Urge la CIDH a Nicaragua a restablecer la democracia y poner fin a la represión

A seis años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Gobierno a restablecer la democracia, poner fin a la represión en el País y a combatir la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018.

El organismo informó que las protestas sociales de 2018 reflejaron espontáneamente el descontento social acumulado a través de los años frente a procesos institucionales que fueron coartando la expresión ciudadana, cooptando las instituciones públicas y concentrando los poderes públicos en el Ejecutivo.

“La respuesta estatal represiva y violenta, resultó en la muerte de al menos 355 personas, más de 2 mil personas heridas y más de 2 mil personas detenidas arbitrariamente. De acuerdo con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Nicaragua) y otros mecanismos de Naciones Unidas, en el contexto de la represión estatal, Nicaragua llevó a cabo conductas que pueden configurar crímenes de lesa humanidad, tales como asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada”, detalló la CIDH.

Señaló que a partir de entonces, la represión estatal contra las voces disidentes ha persistido bajo diferentes etapas y niveles de intensidad, desencadenando una crisis política, social y de derechos humanos que sigue profundizándose.

Desde 2018, la CIDH ha documentado la continuidad de detenciones arbitrarias, la permanente amenaza de criminalización y un clima de persecución y vigilancia contra la población civil que ha forzado a miles de personas a desplazarse a otros países.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados más de 440 nicaragüenses solicitaron asilo a nivel mundial, entre 2018 y 2023.

“A ello se suma la expulsión de estudiantes de universidades y la eliminación de sus historiales académicos; la detención arbitraria y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso; una política arbitraria para impedir el libre ingreso o salida del país de la población; amenazas y hostigamiento más allá de las fronteras del Estado llegando hasta la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y al destierro, así como el despojo de bienes y pensiones”, señaló.

En el informe “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, la CIDH observó que el paulatino debilitamiento de las instituciones democráticas se consolidó con la reelección de Daniel Ortega en 2021 para un cuarto mandato consecutivo en la Presidencia, bajo un clima de impunidad estructural, fraude electoral y represión, con el fin de perpetuarse en el poder.

“Por ejemplo, mediante la detención arbitraria de todas las personas que expresaron su interés de participar como candidatas y la cancelación de partidos políticos opositores”, puntualizó.

“La concentración del poder ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial, donde el Ejecutivo tiene instalado un régimen de terror, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales”, añadió.

En su último informe, la Comisión documentó la radicalización de la represión estatal para suprimir completamente los derechos y libertades fundamentales que integran el espacio cívico, mediante la continua prohibición de las protestas y manifestaciones, la desarticulación de medios de comunicación, el cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de estudio, y la persecución y criminalización de integrantes la Iglesia católica.

Enfatizó que más de 3 mil 300 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas forzadamente desde 2018.

La CIDH viene denunció la agudización de la represión en contra de personas indígenas y afrodescendientes críticos al gobierno, así como la celebración de elecciones regionales en la Costa Caribe en un grave contexto de ataques armados contra estas comunidades, el despojo de sus territorios y recursos naturales, asedio policial, militarización, detenciones de líderes indígenas, la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente y otros hechos que ponen en riesgo su supervivencia étnica y cultural.

Hizo un llamado a los Estados de la región y a la comunidad internacional para promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua, así como realizar esfuerzos para evitar la impunidad de crímenes internacionales conforme al derecho internacional.

“El fin de la impunidad y el retorno del sistema de la democracia representativa constituye la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos y es el firme sustento de la solidaridad entre los países del continente”, informó.