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Justicia

Inicia juicio contra García Luna en NY; elegirán a jurado anónimo

La selección final del jurado determinará a los 12 miembros del jurado, que no serán vistos por el público en general y recibirán protección

La Jueza Peggy Kuo, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, presidirá este martes la audiencia en la Sala 8D-Sur para la selección final de los 12 miembros del jurado para el juicio de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Los jurados permanecerán en el anonimato, no serán vistos por el público en general y estarán bajo protección del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service), durante todo el tiempo que tome el juicio, que puede tardar varias semanas.

El 9 de enero, un total de 400 posibles integrantes del jurado completaron cuestionarios anónimos en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde, sin que fuera necesaria la presencia de la Fiscalía ni la defensa de García Luna, encabezada por los abogados César de Castro y Florian Miedel.

Después de que revisaron las respuestas a los cuestionarios, la Fiscalía del Distrito Este neoyorquina y la defensa del ex funcionario entregaron el 13 de enero a la jueza Peggy Kuo, encargada solo de este procedimiento, una lista de jurados que las partes encontraron aceptables, y otra de los que consideraron que debían ser rechazados.

Mientras que a las 09:00 horas de este 17 de enero (tiempo local), los jurados aceptables para ambas partes, y los que solo lo son para una de las partes, deberían comparecer en la Corte del Distrito Este de Nueva York, para ser interrogados personalmente.

Al menos sesiones de 30 jurados por la mañana y 30 por la tarde de ese mismo día, hasta que se llegara a una lista final. Una vez elegido el jurado, iniciarían las audiencias del juicio contra el ex funcionario federal mexicano, que presidirá el Juez Brian M. Cogan.

De esa forma comenzarán los alegatos iniciales de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y la defensa de García Luna, que de ser hallado culpable se enfrentaría a una condena mínima de 10 años de cárcel y a una máxima de cadena perpetua.

García Luna, detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, está acusado de cinco cargos, entre ellos de participar en una empresa criminal continuada, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense, en 2018.

En uno de los cargos de la acusación general, además de García Luna, también están señalados Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, ex altos mandos de la Policía Federal mexicana, que junto a otras personas habrían conspirado de manera intencional para distribuir una sustancia controlada, en este caso cocaína, a Estados Unidos.

Según la Fiscalía neoyorquina, García Luna ayudó al Cártel de Sinaloa y al de los Beltrán Leyva a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un “miembro” más de la conspiración.

Por el cargo de distribución internacional de cocaína se detallarán cinco hechos en los que se relaciona a García Luna con el narcotráfico. La distribución de 5 toneladas de cocaína cerca del 13 de septiembre de 2008, 23 toneladas cerca del 30 de octubre de 2007, 19 toneladas cerca del 18 de marzo de 2007, mil 997 kilos cerca del 28 de enero de 2003, mil 925 kilos cerca del 16 de agosto de 2002 y mil 923 kilos cerca del 24 de mayo de 2002.

El entonces funcionario federal mexicano habría ayudado a los cárteles de los Beltrán Leyva y al de Sinaloa, entonces liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ignorando sus actividades, avisándole de operativos policiales, deteniendo a miembros de grupos rivales y colocando a otros funcionarios corruptos en cargos importantes, a cambio de “millones de dólares”.

La Fiscalía neoyorquina ha dicho que tiene previsto llamar a declarar a “numerosos testigos”, aunque sus identidades no se han dado a conocer. En noviembre de 2022, el Juez Cogan autorizó a los fiscales informar a la defensa de los nombres de los testigos en el último momento, solo con tres días de antelación en el caso de los considerados no sensibles y un día en el caso de los sensibles.

Según la Fiscalía del Distrito Este de NY, identificar a los testigos relevantes podría poner en riesgo su seguridad, por lo que también se garantizará anonimato y protección a los miembros del jurado, según decretó el mismo Cogan, quien destacó “la peligrosidad del acusado demostrada por la gravedad de los crímenes que se le imputan”.

A diferencia de muchos otros acusados, García Luna acudirá al juicio vestido de civil, de traje y corbata, y no con el uniforme de preso que es habitual, según autorizó recientemente el Juez Cogan, en respuesta a una solicitud de la defensa del ex funcionario federal mexicano.

