Cuestiona CIDH al Estado mexicano sobre las buscadoras asesinadas; exponen caso de Rosario, de Elota

WASHINGTON._ Con el contexto de que más de 20 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México y lanzando un mensaje central de que “buscar no debe costar la vida”, familiares y colectivos pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al Estado mexicano medidas de protección y seguridad ante el incremento de amenazas y asesinatos hacia las personas buscadoras.

El pasado miércoles 28 de febrero, la CIDH realizó la audiencia sobre “Protección de mujeres buscadoras”, en donde el mensaje central fue “Buscar no debe costar la vida”.

En esta audiencia se escucharon distintos testimonios, que al final dieron como resultado diversos cuestionamientos por parte de la CIDH hacía el Estado mexicano como qué medidas se están tomando para garantizar la investigación y sanción de los asesinatos a personas buscadoras, la cantidad de condenas a autores materiales e intelectuales de estos delitos, así como el número de organismos o servidores que fungen como autoridades que están siendo investigados por garantizar impunidad.

“La respuesta del Estado mexicano fue nula como siempre, ya sabíamos que no iban a responder de la mejor forma, que no tenían forma de responder algo bueno porque no han hecho nada, pero pues ahi quedaron expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues vamos a esperar más resultados favorables de esta audiencia”, mencionó la líder y fundadora del Colectivo de Rastreadoras Por las Voces Sin Justicia, Alejandra Martínez Carrizalez, de Sinaloa.

En la reunión que se llevó a cabo con la CIDH y el Estado mexicano, en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, también asistieron otros colectivos como Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato, Article 19, Centro Prodh, “Hasta Encontrarte”, Buscando a Pablitos, RIAPD y Ángeles de Pie por Ti de Guanajuato.

Testimonio de un feminicidio

Por las Voces Sin Justicia estuvo presente durante esta audiencia y en su participación Alejandra Martínez se encargó de narrar el caso de Rosario Lilián, quién buscaba a su hijo en La Cruz, Elota, Sinaloa, desde el 2019 y fue asesinada por sus acciones de búsqueda en 2022, así como algunas de las amenazas y delitos de los que en lo personal han sido víctimas.

“Buenos días, mi nombre es Alejandra Martínez, hermana de Ismael Alejandro Martínez Carrizales desaparecido desde el año 2020 y soy integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia en Sinaloa”, se presentó la líder del colectivo de rastreadoras.

“Hablar de los riesgos y los impactos me cuesta porque como familias normalizamos la violencia que vivimos por lo común que se vuelve. Quiero centrarme en el caso de Rosario Lilian, nuestra compañera quien buscaba a su hijo en la Cruz, Sinaloa, desde el año 2019. Y quien fue asesinada por el hecho de buscar en 2022”, expusó.

“Rosario organizó una misa por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición y saliendo de misa a las 9:00 de la noche un grupo de personas del crimen organizado se la llevó y fue localizada tirada en un camino a las 12:00 am. Su cuerpo fue envuelto en la lona que llevaba la foto de su hijo, la mataron a golpes y le pasaron con una camioneta por encima”.

“La fiscal de Sinaloa tenía conocimiento de todo esto y nos dijo que había personas detenidas. Ese mismo día un periodista a través de una llamada con la fiscal corroboró que no había nadie detenido y la fiscal negó habernos dicho eso”.

“Las amenazas habían sido muchas. Meses antes, le rociaron su casa con gasolina y prendieron fuego mientras ella se encontraba adentro, se dio cuenta y apagó el fuego. Tiempo después las mismas personas del crimen organizado que ella identificaba le robaron su camioneta”, evidenció en su participación ante la CIDH.

“Ella no denunció los hechos, pero sí los hizo saber a la titular de la subsecretaría de derechos humanos en Sinaloa y a nosotros como familiares. No hizo denuncias porque sabía que la propia fiscalía podía estar involucrada”.

