Pareja de capo de Los Cuinis se declara culpable en EU por pagar colegiaturas con dinero del narco
Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, de 45 años y de nacionalidad mexicana, se declaró culpable de violar deliberadamente las sanciones estadounidenses contra el narcotráfico, tras canalizar 504 mil 497.48 dólares en pagos de colegiatura a la institución IMG Academy, en Bradenton, Florida, pese a estar impedida para operar dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
Según documentos judiciales, Amaral Arevalo incurrió en delitos tipificados en la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin, al realizar transacciones y operaciones inmobiliarias con IMG Academy, una escuela preparatoria y centro de entrenamiento deportivo a la que asistía su hijo.
Firmó contratos con esa institución para la inscripción del menor y gestionó el pago de la matrícula.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Amaral Arevalo el 19 de agosto de 2015 por colaborar con las actividades internacionales de narcotráfico de Los Cuinis, organización igualmente sancionada y estrechamente vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación, al que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.
Esa designación le prohibía realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense.
Amaral Arevalo es ex esposa y actual pareja de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, quien fue condenado el 21 de julio de 2023 a cadena perpetua por conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína con el fin de importarla a Estados Unidos.
El 12 de febrero de 2026, la OFAC anunció un acuerdo por 1.72 millones de dólares con IMG Academy por celebrar convenios anuales de colegiatura con Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) sancionados por sus vínculos con un cártel mexicano, así como por recibir y procesar pagos derivados de dichos convenios.
Entre 2019 y 2025, la institución celebró acuerdos anuales con dos individuos incluidos en esa lista y procesó de manera reiterada pagos relacionados con la educación de sus hijos, conducta que la OFAC cuantificó en 89 aparentes violaciones a los programas de sanciones antinarcóticos.
En el primer expediente documentado, uno de los presuntos líderes de un cártel mexicano logró inscribir a su hijo entre 2018 y 2023, periodo en el que el estudiante se graduó del plantel, con una colegiatura anual superior a los 98 mil dólares.
En el segundo caso, otro individuo sancionado consiguió que su hijo estudiara entre 2020 y 2022 mediante el pago de más de 100 mil dólares anuales; el estudiante abandonó el programa en junio de 2022.
La OFAC señaló que en ambos expedientes la academia facturó directamente a los sancionados y mantuvo comunicación frecuente con ellos respecto a obligaciones de pago, devoluciones y créditos aplicados a las cuentas.
La OFAC clasificó el caso como no grave y no auto denunciado, aunque identificó una “desatención temeraria” de las obligaciones en materia de sanciones por la falta de controles para verificar a los pagadores.
Como factores atenuantes consideró que la academia carecía de antecedentes sancionatorios en los cinco años previos y que aplicó medidas correctivas: tras un cambio de propiedad en junio de 2023 contrató a un nuevo director jurídico y desarrolló un programa de cumplimiento basado en riesgos.
“”Wendy Dalaithy Amaral Arevalo violó deliberadamente las sanciones estadounidenses contra el narcotráfico al canalizar más de medio millón de dólares provenientes del narcotráfico como pagos de matrícula a través de la Academia IMG en Bradenton, Florida, a pesar de tener prohibido realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia.
Añadió que esa legislación busca impedir que los narcotraficantes extranjeros, sus negocios y sus operadores utilicen instituciones estadounidenses para recibir o transferir recursos ilícitos.
Terrance C. Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), sostuvo que la acusada “explotó una escuela y un centro de capacitación —un lugar en el que las familias confían para invertir en el futuro de sus hijos— como vehículo para canalizar millones de dólares provenientes del narcotráfico para el CJNG, uno de los cárteles de la droga más violentos y desestabilizadores del hemisferio occidental”.
Agregó que la declaración de culpabilidad expone el alcance de las redes financieras de los cárteles que operan dentro de territorio estadounidense.
La acusada enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. La sentencia se dictará el 2 de diciembre de 2026.
La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles investiga el caso, con el apoyo de la OFAC.
El procesamiento está a cargo de Kaitlin Sahni, jefa de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas, y de los abogados litigantes Lernik Begian, Douglas Meisel y Nicole Lockhart, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, una alianza intergubernamental dedicada a desmantelar cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.
