Jubilados de la UAS acuden al Poder Judicial para exigir resolución de amparos contra descuentos por reingeniería financiera

En buscar de mantener la lucha por sus derechos, integrantes del Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la UAS, acudieron este viernes a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Mazatlán, en Olas Altas, para solicitar una audiencia con los presidentes de los Tribunales Colegiados en materia laboral y administrativa.

Los jubilados se manifestaron con lonas y pancartas en busca de ser escuchados, mientras recordaron que su propósito era exigir mayor velocidad en la resolución de los recursos de amparo promovidos contra los descuentos derivados de la denominada “Reingeniería financiera” implementada por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El asesor jurídico de los jubilados de la UAS en la zona sur, Víctor Colado Alanís, explicó que la principal demanda es que los magistrados agilicen la resolución de alrededor de 140 recursos de queja y 30 recursos de revisión que permanecen pendientes, además de otros 164 amparos con suspensión definitiva interpuestos por trabajadores retirados.

“En este momento venimos a tratar de tener una audiencia con los presidentes de los Tribunales Colegiados en materia laboral y administrativo. La finalidad es tratar de pedirles que den mayor celeridad a la resolución de los recursos de quejas presentados por todos los trabajadores y los recursos de revisión que están pendientes de resolverse”, expresó Colado Alanís.

“Queremos externar nuestra preocupación de los diversos criterios que están asumiendo los Jueces de Distrito a nivel de Estado, tanto en Mochis, Culiacán y en esta ciudad, para que unifiquen los criterios y los amparos puedan salir de manera positiva a favor de todos”.

Sostuvo que los descuentos aplicados a las pensiones, primas vacacionales y aguinaldos no corresponden a una relación laboral vigente, pues afirmó que ésta concluyó al momento de otorgarse la jubilación dinámica; por lo que consideran que las medidas tomadas por la Universidad son actos de autoridad de carácter administrativos, los cuales pueden combatidos mediante juicio de amparo.

“Nosotros queremos que se haga un análisis más específico, que se analice concretamente en qué consisten los descuentos... porque para nosotros no son actos laborales, son actos de autoridad”, argumentó.

Añadió que, desde que la Universidad anunció el proyecto de reingeniería financiera entre octubre y noviembre del año pasado, los jubilados solicitaron participar en mesas de diálogo para conocer y aportar propuestas; sin embargo, nunca fueron convocados ni tomados en cuenta en la encuesta.

Rubén Darío Rivera Montoya, integrante de la Coordinadora del Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la UAS, aseguró que los acercamientos sostenidos con autoridades universitarias no han generado resultados favorables, ya que incluso presentaron solicitudes para conocer el contenido del proyecto de la reingeniería.

“Nos dijeron que los descuentos se estaban aplicando con base en las modificaciones al contrato colectivo del 2025, pero ese contrato no nos rige. Nosotros nos jubilamos hace muchos años y nuestras prestaciones están protegidas por el contrato colectivo del 2002”, señaló Rivera Montoya.

Comentó que la mayoría de los afectados son adultos mayores que enfrentan problemas de salud y dependen de sus pensiones para cubrir gastos médicos y de medicamentos, por lo que consideró que las reducciones representan una vulneración a sus derechos.

“Somos adultos mayores, la mayoría con muchas enfermedades. Así que es importante destacar que se están vulnerando los derechos de un grupo de personas que debe ser protegido, no atacado”.

Explicó que los descuentos comenzaron a aplicarse desde el pasado 15 de enero y varían entre el 5 y el 20 por ciento, dependiendo del monto de la pensión de cada jubilado, por lo que durante varios meses han recibido ingresos incompletos.

Actualmente, el Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la UAS está integrado por aproximadamente 350 jubilados, quienes aseguraron que continuarán recurriendo a las instancias legales para defender las prestaciones que, afirman, obtuvieron tras años de servicio en la Universidad.