‘María’ huyó de Sinaloa tras ser privada de la libertad; tres años después, la Fiscalía seguía sin investigar su caso
Hace casi tres años de haber sobrevivido a una privación ilegal de la libertad, “María”, nombre ficticio, tuvo que abandonar Sinaloa por temor a ser atacada nuevamente, denunció amenazas constantes y pidió protección para regresar a ampliar su declaración, pero nunca llegó la ayuda.
Ahora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos concluyó que la Fiscalía General del Estado incurrió en omisiones y retrasos injustificados que dejaron prácticamente paralizada la investigación.
De acuerdo con la Recomendación 12/2026, “María” denunció haber sido privada ilegalmente de la libertad en febrero de 2023. Tras presentar la denuncia ante la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General del Estado, abandonó la ciudad por razones de seguridad, dejando un número telefónico y un correo electrónico para mantenerse en contacto con las autoridades. Sin embargo, aseguró que nadie volvió a comunicarse con ella.
Con el paso de los meses comenzó a recordar nuevos detalles que podían fortalecer la investigación e intentó ampliar su declaración. La agente del Ministerio Público le dijo que el investigador tenía poca información sobre el caso y le proporcionó un número telefónico para contactarlo, pero nunca obtuvo respuesta. Más tarde viajó a Culiacán para revisar personalmente el expediente y solicitó medidas de protección, las cuales tampoco recibió.
Ante la CEDH, la mujer relató que seguía siendo víctima de amenazas por parte de una de las personas que presuntamente participaron en el secuestro. También explicó que tenía miedo de regresar a Sinaloa, pero aun así aceptó acudir para ampliar su denuncia bajo la promesa de que recibiría protección desde su llegada al aeropuerto. Esa protección nunca llegó y tampoco pudo contactar a la agente del Ministerio Público responsable del caso.
La investigación de la Comisión encontró que la carpeta permaneció prácticamente inmóvil durante largos periodos. Primero estuvo cerca de dos años sin actos relevantes de investigación y posteriormente volvió a registrar alrededor de diez meses de inactividad, pese a que la víctima aportó información sobre posibles responsables y continuó denunciando amenazas.
La CEDH también advirtió que las autoridades ministeriales ignoraron la solicitud de protección formulada por la víctima, aun cuando esta manifestó que permanecía fuera de la ciudad precisamente por temor a sufrir una nueva agresión y porque los presuntos responsables conocían su identidad.
En su análisis, el organismo concluyó que los agentes del Ministerio Público responsables de la carpeta omitieron realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, lo que provocó una dilación injustificada en la investigación y vulneró el derecho de “María” al acceso a la justicia.
Señaló que la obligación del Ministerio Público no puede limitarse a recibir una denuncia, sino que debe investigar de manera seria, efectiva y oportuna.
Por ello, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 12/2026 dirigida a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, acreditando violaciones al derecho humano de acceso a la justicia en la modalidad de procuración de justicia, derivadas de la dilación en la integración de la carpeta de investigación.
