‘Zarina antidrogas’ de EU advierte que Trump apunta contra funcionarios del ‘clan Culiacán’
La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, confirmó este sábado que la administración del Presidente Donald Trump mantiene como objetivo a los funcionarios mexicanos señalados de proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa, y advirtió que quienes se nieguen a cooperar con Washington serán puestos “en la mira”.
En una entrevista transmitida por el programa American Thought Leaders, con el presentador Jan Jekielek, Carter señaló que la administración republicana está apuntando de forma directa a los integrantes del llamado “clan Culiacán”, denominación con la que describió a la red de funcionarios de Sinaloa que, según Washington, habría protegido a las dos facciones principales del cártel fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán: “Los Chapitos” y “Los Mayos”.
“Ahora mismo estamos apuntando a la gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del gobierno que forman parte del ‘clan Culiacán’, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y a Los Mayos, y a toda la operación de ‘El Chapo’”, declaró.
La también llamada “zarina antidrogas” subrayó que la disposición mexicana a cooperar con EU descansa en la credibilidad del Presidente Trump para cumplir sus amenazas.
“Podemos hacer esto porque el gobierno mexicano, como muchos gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el Presidente Trump cumple su palabra. Si él dijera: ‘Vamos a por ustedes. Si no cooperan con nosotros, los atacaremos y se arrepentirán’. Entonces, ¿quieren cooperar? Sí o no”, planteó Carter.
La funcionaria detalló además que entre las acciones concretas del trabajo conjunto con México se encuentran órdenes de captura y extradiciones de narcotraficantes.
Consideró un hito la operación del 22 de febrero de 2026, que culminó con la muerte del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y destacó el papel de la inteligencia estadounidense en ese operativo encabezado, según señaló, por Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional.
“Cooperaron con nosotros. Les dijimos: ‘Miren, aquí tienen la información, vayan a buscarlo’. Y lo hicieron. Nunca habíamos visto algo así. No de esa manera. No con esa cooperación”, expresó.
Las declaraciones de Carter se producen en el contexto de la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de esa entidad, entre ellos el Senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el general de División retirado, Gerardo Mérida Sánchez.
Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y contemplan penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua en el sistema judicial estadounidense.
Mérida Sánchez fue el primero de los 10 acusados en entregarse voluntariamente a las autoridades de EU, al cruzar desde Hermosillo hacia Arizona el 11 de mayo de 2026.
El endurecimiento del discurso de Washington llega en un momento de tensión bilateral creciente. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 12 de junio que el caso Rocha Moya no figuró en la agenda de la reunión de seguridad celebrada entre autoridades de ambos países en la Ciudad de México, enmarcada en el entendimiento bilateral suscrito hace aproximadamente ocho meses, aunque adelantó que México insistirá en exigir pruebas que sustenten las acusaciones.
La administración de Sheinbaum Pardo ha sostenido que la documentación remitida desde Washington no reúne los estándares exigidos por el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1980.
La postura de Carter refuerza la línea de la administración Trump, que en semanas previas había intensificado su presión a través de múltiples frentes.
El 5 de junio pasado, Derek Maltz, ex director interino de la Administración para el Control de Drogas, exigió públicamente que Omar García Harfuch encabezara la detención y extradición de los funcionarios sinaloenses acusados.
El 11 de junio, el Presidente Trump nominó a Jay Clayton, el fiscal que presentó los cargos contra Rocha Moya y sus colaboradores, como próximo director de Inteligencia Nacional, una designación que coloca al funcionario con mayor conocimiento de los expedientes mexicanos en el puesto de más alto rango dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense.
