Inseguridad y desaceleración económica evidencian crisis de gobernabilidad en Mazatlán: Hernández Norzagaray

MAZATLÁN._ La inseguridad y la desaceleración económica que enfrenta Mazatlán son problemáticas que forman parte de una crisis de gobernabilidad que impacta directamente la vida cotidiana y el desarrollo del puerto, advirtió el académico Ernesto Hernández Norzagaray, durante el conversatorio “El Futuro de Mazatlán: ¿Hacia dónde y cómo?”.

En su intervención con la charla “Economía y Seguridad”, en el espacio de diálogo organizado por Conservatorio Ciudadano de Sinaloa, expresó que la incapacidad del Estado para garantizar de forma simultánea seguridad, actividad económica y confianza social, ha generado un entorno donde la violencia deja de ser un fenómeno externo y se integra al funcionamiento real de la economía.

Advirtió que, en dicho contexto, el crimen organizado no solamente disputa territorios, sino además busca apropiarse de mercados completos, influyendo en giros comerciales, actividades nocturnas, transporte, turismo y construcción.

“La crisis no es únicamente de violencia ni exclusivamente económica. Es una crisis de gobernabilidad, entendida como la incapacidad del Estado para garantizar simultáneamente seguridad, actividad económica y confianza social. Cuando estos tres pilares fallan al mismo tiempo, lo que emerge no es solo miedo, sino un reordenamiento del poder en la vida cotidiana”, dijo.

“Hoy la seguridad es un factor económico estructural y la economía, a su vez, se ha convertido en un territorio de disputa entre el Estado y el crimen organizado”.

El especialista en ciencias políticas y sociología señaló que Mazatlán refleja con claridad esta dinámica, ya que la percepción de inseguridad provoca efectos inmediatos en la actividad turística, como cancelaciones, reducción del consumo y freno a nuevas inversiones.

Asimismo, comentó que en una economía altamente dependiente de los servicios y de su reputación, el miedo se traduce en costos ocultos que terminan afectando a empresarios, trabajadores y en la ciudadanía.

“Mazatlán es un ejemplo claro, donde basta observar cómo la percepción de inseguridad, más que los delitos mismos, provoca caídas inmediatas en el turismo donde, en una economía tan dependiente de servicios, confianza y reputación, el miedo funciona como un impuesto invisible y cuando el Estado no regula, otros actores lo hacen”, comentó.

Hernández Norzagaray describió dicho escenario como una gobernabilidad frágil, caracterizada por la adaptación social al desorden y no por el colapso total, donde comercios reducen horarios, empresarios evitan la expansión, jóvenes que encuentran en la ilegalidad una alternativa viable y autoridades que reaccionan más de lo que previenen, forman parte de este proceso el cual erosiona de manera paulatina la autoridad del Estado.

“Más inseguridad genera menos inversión; menos inversión produce menos empleo; menos empleo fortalece economías criminales. Es un círculo vicioso que erosiona lentamente la autoridad del Estado”, declaró.

El también académico considera que el daño más profundo ha sido la pérdida de confianza, un elemento indispensable para atraer inversión, generar empleo y fortalecer la cohesión social.

“La violencia ya nos costó, conservadoramente, 59 mil millones de pesos, pero podría haber alcanzado 122 mil millones, pero el daño más grave es intangible, ese es la pérdida de confianza”, expresó.

Como parte de las alternativas, Hernández Norzagaray planteó la necesidad de fortalecer la coordinación a través de un enfoque de seguridad económica que permita proteger corredores estratégicos y utilizar inteligencia preventiva para reducir eventos de alto impacto que afecten la imagen del estado.

Asimismo, mencionó que el Gobierno de Mazatlán debe de contar con protocolos permanentes de seguridad turística y estratégicas de recuperación del espacio público como eje para reactivar la economía social.

“La seguridad no puede seguir basándose solo en patrullaje; se requiere inteligencia preventiva. Es necesario definir territorios prioritarios por riesgo e impacto económico y blindar los corredores estratégicos”, comentó.

“Mazatlán necesita un protocolo municipal de seguridad turística permanente, pues si no ganamos lo público, esto queda en manos de quienes están interesados en controlarlo”.