Acusa Gerardo Vargas Landeros persecución política y asegura que mantiene vigentes sus derechos políticos

Como una persecución política calificó los procesos judiciales que enfrenta actualmente el aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, de los cuales, afirmó, diversas resoluciones federales han comenzado a favorecerlo, manteniendo intacto sus derechos políticos y electorales para el proceso rumbo a la Gubernatura de Sinaloa del 2027.

Así lo expresó en su visita a Mazatlán, quien señaló que actualmente enfrenta tres procedimientos distintos, aunque aseguró que ninguno representa un impedimento legal para continuar con sus aspiraciones políticas,

“La justicia federal me está favoreciendo en los resultados de las carpetas que de manera ilegal e inmoral me hicieron. Lo que me están haciendo es persecución política, porque si hubiera elementos reales en mi contra, ya me hubieran sentenciado” comentó.

“Mis derechos políticos y constitucionales están plenamente vigentes. Lejos de hacerme menos, me han hecho más grande”, añadió.

Mencionó que uno de los casos corresponde a una acusación por presunto abuso de autoridad, donde sobre este expediente, señaló que la Fiscalía argumentó que se negó a proporcionar información relacionada con diversos procedimientos administrativos durante su administración municipal.

Sin embargo, Vargas Landeros sostuvo que nunca se negó a entregar la documentación solicitada, sino que ésta fue canalizada a través de los funcionarios responsables de cada área.

“Cuando me pedían información sobre contratos o procedimientos administrativos, yo instruía a los funcionarios competentes para que la entregaran. No era información que estuviera bajo mi resguardo directo”, argumentó.

Según explicó, un Tribunal Colegiado resolvió recientemente que no existían elementos suficientes para sostener dicha acusación y ordenó concluir el procedimiento, además de retirar las medidas cautelares que le habían sido impuestas.

Entre esas medidas se encontraba la obligación de acudir periódicamente a firmar ante la autoridad judicial y restricciones para salir del País sin autorización previa del Juez.

Otro de los expedientes está relacionado con el arrendamiento de patrullas durante su administración como Alcalde de Ahome, un caso que derivó en su separación temporal del cargo.

Con respecto a este caso, Vargas Landeros insistió en que los recursos utilizados para cubrir dichos contratos provenían de fondos federales y no estatales, por lo que consideró improcedente la intervención de autoridades estatales en la fiscalización de esos recursos.

En este sentido, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación ya revisó el manejo de esos fondos y determinó que no existían observaciones pendientes, por lo que consideró que el caso carece de sustento jurídico.

“El Gobierno estatal no puso un solo peso para pagar esas patrullas. Fueron recursos federales y la autoridad competente para revisarlos es la Auditoría Superior de la Federación”, dijo.

Con respecto al tercer procedimiento, que tiene que ver con la contratación de una empresa especializada para recuperar recursos federales, externó que, en administraciones anteriores no habían reclamado y que estaban próximos a perderse por prescripción.

De tal forma, que de acuerdo con su versión, gracias a ese mecanismo el Municipio logró recuperar alrededor de 94 millones de pesos.

Vargas Landeros señaló que también en este caso la Auditoría Superior de la Federación emitió observaciones favorables y concluyó que los recursos fueron manejados conforme a la normatividad aplicable.

“Lo que hicimos fue recuperar dinero que le pertenecía al municipio, por lo que no entiendo cómo puede convertirse eso en una acusación. La Auditoría Superior de la Federación determinó que ese asunto está solventado y archivado”, declaró.

El aspirante a la candidatura de Morena sostuvo que las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales federales y organismos fiscalizadores fortalecen su postura de que las investigaciones tienen un trasfondo político.

Incluso afirmó que detrás de los procedimientos existe una estrategia para frenar sus aspiraciones dentro del partido, particularmente ahora que busca convertirse en el coordinador estatal de los trabajos de la Cuarta Transformación en Sinaloa.

Vargas Landeros recordó además que fue separado de su cargo como Presidente Municipal de Ahome mientras se desarrollaban las investigaciones y relató que incluso fue detenido para comparecer ante las autoridades judiciales, situación que calificó como excesiva e injustificada.

A pesar de ello, aseguró que mantiene confianza en las instituciones federales y en el Poder Judicial de la Federación, donde, dijo, ha encontrado resoluciones favorables a sus planteamientos.

“Creo en la justicia y estoy convencido de que al final las cosas se van a aclarar. Los tribunales federales han comenzado a darme la razón y eso demuestra que las acusaciones no estaban sustentadas como se quiso hacer creer”, señaló.

Asimismo, rechazó que su situación jurídica represente un obstáculo para participar en los procesos internos de Morena o para buscar una candidatura en el futuro.

“Mis derechos políticos están plenamente vigentes. No tengo ninguna sentencia, no estoy inhabilitado y no existe impedimento legal para participar. Por eso sigo recorriendo el estado y presentando mi proyecto”, afirmó.

Vargas Landeros sostuvo que lejos de afectar su imagen pública, los procedimientos judiciales han fortalecido su determinación de continuar en la vida política de Sinaloa y buscar una alternativa para enfrentar la crisis de seguridad, gobernabilidad y desarrollo económico que, a su juicio, atraviesa actualmente la entidad.