La Ley no establece que tenga que dejar de litigar, responde Sergio Avendaño sobre posible conflicto de interés en el CPC

La ley no establece que tenga que dejar de litigar, defendió Sergio Avendaño, quien será el nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, luego de las críticas que recibió de Feliciano Castro y Rubén Rocha Moya por defender a Rosendo Camacho Luque, acusado de peculado.

El ex delegado federal lleva un proceso en su contra, y tanto el Gobernador del Estado como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se han manifestado debido a que ven conflicto de interés de Sergio Avendaño por ocupar la presidencia del CPC, así como defender a un ex funcionario por actos de corrupción.

Ante ello Avendaño, quien tomaría las riendas del CPC el próximo 4 de julio, dijo respetar la opinión del Gobernador, pero no está de acuerdo en su análisis, dado que en la convocatoria nunca se especificó que debía dejar de litigar para ocupar ese puesto.

“No es una opinión cualquiera, porque es la opinión del Gobernador, obviamente, y yo la tengo qué respetar y la respeto, por la institución que él representa y la persona que es también, respeto esa opinión, pero no la comparto, porque tengo que ser muy claro para establecer que no hay ningún conflicto de intereses”, mencionó.

“Yo soy un ciudadano del sector privado, yo no soy un ciudadano del sector público, no soy un trabajador de Gobierno, yo soy un ciudadano que pertenezco al sector privado y que me desempeño y me he desempeñado siempre en el ejercicio de la profesión de la abogacía”, añadió.

“Cuando yo presenté mi aspiración al CPC, la sustenté en esa experiencia y perfil profesional que tengo, y es pública mi hoja de vida y el currículum que presenté, yo me describí como un abogado focalizado en las áreas del derecho administrativo sancionador y del derecho penal acusatorio y que ahí estaba básicamente la mayoría de mi desempeño profesional”, profundizó.

El abogado recalcó que en ningún momento se le planteó que debía renunciar a su trabajo, y que ello pudiera ser contraproducente para el mismo sistema anticorrupción.

“De ninguna manera, ni en la Ley ni en la protesta que hice se establece que yo tenga que dejar mi ejercicio profesional, al contrario, si yo dejo mi ejercicio profesional, o cualquier integrante deja su ejercicio profesional y durante los cinco años va a depender exclusivamente del honorario que le pague el Gobierno del Estado, prácticamente va a ser un servidor público”, precisó.