Exige abogada cumplimiento de sentencia de amparo de restitución de tierras a comuneros de la Presa Picachos

Que haga su trabajo y se haga cumplir el fallo donde se ordena la restitución de 200 hectáreas de terreno a 6 comuneros de la Presa Picachos y sus familias o el Gobierno del Estado pague los daños y perjuicios que de hace 20 años a la fecha ascienden a más de mil millones de pesos, exigió la abogada Alma Angélica Barraza Gómez al Juzgado Décimo de Distrito, en este puerto.

“Le exijo, enderezar el presente Incidente de Ejecución de Sentencia, Ordenar al Perito Valuador Integrar al Avalúo el Pago de los Perjuicios Ocasionados y a lo largo de 20 años, mismo pago que es procedente en los términos tanto del Recurso de Revisión 575/2022 y el Incidente de Inejecución de Sentencia 1/2024”, añadió la también defensora de derechos humanos, Barraza Gómez.

En entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este martes, momentos antes de entregar por escrito dicha solicitud ante el Juzgado en mención, manifestó que cuando los funcionarios públicos correspondientes se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial, a hacer su trabajo incurren en los delitos de abuso de autoridad, cohecho, coalición entre servidores públicos y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función.

Entre otros puntos, dijo que ante el incumplimiento de la sentencia de restitución de 200 hectáreas de terreno a sus 6 representados y sus familias, el Gobierno del Estado tiene que pagar los más de mil millones de pesos en mención en daños y perjuicios y en este caso ya solicitó el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas y este caso ya está en la Oficina de Representación del Alto Comisionado de la ONU en México.

“A como están ellos lo que quieren provocar y lo que quieren hacer es traernos como pelota de ping pong rebotando de aquí al Tribunal (Colegiado), del Tribunal para acá (al Juzgado Décimo de Distrito), porque por ejemplo con esta negativa donde yo le solicito ya en reposición de sentencia, (pero se da) la evasión del pago”, añadió la abogada.

Precisó que la responsabilidad de evasión del pago se da por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, si bien la Presidenta de la República le quitó las sanciones en la Ley de Amparo a los servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones, sin embargo, en el artículo 107 de la Constitución Federal está contemplada todavía la destitución e inhabilitación de los funcionarios públicos si se niegan a dar cumplimiento a la ejecutoria.

“Pero obviamente ya no sería Rubén Rocha Moya el que se destituya y se inhabilite, sería la señora Yeraldine Bonilla, flamante Gobernadora interina que tenemos en Sinaloa y ahorita lo que voy a decirle al Juez es que si él sigue con esa conducta, con esa omisión, con esa parcialidad, con esa oscuridad para rechazar y desechar todas las promociones que yo hago, de manera burda, de manera absurda, de manera torpe, porque no hay justificación legal para ello, si él continúa así me voy a ver en la imperiosa necesidad de presentar las denuncias correspondientes en contra de usted por los delitos que arriba le menciono”, añadió.

“En cuanto regrese a México lo primero que voy a hacer es buscar a los senadores de la bancada del PRI y del PAN para que me acompañen a la Fiscalía General de la República, ya ve que la Presidenta dice que no hay pruebas en contra de Enrique Inzunza Cázarez (ex secretario general de Gobierno de Sinaloa) para presentar la denuncia correspondiente”.

Entre otros puntos, dio a conocer que para no pagarles, el Gobierno estatal de Rocha Moya utilizó a grupos delictivos que operan en la sierra de Concordia para presionar a los comuneros de las Iguanas y Casas Viejas aceptaran el pago de 1.80 pesos el metro de terreno y quienes no aceptaron se tuvieron que desplazar de sus comunidades.

También recordó que en el 2023 fue citada por el subsecretario general de Gobierno del Estado de Sinaloa, Rodolfo Jiménez, para acudir a una comida en la que también estaba el en ese entonces secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Enrique Díaz Vega, ahora detenido en Estados Unidos acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa al llevar las finanzas públicas y de una facción de dicho grupo delictivo.

“Las finanzas que llevaron al triunfo a la Presidenta Claudia Sheinbaum él fue el que manejó esas finanzas, esos recursos que se le hicieron llegar a través del Cártel de Sinaloa”, continuó Barraza Sánchez.

“Pasó que en esa reunión, en esa comida que tuvimos, ...ellos me llamaron para ofrecerme 15 millones de pesos a cambio de abandonar a mis representados, obviamente yo no acepté, dije: espérate, yo tengo muchísimos años defendiéndolos, me he gastado más de esa cantidad simplemente en mantenerme viva, defenderme, en todo lo que me han hecho yo me he gastado más de esa cantidad, por tanto me parece injusto que tú me quieras pagar 15 millones de pesos para no pagar a mis representados, lo cual sería en suma una traición, deshonestidad de mi parte, falta de ética, no me interesa”.

Precisó que no aceptó ese ofrecimiento y se retiró del lugar porque no va a traicionar a la gente por la que ha arriesgado tantas veces su vida y menos por una cantidad ínfima.

“Le dije: páguenos aunque sea lo que está en el avalúo y yo acepto y aquí terminamos, pague lo que está en el avalúo, págueles con justicia, con respeto a mis representados aunque sea aquí en esta etapa, págueselos y aquí terminamos, hasta ese momento estaba el avalúo en más de 300 millones de pesos, dijeron que yo estaba loca, pero yo no estoy loca, son 20 años, ellos le apostaron a eso y ellos van a tener que pagar con eso”, recalcó Barraza Sánchez, entre otros puntos al dar a conocer su exigencia.