Rusia cita a Embajador de México por retención de menor en el Estado de México
La Cancillería de la Federación Rusa convocó al Embajador de México, Eduardo Villegas Megías, para reiterar su preocupación por la presunta retención ilegal de la joven rusa Kristina Románova, de 17 años, en instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en Toluca, desde 2023.
María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, informó que al diplomático mexicano “se le reiteró la firme preocupación por la inacción de las autoridades mexicanas en la resolución de la situación de una ciudadana rusa menor de edad”, a quien describió como retenida de forma ilegal por los órganos de tutela del Estado mexicano en una institución cerrada especializada.
Kristina llegó a México acompañada de su madre adoptiva, Marina Vladimirovna Romanova Shishparynko, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, ciudadana rusa naturalizada mexicana.
Según reportes, la menor fue retirada de sus clases en el Instituto Educativo España por personal del DIFEM ante la detección de posibles riesgos de violencia familiar y la denuncia de un presunto abuso sexual cometido en diciembre de 2021, cuando la joven tenía 13 años, por parte de Andrey “N”, de 26 años y de nacionalidad rusa, con quien guarda un vínculo familiar.
El caso alcanzó notoriedad nacional el 28 de septiembre de 2024, cuando Kristina fue reportada como desaparecida durante su estancia en el Centro de Asistencia Social “Villa Hogar” del DIFEM.
En ese contexto, su madre acusó a la institución de secuestro y negó la existencia del abuso, señalando que los exámenes ginecológicos realizados a la menor resultaron negativos.
“Le nombro secuestro porque en su momento no nos fue notificado oficialmente”, declaró, al tiempo que responsabilizó a las instituciones involucradas por lo que pudiera ocurrirle a su hija.
Kristina fue localizada posteriormente en Tijuana, Baja California.
El 13 de abril de 2026, Zajárova elevó el tono diplomático al señalar que “las autoridades mexicanas, según se ve desde Moscú, no han comprendido suficientemente lo serio que es la presente situación que podría calificarse de desaparición violenta de una persona”.
La funcionaria citó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, el Convenio Consular bilateral de 1978 y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989 como instrumentos internacionales presuntamente vulnerados por las autoridades mexicanas.
Zajárova también señaló que las solicitudes dirigidas al Congreso General de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no habían recibido respuesta.
Añadió que el acceso consular ruso a la menor fue rechazado por última vez el 10 de abril de 2026, lo que llevó a Moscú a concluir que “las estructuras oficiales mexicanas están involucradas en dichas violaciones”.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México había anunciado previamente el cierre de la carpeta de investigación del caso, decisión que la madre de Kristina calificó de realizada sin una investigación honesta.
La tensión diplomática entre ambos países se mantiene abierta ante la ausencia de una resolución sobre el retorno de la joven a territorio ruso.