“En una búsqueda un mes antes de ser asesinada llegó una patrulla de la policía municipal, con elementos y una persona vestida de civil, con señas le habló a Rosario y le dijo ¿qué chingados quieres? y le advirtió que dejara de buscar”.“

A Rosario el crimen organizado también le llamaba por teléfono, nunca supo de dónde tenían su número, pero les repetía que ella solo quería saber dónde estaba su hijo. Se reunió con ellos para implorarles que le dijeran dónde estaba. Rosario buscaba todo el tiempo, pero sobre todo por las noches porque de día trabajaba en el campo en el corte de chile”.

“Nosotras íbamos a apoyarla. Ella localizaba lugares donde posiblemente había cuerpos, a veces no podía esperarnos y escarbaba la tierra sola. Nos mandaba fotos y nos preguntaba ‘¿Estos serán restos humanos?’”.

“En una ocasión cuando fuimos a una búsqueda en “La Cruz”, Sinaloa, la seguridad que nos acompañaba nos dejó solas porque hubo un enfrentamiento. Siempre que realizamos búsquedas nos siguen halcones, personas en motocicletas del crimen organizado, que se encargan de vigilarnos desde el punto donde nos reunimos hasta que finaliza la jornada de búsqueda. Solo en dos ocasiones la seguridad que nos acompaña ha detenido a estas personas para interrogarlas; las demás veces solo los ignoran como si no nos siguieran”, lamentó.

“Cuando como colectivo sabemos de algún lugar donde dejaron restos o cuerpos, solicitamos una búsqueda. Si pedimos que nos acompañe solo policía estatal tardan tres días en darnos la búsqueda, si queremos más seguridad como fuerzas armadas federales, tenemos que esperar 5 días”.

“Si nos esperamos, lo que puede pasar y ya ha pasado es que los vuelven a desaparecer. Se llevan el cuerpo o los restos”.

“Cuando localizamos restos tenemos que dar aviso al 911 y siempre tenemos que esperar más de una hora para que lleguen peritos y seguridad. Nosotras nos quedamos resguardando los restos, supervisamos que se lleven cada uno de los huesos porque en muchas ocasiones los peritos de fiscalía dejan restos”.

“Otra de las situaciones de riesgo, que nos pasa a muchas de nosotras, y por la que actualmente pasamos es que mi familia fue extorsionada por agentes de fiscalía que usaron los datos que les dimos al hacer la denuncia para escribirnos diciendo que tenían a mi hermano. El día de hoy están en proceso por esto. El personal de fiscalía nos revictimiza, se burla de nosotras y nos arremeda”.

“En este momento hablo de situaciones de SINALOA pero lo que les cuento de nuestro colectivo y del asesinato de Rosario Lilián es algo que vivimos las buscadoras en TODO el país. Nos siguen, nos amenazan, nos amedrentan, nos criminalizan y revictimizan, pero seguimos buscando”, concluyó.

Las peticiones

Al final, los familiares y activistas enumeraron sus peticiones a la CIDH.

En la voz de María de Vecchi, oficial de Verdad y Memoria de Artículo 19, pidió Qué urja al Estado mexicano a reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y que sus riesgos están asociados a sus actividades de búsqueda, además de requerir que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas informe cuántas personas buscadoras han solicitado medidas de protección, cuántas han sido otorgadas y cuántas rechazadas, así como qué medidas se les han otorgado.

Que exhorte al Estado para que ese mecanismo defina esquemas de protección colectiva para las búsquedas independientes reconociendo su diversidad, que se lleve a cabo una urgente visita de la CIDH a México con especial atención al tema de desapariciones y protección de personas buscadoras, y que se incluya la información presentada durante la audiencia en el informe temático “Desapariciones en México” que prepara la CIDH.

También solicitaron que la relatoría de personas defensoras y la unidad a cargo de medidas cautelares de la CIDH revise las peticiones individuales y medidas presentadas sobre el tema, especialmente las de Franciso Javier Espinoza Almanza, Ismael Alejandro Martínez Carrizales y Guadalupe Alejandra Aguilar Jaúregui, y que solicite información al Estado respecto a la respuesta que han dado las comisiones locales y la nacional a las peticiones de familiares de realizar búsquedas en puntos ubicados por colectivos.