“En el juicio, el gobierno espera que numerosos testigos; incluyendo varios ex altos miembros de alto rango del cártel de Sinaloa testifiquen sobre los sobornos pagados al acusado a cambio de protección [...] Esos pagos permitieron al cártel en algunas ocasiones recibir advertencias sobre esfuerzos de fuerzas de seguridad para aprehender a miembros del cártel y también permitieron a miembros del cártel ser liberados si eran arrestados”, según adelantaron los fiscales neoyorquinos.

Ante ello, Reynaldo “El Rey” Zambada parece configurarse como uno de los principales testigos de la Fiscalía neoyorquina, aunque también abre la posibilidad de que testifiquen ex operadores del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, como Sergio Villarreal Barragán “El Grande” y Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, respectivamente, e incluso el ex policía federal, Iván Reyes Arzate “La Reina”, quien aceptó que recibió sobornos para facilitar el tráfico de cocaína de El Seguimiento 39, un grupo vinculado al Cártel de Sinaloa.


GARCÍA LUNA ‘ROBÓ’ 600 MILLONES DE DÓLARES DEL ERARIO

Según el expediente criminal, citado por el semanario Proceso el 14 de enero, Genaro García Luna recibió millones de dólares del Cártel de Sinaloa, entre el año 2000 y 2019, pero, además, presuntamente “robó” 600 millones de dólares del erario.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó al Juez Cogan que García Luna, después de 2012, tras retirarse del servicio público en el Gobierno federal mexicano, continuó colaborando con el Cártel de Sinaloa y obteniendo dinero proveniente del narcotráfico.

El argumento del grupo de fiscales federales estadounidenses, liderado por Breon Peace, se dio en oposición a la defensa de García Luna, que solicitó a Cogan prohibir como evidencia “la riqueza y los lujos” que su defendido acumuló después de 2012.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP)– reporta que García Luna se robó 250 millones de dólares siendo secretario de Seguridad Pública”, citan los fiscales en la carta entregada a Cogan.

En otro documento sellado, que va como anexo a la misiva, también citado por Proceso, los fiscales entregaron a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, la información detallada respecto de las finanzas del acusado.

En la demanda civil interpuesta en Miami, Florida, inhabilitada por ahora, debido al proceso en Brooklyn, por el gobierno de México contra García Luna y sus socios de una firma de asesoría en materia de seguridad, se indica que el “robo” superaba los 250 millones de dólares.

“A lo largo de su carrera como servidor público en el gobierno federal García Luna robó 600 millones de dólares”, dice la pesquisa. Asimismo, Peace expuso al Juez Cogan, que en su Sala y ante el jurado, le probarán cómo el acusado siguió recibiendo dinero del Cártel de Sinaloa por el tráfico de drogas, de 2012 a 2019.

Por ejemplo, la UIF da cuenta que, cuando García Luna fue titular de la SSP Federal, desde cuentas gubernamentales a su cargo o bajo su supervisión se hicieron transferencias a cuentas bancarias asentadas en instituciones financieras de Panamá, países caribeños e Israel.

Además, documentos de los depósitos y pagos millonarios, que sumarían los 600 millones de dólares saqueados al erario mexicano, serán parte de las evidencias que presuntamente tiene en su poder el Gobierno de Estados Unidos, con la colaboración de la SHCP.

“La evidencia de las actividades después de que dejó el cargo muestra la increíble sofisticación del acusado en su capacidad para mover dinero en efectivo dentro de México y a países de todo el mundo utilizando compañías ficticias, prestanombres, transacciones inmobiliarias, negocios en efectivo, transacciones en el extranjero, cuentas bancarias, miembros de la familia y empleados”, dice el documento de la Fiscalía.

El documento fue presentado luego de que el 9 de enero la defensa de García Luna solicitó bloquear información respecto a la riqueza del acusado a partir del año 2012, argumentando que no sería información relevante para el jurado, ya que según los defensores del ex funcionario federal mexicano, los ingresos del acusado están relacionados con empresas privadas.

“Se debe impedir que el gobierno presente evidencia de las actividades del Sr. García Luna como ciudadano privado después de que se mudó a los Estados Unidos, incluida la evidencia de la riqueza que acumuló o adquirió después de 2012″, refería el documento firmado por la defensa de García Luna.

Para los abogados del ex titular de la SSP Federal, dicha información afectaría el proceso del juicio debido a que invita a la especulación, de que la manera de vivir del acusado sólo fue posible por los sobornos. El documento concluía que el Gobierno de EU sí contaba con información respecto a las fuentes de la riqueza de García Luna.

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