Productor de fentanilo del Cártel de Sinaloa se declara culpable en EU
El ciudadano mexicano Hernán Geovani Ojeda Elenes, de 48 años y originario de Culiacán, Sinaloa, se declaró culpable este 27 de agosto de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo con destino a Estados Unidos, así como de conspiración para distribuir sustancias químicas catalogadas destinadas a la importación ilegal de un narcótico, según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia.
Según los documentos judiciales, Ojeda Elenes fabricó grandes cantidades de fentanilo que posteriormente importó a Estados Unidos durante varios años.
Los documentos señalan que, de 2019 a 2024, operó junto con su padre y coacusado, Hernán Domingo Ojeda López, y otras personas, una organización de tráfico de drogas con base en el estado de Sinaloa.
El acusado admitió que adquirió volúmenes considerables de precursores químicos del fentanilo, entre ellos 4-Piperidona y N-Fenilpiperidin-4-amina, mediante compras a empresas chinas que envió a su laboratorio en territorio mexicano.
Con esos insumos fabricó el opioide sintético que él y otros introdujeron a Estados Unidos para su distribución y venta.
A lo largo de la conspiración, Ojeda Elenes resultó responsable de la creación y distribución de varias toneladas métricas de fentanilo.
“Ojeda Elenes diseñó el envenenamiento de estadounidenses al fabricar fentanilo en nombre del Cártel de Sinaloa”, declaró Brian Clark, jefe asociado de Operaciones de la Región 5 del Pacífico Suroeste de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Añadió que el acusado obtuvo precursores químicos de China, produjo fentanilo en un laboratorio mexicano y alimentó la adicción de costa a costa.
A. Tysen Duva, titular de la División Criminal en calidad de Fiscal General Adjunto Interino, sostuvo que durante años el sinaloense fabricó e importó cantidades enormes de fentanilo con precursores obtenidos con frecuencia en China, lo que contribuyó a la epidemia de opioides.
“Este caso envía un mensaje claro: sin importar dónde operen, quienes fabriquen y luego trafiquen drogas mortales hacia nuestro país serán perseguidos, procesados y llevados ante la justicia de manera implacable”, afirmó.
Lucia Cabral-DeArmas, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Houston, señaló que los fabricantes de fentanilo como Ojeda Elenes dejan muerte y devastación en comunidades de todo Estados Unidos, y que la dependencia mantiene su compromiso de desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales que importan la droga.
La declaración de culpabilidad fue aceptada por la Jueza de Distrito Ana C. Reyes. No se ha fijado fecha para la sentencia.
Ojeda Elenes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, que el tribunal determinará tras considerar las Directrices Federales de Sentencia y otros factores legales.
La DEA y HSI investigan el caso, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ brindó asistencia significativa para el traslado del acusado de México a Estados Unidos, ocurrido en enero de 2026 conforme a la Ley de Seguridad Nacional mexicana.
El Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de México su colaboración para asegurar la presencia del inculpado en territorio estadounidense con fines de procesamiento.
Los abogados litigantes Erik Cervantes y Kirk Handrich, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal, llevan la acusación.
Esa unidad persigue procesos penales y acciones de recuperación de activos contra facilitadores financieros, lavadores internacionales de dinero y los mandos de control de organizaciones internacionales de tráfico de drogas.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera de Estados Unidos.
El expediente se suma a la línea de traslados de presuntos operadores criminales mexicanos hacia tribunales estadounidenses y refuerza la atención del Gobierno estadounidense respecto a las redes de producción de fentanilo asentadas en Sinaloa y a su cadena de suministro de precursores procedente de China.
