Mexicano se declara culpable por túnel para el CJNG entre Juárez y El Paso
El ciudadano mexicano Luis Carlos Dávalos López, de 29 años, se declaró culpable el 4 de septiembre de 2026, en El Paso, Texas, de conspiración para introducir a migrantes de forma ilegal a Estados Unidos mediante un túnel subterráneo que conectaba Ciudad Juárez, Chihuahua, con territorio estadounidense.
Según documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), Dávalos López conspiró con otras personas para trasladar migrantes por el pasadizo, construido por debajo de la línea fronteriza. El acusado enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y aún no tiene fecha de sentencia, la cual determinará un juez de distrito federal tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.
En enero de 2025, autoridades federales estadounidenses localizaron el túnel entre Ciudad Juárez y El Paso. Llamadas telefónicas intervenidas entre Dávalos López y otras personas revelaron conversaciones respecto al traslado de migrantes por la estructura, e incluyeron referencias a cobros de hasta 30 mil dólares por persona para utilizarla e ingresar a Estados Unidos sin inspección migratoria. En varias de esas comunicaciones, el acusado mencionó de manera específica la existencia del túnel y discutió cuántos migrantes cruzaban por él y el monto que se cobraba.
Dávalos López y sus coacusados fueron formalmente acusados en abril de 2025. El Gobierno de México, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, lo trasladó posteriormente a Estados Unidos.
“Este acusado es de demostró un total desprecio por las leyes de nuestra nación al conspirar para introducir inmigrantes ilegales en Estados Unidos a través de un túnel que conectaba México con Texas”, declaró A. Tysen Duva, titular adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). El funcionario federal añadió que el DOJ envía un mensaje claro a quienes atentan contra la integridad de las fronteras estadounidenses.
Justin R. Simmons, titular de la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas, sostuvo que los acusados en el expediente eran figuras clave de una organización criminal con impacto a ambos lados de la frontera, dedicada al trasiego de drogas y migrantes hacia Estados Unidos y de armas de fuego hacia México.
Coult W. Markovsky, agente especial interino a cargo de la oficina de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en El Paso, atribuyó la construcción del túnel al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Robert Castañeda, agente especial a cargo de la División El Paso de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que la agencia rastreará a los responsables sin importar las tácticas de ocultamiento, los métodos de contrabando o las redes financieras ilícitas empleadas.
Rob Cekada, titular de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), señaló que el enfoque de esa dependencia se concentra en delincuentes violentos y en las redes criminales que amenazan la seguridad pública. John A. Condon, director ejecutivo asociado interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), advirtió que no se tolerará la explotación de personas vulnerables con fines de lucro.
Una coacusada, María del Rosario Navarro Sánchez, de 40 años y de nacionalidad mexicana, se declaró culpable el 27 de agosto de 2026 de conspirar para proporcionar apoyo material al CJNG mediante el tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México, con el propósito expreso de entregarlas a integrantes de esa organización. Otro coacusado, Gustavo Castro Medina, de 29 años y también mexicano, se declaró culpable de servir como intermediario para facilitar la transferencia interestatal y al extranjero de 3 mil dólares por vía electrónica a un agente encubierto, recursos destinados a la compra de armas para su posterior transporte ilegal.
La investigación estuvo a cargo del FBI, la ATF, la DEA y HSI en El Paso, con apoyo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los agregados legales de la ATF en la Ciudad de México y la Unidad de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR-FEMDO) brindaron asistencia sustancial. También participaron la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington D.C. y el Centro Nacional de Selección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El caso fue procesado por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA, por sus siglas en inglés), instancia del DOJ dedicada a combatir el tráfico y contrabando de personas de alto impacto cometido por cárteles y organizaciones criminales transnacionales. Hasta la fecha, el trabajo del JTFA ha derivado en más de 482 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores, más de 433 condenas en Estados Unidos y más de 369 sentencias de prisión, además del decomiso de bienes.
El expediente forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, una alianza intergubernamental orientada a desmantelar cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico de personas que operan dentro y fuera de territorio estadounidense.
