gubernatura de Sinaloa en las elecciones de junio de 2021, mediante el robo de boletas electorales, el secuestro e intimidación de candidatos de la oposición y la prohibición a elementos de la Policía Estatal de Sinaloa de acercarse a los recintos electorales durante la jornada.
A cambio, Rocha Moya —quien ocupa el cargo desde el 1 de noviembre de 2021— habría prometido instalar en puestos clave del gobierno estatal a funcionarios afines al Cártel y proteger sus operaciones de narcotráfico.
Como gobernador, según las alegaciones, Rocha Moya permitió que “Los Chapitos” consolidaran un control casi total sobre la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la FGE, la Policía Municipal de Culiacán de Rosales y la propia FGE.
Respecto al esquema de sobornos, la acusación precisa que Castro Zaavedra recibió aproximadamente 11 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” en su calidad de subprocurador general; que Almanza Avilés y su sucesor Contreras Núñez percibieron alrededor de 16 mil dólares mensuales como jefes de la Policía de Investigación de la FGE; que Mérida Sánchez aceptó más de 100 mil dólares mensuales durante 2023 y 2024 como Secretario de Seguridad Pública; que Hipólito recibió aproximadamente 6 mil dólares mensuales en los distintos cargos que ocupó dentro de la Policía Estatal de Sinaloa; que Gámez Mendívil aceptó más de 10 mil dólares mensuales como Alcalde de Culiacán y que Valenzuela Millán recibió alrededor de 41 mil dólares mensuales destinados a él, sus comandantes y más de 40 agentes bajo su mando en la Policía Municipal de Culiacán.
Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por los que le corresponde cadena perpetua obligatoria: secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.
Según la acusación, alrededor del 22 de octubre de 2023, Millán ayudó a “Los Chapitos” a secuestrar a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a un familiar de este, a quienes agentes municipales bajo su mando detuvieron en un automóvil patrulla en Culiacán y entregaron a sicarios del Cártel, quienes los torturaron y mataron en represalia por la información que Meza León había proporcionado a las autoridades estadounidenses sobre las actividades de tráfico de drogas de Iván Guzmán Salazar y sus asociados.
Clayton declaró que sin la complicidad de funcionarios corruptos, el Cártel de Sinaloa no podría operar con la misma libertad, y advirtió que, “sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
Cole, a su vez, calificó al Cártel de Sinaloa como una “organización terrorista designada” y subrayó que los acusados utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del Cártel y facilitar el ingreso de narcóticos a los Estados Unidos, al tiempo que reiteró que “nadie está por encima de la ley”.
La acusación formal es la más reciente de una serie de imputaciones emitidas por el Distrito Sur de Nueva York desde 2023, en las que se ha acusado a más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa, incluidos integrantes de su cúpula directiva.
La investigación estuvo a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, Arizona, con la asistencia del Gobierno de México y de las Fiscalías de los Estados Unidos para los Distritos Norte de Illinois y Sur de California.
Los fiscales federales adjuntos Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles llevan el caso.
Los cargos que figuran en la acusación formal son meras alegaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.
Antecedente
Esta semana el periodista de investigación Steve Fisher, corresponsal de Los Angeles Times, reveló que Estados Unidos revocó en 2025 la visa de Rubén Rocha Moya, dato que hasta entonces no había trascendido públicamente.
Y anterior a ello, el tema de la imagen del Gobernador ante el Gobierno de Estados Unidos tomó fuerza en la discusión pública pues el 23 de abril, durante una visita del embajador Ronald Johnson a Los Mochis, señaló que el T-MEC exige tipificar el soborno y la corrupción como delitos y adelantó que pronto podrían verse “medidas significativas” en la materia.
Lo anterior ocurrió en la inauguración del complejo Pacífico Mexinol, una inversión de alrededor de mil millones de dólares.
Con la revocación de la visa, situación todavía no confirmada por la autoridad mexicana o sinaloense,Rocha Moya se sumaría a una lista que, según el mismo diario, incluiría a legisladores de Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
Este martes 28 de abril, durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la cancelación de la visa del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte del gobierno estadounidense.
“No tengo conocimiento”, respondió.
En épocas recientes existen dos casos de gobernadores señalados por Estados Unidos; sin embargo, ambos ocurrieron cuando ya no estaban en funciones, uno de ellos fue Roberto Sandoval Castañeda que fue gobernador de Nayarit entre 2011 y 2017. En mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por presuntos actos de corrupción y supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que implicó congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones financieras.
En México fue detenido el 6 de junio de 2021 por cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2025 fue procesado nuevamente por presunto lavado de dinero y recibió una sentencia de siete años de prisión en una causa distinta relacionada con falsificación de documentos para apropiarse de un terreno. Actualmente permanece preso y enfrenta otros procesos judiciales abiertos.
El otro caso fue Tomás Yarrington Ruvalcaba, que gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004. En 2013 fue acusado en una corte federal de Estados Unidos por lavado de dinero, fraude bancario y uso de prestanombres para adquirir propiedades con recursos ilícitos. Fue detenido en Italia en abril de 2017, extraditado a Estados Unidos en 2018 y en marzo de 2021 se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero. En marzo de 2023 fue sentenciado a nueve años de prisión. En abril de 2025 fue entregado a autoridades mexicanas, donde enfrenta nuevos procesos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
